jueves, 22 de octubre de 2020

Apruebo o rechazo : el dilema de los chilenos

 Apruebo o rechazo: el dilema de los chilenos que votan si cambian la Constitución de Pinochet (y qué sigue después)

  • Paula Molina
  • Santiago de Chile, especial para BBC News Mundo


La palabra "plebiscito" tiene fuerza en Chile: en 1988, fue un referéndum el que selló la salida del general Augusto Pinochet del poder que había tomado por las armas en septiembre de 1973.

Este 25 de octubre del 2020, un nuevo plebiscito decidirá si la Constitución de 1980, redactada y aprobada bajo el régimen militar del mismo Pinochet, sigue o no siendo la Carta Magna de la nación sudamericana.

Será la primera vez en la historia de Chile que se pregunte a la ciudadanía si quiere o no una nueva Constitución.

Casi 15 millones de personas están habilitadas para responder "apruebo", dando luz verde al proceso constituyente o "rechazo", dejando la institucionalidad tal cual está.

El plebiscito -inicialmente programado para el 26 de abril, pero postergado por la pandemia de coronavirus- es el resultado de un amplio acuerdo firmado en el Congreso la tensa madrugada del 15 de noviembre, en medio de una serie de protestas y manifestaciones pacíficas, pero también reiterados desórdenes públicos que siguieron al estallido social del 18 de octubre.


Ese día, 20 estaciones del tren subterráneas fueron dañadas o incendiadas -sin que se haya identificado aún a los autores- y se generó una ola de protestas a las que el gobierno respondió con un decreto de estado de emergencia y toque de queda.

Miles de personas siguieron saliendo a las calles en distintas ciudades bajo consignas como "Chile despertó" o "Hasta que la dignidad se haga costumbre", dando cuenta de una honda fractura política y social en una de las democracias más estables de Sudamérica desde 1990.

Qué más se vota

El plebiscito se responderá en dos papeletas.

"¿Quiere usted una Nueva Constitución?", preguntará la primera cédula. Las opciones serán "apruebo" o "rechazo".

Independiente de si votan "apruebo" o "rechazo", los y las votantes deberán elegir qué tipo de órgano debería hacerse cargo de una nueva ley fundamental para el país.

Las tres Constituciones que han regido en Chile a partir de 1833 han sido diseñadas por comisiones: de ganar el "apruebo", se tratará de la primera vez en casi dos siglos que el país encomienda esta tarea a un grupo colegiado elegido por votación popular.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.
GETTY IMAGES

Pie de foto,

La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

"¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?", se leerá en la segunda papeleta. Las opciones son: "convención mixta constitucional (integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio)" o "convención constitucional (integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente)".

La alternativa de la "convención constitucional" será además, paritaria. De ganar, sería un caso único en el mundo en el que hombres y mujeres repartidos equitativamente, diseñarán una Constitución.

De ganar el "apruebo" y la "convención mixta", el Congreso Nacional elegirá en forma interna 86 personas en el Parlamento para redactar la nueva ley fundamental de la nación. Otros 86 cupos se dividirán en forma paritaria en una elección directa.

De ganar el "apruebo" y "convención constitucional", no participarán representantes del Congreso y se escogerán 155 representantes, mitad hombres y mujeres, a través de elección directa. De ganar esta alternativa, se trataría del primer órgano paritario que redactaría una Constitución en el mundo.

Mujeres hacen campaña por el "apruebo" a una nueva Carta Magna.
GETTY IMAGES

Pie de foto,

De ganar, sería un caso único en el mundo en el que hombres y mujeres repartidos equitativamente, diseñarán una Constitución.

En ambos casos, se contempla una cuota de escaños reservados a pueblos indígenas, aunque el Congreso aún no define cuántos ni cómo se elegirán.

Plebiscito de entrada y de salida

El referéndum del 25 de octubre funcionará como "plebiscito de entrada" al proceso constituyente.

De triunfar la opción "rechazo", el proceso se dará por terminado y la reformada Constitución de 1980 seguirá vigente.

De ganar la opción "apruebo", el país volverá a las urnas el 11 de abril de 2021, para elegir a quienes integrarán ya sea la convención mixta o la constituyente, según el resultado del plebiscito.

En cualquiera de sus dos formas, la convención que redacte el texto fundamental se constituirá en mayo de 2021.

Sólo las normas aprobadas por 2/3 de sus integrantes se incluirán en la nueva Carta Magna. Si no hay acuerdo en una materia, ella se regirá por una ley regular. La discusión se hará sin un anteproyecto. Por eso se habla, para bien y para mal, de un trabajo a realizar sobre una "hoja en blanco" y que sólo incluirá aquello que tenga un 67% de apoyo en la convención.

El texto final que redacten se enfrentará a un "plebiscito de salida" o ratificatorio, con voto obligatorio, que se realizará 60 días después de su elaboración, durante el segundo semestre del 2022.

Sebastián Piñera, presidente de Chile.
GETTY IMAGES

Pie de foto,

La convocatoria a un nuevo proceso constituyente fue aprobada por el Gobierno de Piñera en noviembre de 2019.

"Todo está súper regulado. Es un proceso que no tiene vacíos. Surgirán problemas imprevistos en el camino, pero hay mucha certeza, mucho más que en otros procesos constituyentes: todo está muy detallado", asegura a BBC Mundo la politóloga de la Universidad de Chile Claudia Heiss autora del libro "Por qué necesitamos una nueva Constitución".

Si es aprobada en el referéndum final, la nueva Ley fundamental entrará en vigencia de inmediato derogando automáticamente la anterior.

De ser rechazada, la Constitución de 1980, reformada decenas de veces bajo los gobiernos democráticos y redactada hace más de tres décadas bajo un régimen militar, seguirá rigiendo los destinos de Chile y su modificación dependerá de la iniciativa presidencial, los llamados "súper quórum" de hasta 66% del Parlamento, y el firme control del Tribunal Constitucional vigente.

Argumentos a favor y en contra

La campaña electoral por el referéndum se ha vivido en Chile desde el 26 de agosto.

Una franja electoral televisiva gratuita expone los argumentos de cada opción. El gobierno de Piñera se declara prescindente, y cuenta en su gabinete con figuras que se han expresado tanto a favor del "apruebo" como del "rechazo".

Quienes favorecen el "rechazo" argumentan, entre otros planteamientos, que el país no necesita dar "un salto al vacío" cambiando la Constitución bajo la cual Chile logró estabilidad y el crecimiento económico.

Gente caminando en una calle de Santiago
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Pie de foto,

Las personas contagiadas con covid-19 no podrán participar en el proceso.

Quienes apoyan el "apruebo" aseguran que el desarrollo de Chile ha generado persistentes niveles de desigualdad, y que la actual Constitución de 1980 impide cualquier cambio sustancial al sistema diseñado bajo el régimen militar, que favorece la provisión privada y segmentada por ingresos de bienes sociales como la salud, la educación y las pensiones.

Entre los principales partidos de gobierno, la UDI -fundada por uno de los redactores de la actual Constitución, Jaime Guzmán- apoya el "rechazo", mientras que en Renovación Nacional, el partido de Piñera, hay apoyos para ambas opciones; tanto "apruebo" como "rechazo".

Manifestantes a favor del rechazo a la nueva Constitución
GETTY IMAGES

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De ser rechazada, la Constitución de 1980, reformada decenas de veces bajo los gobiernos democráticos y redactada hace más de tres décadas bajo un régimen militar, seguirá rigiendo los destinos de Chile.

Protocolo covid

En medio de la pandemia del covid-19, el Servicio Electoral diseñó un protocolo sanitario especial para el referéndum, que incluye un horario especial preferencial para mayores de 60 años y el uso de cámaras sin cortinas para marcar el voto. El uso de mascarilla es obligatorio y se recomienda llevar un lápiz azul pasta para votar.

Aunque el voto es voluntario en Chile, habrá quienes no podrán ejercerlo: las personas contagiadas de covid no pueden participar del proceso, pues no se coordinaron las medidas que les permitieran votar sin romper la cuarentena.

"En las próximas etapas eso no puede volver a pasar", afirma Heiss. "Porque la covid va a seguir. Hay que hacer una reforma electoral que, de forma transitoria, debería permitir algo para que esas personas contagiadas también puedan votar. El bien superior a proteger es el derecho a voto".

Ante una participación electoral que ha ido a la baja en Chile en las últimas elecciones (49% participó en la segunda vuelta que llevó a Piñera a la presidencia por segunda vez en 2017) el gobierno ha asegurado que "no hay quórum mínimo" ante el plebiscito.

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Fuente : BBC/NEWS/Mundo, 22 octubre 2020

miércoles, 21 de octubre de 2020

La trascendencia histórica del plebiscito del 25 de octubre 2020


 

Por El Mostrador, 21 de Octubre 2020

No cabe duda que la historia no perderá de vista el hecho de que se trata de un acto fundante de la sanadora legitimidad de origen que debe tener una Constitución Política, la “casa común”, en un país como el nuestro, aquejado de tantas divisiones y fracturas. En materia de legitimidad de origen, no empatan políticamente los aciertos con los errores y, por lo tanto, no se vota por el pasado sino por el futuro. En el punto en el cual el país se encuentra, a pocos días del plebiscito, se hace necesario denotar y destacar que las élites, hasta ahora erráticas y casi ausentes, por fin parecen haber empezado a transitar en una dirección más coherente y positiva con el proceso constituyente que se inicia.

Por primera vez en la historia de Chile, la más amplia mayoría de los ciudadanos está convocada a emitir su preferencia y dictar su mandato político acerca de una nueva Constitución, que rija la vida institucional y política del país. Es el primer acto soberano destinado a construir una legitimidad de origen para la Constitución Política que nos regirá y es el punto de partida para dar vida al principio más caro a las democracias modernas, cual es que la soberanía radica en el pueblo, quien la expresa de manera libre a través de su voto en elecciones, sufragios y plebiscitos libres y válidamente ejecutados, ajenos a toda presión y de cualquier naturaleza.

Poco se ha insistido sobre las tres características señaladas más arriba. En general, la imaginación de la élite política ha estado más capturada estos últimos meses por el juego binario del Apruebo/Rechazo y menos por la conciencia de que el hecho quedará grabado para la posteridad como un acto social en sí, producto y consecuencia del potente accionar de varios millones de ciudadanos anónimos que remecieron el letargo institucional del país a partir del denominado “estallido social”, haciendo posible que ello ocurriera. La asistencia a votar será la cristalización de este esfuerzo.

No cabe duda que la historia no perderá de vista el hecho de que se trata de un acto fundante de la sanadora legitimidad de origen que debe tener una Constitución Política, la “casa común”, en un país como el nuestro, aquejado de tantas divisiones y fracturas. En materia de legitimidad de origen, no empatan políticamente los aciertos con los errores y, por lo tanto, no se vota por el pasado sino por el futuro.

Seguramente la historia tampoco soslayará la esencia constituyente del acto, lejos de cualquier ejercicio delegado por algún poder ya constituido o extraño a la democracia. Este proceso constituyente, que empezará formalmente este domingo 25 de octubre, se abre y se cierra de manera plebiscitaria, es decir, con la aprobación final de la ciudadanía a los contenidos. Es cierto que la elaboración de estos requerirá de cuerpos colegiados más pequeños, pero el resultado final se verá y aprobará en un plebiscito de salida, lo que le aportará una legitimidad incuestionable.

Después de doscientos diez años de fundada la República de Chile, sus ciudadanos por primera vez tendrán la oportunidad maravillosa de participar de manera masiva y democrática en la construcción de un mandato político, que brinde un marco jurídico y político a un proyecto de país socialmente más integrado e igualitario, y con más oportunidades de desarrollo.

En el punto en el cual el país se encuentra, a pocos días del plebiscito, se hace necesario denotar y destacar que las élites, hasta ahora erráticas y casi ausentes, por fin parecen haber empezado a transitar en una dirección más coherente y positiva con el proceso constituyente que se inicia.

La dicotomía Apruebo/Rechazo que se apoderó de los mensajes políticos pareció llenarse de un lenguaje de fantasmas y de miedos, más propios de la superstición política o el radicalismo intransigente, que de una racionalidad orientada a un nuevo pacto social. Pero ello ha empezado a declinar, afortunadamente, con más diálogo y cautela en el accionar político.

Es el caso del Gobierno que, pese a las dificultades para manejar los brotes de violencia asistémica e irracional de grupos minoritarios y las deficiencias institucionales del país en materia de seguridad interior, ha empezado a adoptar una actitud de equilibrio y austeridad, indispensables para poner al país en un escenario de gobernabilidad. Sobre todo con vistas a los meses posteriores al plebiscito de este domingo y al intenso escenario electoral que le sigue.

En este sentido, ha resultado positivo que el Presidente de la República no se haya involucrado directamente –como acostumbra a hacerlo– en la vocería pública de los hechos de violencia y sobre el manejo de los temas más candentes de la agenda política del país, sino que los haya dejado a la conducción sectorial.

Es entendible que, en un momento tan crucial como este, las emociones personales de generaciones enteras afloren de manera fuerte y a veces se desborden, pero se debe evitar a toda costa que se utilicen para justificar una violencia irracional que en todas sus manifestaciones, institucionales o de brote social, resulta resabio de una época que basó la vigencia del poder político solo en la humillación y el miedo de la gente.

Este domingo 25 de octubre, tenemos como país una oportunidad única para reivindicar la cultura de la paz y empezar a construir una sociedad más estable e integrada. Basta solo una raya en la papeleta, y punto. Es lo que implica ir a votar.

Fuente : El Mostrador, 21 de Octubre 2020

martes, 20 de octubre de 2020

¿ Será Chile un ejemplo de verdadera democracia ?

 


Opinión: ¿Será Chile un ejemplo de verdadera democracia?

Michael Albertus

La constitución de Pinochet necesita una reforma profunda, pero el proceso no está exento de riesgos.

El 25 de octubre, los chilenos votarán para rechazar o aprobar el comienzo de la creación de una nueva constitución. Los ciudadanos de más países deberían hacer lo mismo. La actual Constitución chilena, escrita durante el régimen autoritario del dictador Augusto Pinochet, ha protegido intereses conservadores y al ejército, y ha reprimido la disidencia política durante 40 años.

La lucha de Chile con su pasado autoritario no es única. Los países con democracias recientes, como Birmania, Corea del Sur y Turquía, se han regido por constituciones autoritarias durante años o incluso décadas. Mi investigación indica que más de dos terceras partes de las transiciones políticas a la democracia desde la Segunda Guerra Mundial —en más de 50 países— han ocurrido bajo constituciones escritas por el régimen autoritario saliente. En algunas naciones, como Argentina, que han oscilado una y otra vez entre la democracia y la dictadura, varias transiciones democráticas han sido guiadas por constituciones redactadas por gobiernos autoritarios.

La persistencia del autoritarismo por vía constitucional en una democracia es una receta para la desigualdad y el descontento democrático. Las democracias con constituciones promulgadas en épocas autoritarias tienen sistemas de transparencia y rendición de cuentas frágiles y una participación ciudadana insuficiente en la formulación de políticas. Además, sus sistemas políticos favorecen a las élites vinculadas al antiguo régimen y no a los ciudadanos de a pie.

La desigualdad en Chile está en un nivel similar al de la época de Pinochet en tanto que el tráfico de influencias por parte de los ricos —algunos de los cuales adquirieron sus fortunas por medio de conexiones con Pinochet y la privatizaciones de empresas estatales— es ubicuo.

Esta mezcla tóxica explotó hace un año desatando manifestaciones callejeras generalizadas que trastocaron la reputación que el país se había forjado como un modelo de estabilidad y progreso en América Latina a lo largo de cuatro décadas de economía de mercado. Desde entonces, la reputación de Chile solo ha empeorado debido a la respuesta deficiente del país a la pandemia. Incluso dentro de una región gravemente afectada por la COVID-19, Chile no tardó en destacar como un foco de contagio, con tasas de infección per cápita entre las más elevadas del mundo.

Este hecho refleja una vez más cómo Sebastián Piñera, el multimillonario presidente empresario de Chile, está sumamente desconectado de la manera en que viven la mayoría de los chilenos. La pandemia ha devastado barrios pobres donde la gente vive hacinada, los servicios de salud son limitados y los ciudadanos no pueden darse el lujo de refugiarse en casa.

El plebiscito para convocar una convención constituyente en Chile podría derivar en un nuevo documento que acerque más el liderazgo al pueblo con una descentralización del sistema político y la introducción de mecanismos formales de consulta ciudadana y referendos. También podría ampliar los derechos de los sindicatos, consagrar la atención médica y la educación como derechos fundamentales, garantizar la igualdad para las mujeres y otorgar mayor autonomía a los pueblos indígenas.

El gobierno de Piñera está consciente de esto y está tomando medidas para oponerse a un cambio político radical. Los activistas informan que el gobierno ha usado la pandemia como un pretexto para intensificar la represión y callar a la oposición. Apenas la semana pasada, se difundió un video que mostraba a un policía empujando a un adolescente hasta hacerlo caer de un puente durante una protesta, lo cual provocó una indignación generalizada. Esto se suma a las agresiones brutales que las fuerzas de seguridad ya habían ejercido en contra de los manifestantes en otoño del año pasado.

Chile es un ejemplo de cómo los dictadores que redactan constituciones pueden dejar de lado los intereses del pueblo. La Constitución chilena protegió a los militares y a sus aliados del régimen autoritario cuando entregaron el poder en 1990. Les concedió a los altos mandos del ejército escaños en el Senado, les otorgó a los militares la autoridad de elegir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y desvió el 10 por ciento de los enormes ingresos del cobre de Chile al presupuesto del ejército. También les brindó amnistías a Pinochet y a otros generales, estableció un sistema electoral diseñado para sobrerrepresentar a los partidos conservadores y prohibió la participación de los partidos de extrema izquierda.

Con el correr de los años, ha habido varias reformas constitucionales. En 2005, se fortaleció el control civil sobre la milicia y se eliminaron los escaños vitalicios designados en el Senado. Aun así, los umbrales de mayoría cualificada para las reformas han protegido muchos de sus elementos básicos.

La mayoría de los manifestantes chilenos y sus simpatizantes están motivados por cuestiones de primera necesidad, como mejores salarios, igualdad de género, mayor acceso a los servicios de salud y atención médica de calidad, reforma de las pensiones, más derechos para los pueblos indígenas, acceso a transporte público asequible y educación pública gratuita. Sin embargo, también quieren tener una voz política y ser respetados por las instituciones de gobierno, que desde hace mucho se han enfocado en equilibrar presupuestos, atraer inversión y preservar la estabilidad.

Los manifestantes consideran que una nueva constitución es la clave para satisfacer estas demandas. El statu quo está extremadamente desacreditado: los índices de aprobación del Congreso y del presidente son significativamente bajos. Una convención constituyente puede llenar el vacío de liderazgo actual al incluir a los ciudadanos en un proceso de consulta para dirigir al país hacia el futuro y enaltecer sus principales intereses para dar nueva forma a su liderazgo político.

El proceso de reforma no necesariamente tiene que descarrilar el estatus de Chile como una fuerza económica en la región. Un sistema político más inclusivo que promueva los intereses de la mayoría de sus ciudadanos también puede beneficiar a los empleadores mediante estabilidad política y una fuerza laboral más feliz y saludable. Algunas de las democracias más antiguas y desarrolladas del mundo, como Suecia y Dinamarca, anularon sus constituciones autoritarias y se embarcaron en un camino rumbo al éxito.

No obstante, el proceso conlleva riesgos. En vista de que el plebiscito inicial programado para abril se pospuso y el debate continúa, se ha incrementado el riesgo de que grupos radicales de la izquierda o la derecha se apropien del discurso.

Muchos manifestantes actuales predijeron este riesgo desde un inicio, por lo que centraron sus esfuerzos en organizar miles de foros de debate para involucrar a sus vecinos, así como a través obras de arte gráfico y música para transmitir y difundir su mensaje. Otros, sobre todo las mujeres, se organizaron en grupos de decenas de miles en torno a una demanda amplia de inclusión para garantizar que sus voces sean escuchadas. Sin embargo, desde que las reuniones presenciales están restringidas por la pandemia, los foros en línea y las redes sociales han cobrado más relevancia y han subido el volumen de voces extremas pero bien financiadas.

Otras democracias que viven bajo el yugo de constituciones escritas por regímenes autoritarios deberían seguir el ejemplo de Chile. Esto no siempre es fácil. Birmania programó un referendo nacional para reformar su Constitución, promulgada por el ejército en 2015. No obstante, los militares, que habían conservado una cuarta parte de los escaños en el Congreso y fijado el umbral para enmendar la Constitución en más de tres cuartas partes, ayudaron a socavar los cambios más importantes y el referendo se pospuso de manera indefinida.

Otras naciones han obtenido mejores resultados. Colombia se deshizo de una constitución autoritaria en 1991 y apuntaló su democracia. Aunque en el país sigue habiendo desigualdad y problemas relacionados con la guerra civil, como la restitución de tierras, su Constitución ha proporcionado una plataforma para que hasta los ciudadanos marginados puedan proteger sus derechos básicos mediante un sencillo mecanismo legal conocido como acción de tutela. Túnez remplazó una Constitución autoritaria en 2014. Lo mismo sucedió en varios de los antiguos Estados satélite de la Unión Soviética, como Bulgaria, República Checa y Georgia (por desgracia, Viktor Orbán se ha apropiado del proceso de reforma en Hungría para atrincherar su poder político).

Si la reforma constitucional de Chile allana el camino hacia una democracia más auténtica, servirá de ejemplo para que otras nuevas democracias que enfrentan desafíos similares —como Indonesia, Guatemala y Perú— hagan lo mismo.

Michael Albertus es profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Chicago y autor de

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company

Fuente : Español Yahoo Noticias, 19 de Octubre 2020

lunes, 19 de octubre de 2020

El vandalismo presente este 18 de Octubre en Chile

 

El vandalismo también se hizo presente este 18-O con dos iglesias incendiadas, saqueos y ataques a comisarías

Los hechos más graves fueron los incendios en la Iglesia institucional de Carabineros de Chile en el sector de Parque San Borja, y de la Iglesia de la Asunción ubicada en Vicuña Mackenna con Pierre de Coubertin. En Puente Alto, un grupo de individuos atacó la 20ª Comisaría de Puente Alto, y en Melipilla un funcionario policial resultó herido tras recibir impactos de perdigones. Otros focos de conflicto se produjeron en Quilicura, Plaza de Maipú y La Granja.

Mientras decenas de miles de personas se congregaron pacíficamente en el sector de Plaza Baquedano para conmemorar el primer aniversario del estallido social, la otra cara de la moneda se vivió en las inmediaciones del epicentro de las protestas.

Los hechos más graves fueron los incendios en la Iglesia institucional de Carabineros de Chile en el sector de Parque San Borja, y la Iglesia de la Asunción ubicada en Vicuña Mackenna con Pierre de Coubertin.

Pasadas las 16:00, un grupo de encapuchados ingresó a la iglesia de Carabineros, que ya había sufrido un ataque incendiario en enero de este año, y luego armaron barricadas con objetos sustraídos en el lugar. Pasadas las 16:30 horas, la institución informó de 5 detenidos relacionados con estos hechos.

Encapuchados vandalizan la Iglesia San Francisco de Borja a un año del estallido social. Andrés Pina/Aton Chile

Más tarde, alrededor de las 19:30 horas, una turba atacó la Iglesia de la Asunción, sacando figuras religiosas y prendiendo fuego al recinto. Las llamas consumieron la edificación, provocando el desplome del campanario y destruyendo casi por completo la construcción que data de 1876. El recinto ya había sido vandalizado en una protesta en noviembre pasado.

En el sector aledaño de la Plaza Italia también un grupo inició un incendio en el edificio de la  Mutual de Seguridad en Alameda. Además, se reportaron saqueos en el minimarket del servicentro ubicado en Diagonal Paraguay con San Camilo, en el supermercado Santa Isabel de Portugal con Diagonal Paraguay, y en la multitienda Hites en la Alameda con San Antonio.

Puente Alto

En el sur de la capital, otro foco de protesta se concentró en Protectora de la Infancia en Puente Alto. La convocatoria en este tradicional punto de manifestación en la comuna sector sur de la capital obligó a desviar el tránsito en avenida Concha y Toro y Metro cerró el servicio en esta estación correspondiente a la Línea 4.

Posteriormente, un grupo de individuos generó violentos desórdenes en el exterior de la 20ª Comisaría de Puente Alto, arrojando objetos contundentes a la unidad policial. El mismo recinto policial ha sido blanco de múltiples ataques desde que se produjo el caso de Anthony, el menor de edad lanzado desde el puente Pío Nono por un efectivo de Carabineros.

Otros focos de conflicto

En Melipilla en tanto Carabineros informó que un funcionario policial resultó herido tras recibir impactos de perdigones. Pese a no sufrir heridas de riesgo vital, fue trasladado hasta un recinto médico para su atención. Además, el supermercado de la comuna fue atacado por desconocidos.

En Padre Hurtado, en tanto, un grupo  atacó la subcomisaría con elementos contundentes.

Otros focos de conflicto se produjeron en Quilicura, que obligó al cierre de la estación Intermodal Vespucio Norte; en Plaza de Maipú; en el sector de Estación La Granja de la Línea 4-A, entre otros.

En regiones, un grupo de manifestantes saqueó dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Educación en La Serena, y armó barricadas con el material. Más al norte en Antofagasta también fue escenario de incidentes.

Fuente : El Mostrador, 18 de Octubre 2020

sábado, 17 de octubre de 2020

El Plebiscito y el fin de un ciclo


  Por Gabriel Gaspar

A inicios de la nueva década, es claro que el sistema político que rigió la transición a la democracia se agotó, los principales actores políticos de los 90 ya fueron. Surgió una nueva sociedad, más diversa, imposible de encasillar en dos bandos. Aumentó la escolaridad, se acrecentó la demanda por trasparencia, crecieron los sectores medios, las nuevas tecnologías permiten una comunicación instantánea y horizontal impensable 30 años atrás. A ello se suma la pérdida de legitimidad de las elites de todo tipo. Se acompaña de una ciudadanía sin paciencia. Emergieron nuevas problemáticas, propias del siglo XXI, en todo el planeta: inclusión, medio ambiente, derechos de minorías, entre otras. En suma, el traje quedó anticuado y estrecho. Corresponde construir los nuevos consensos y que emerjan los actores del siglo XXI.

El próximo domingo 25 de octubre los chilenos nos pronunciaremos sobre la necesidad de una nueva Constitución. Si la queremos y en qué forma deseamos se redacte.

Ese día, donde todo apunta a una amplia victoria del Apruebo, se cerrará un ciclo de la vida política del país. Curiosamente se inició con otro plebiscito, el del 5 de octubre de 1988, cuando la mayoría dijo No a Pinochet. Quería seguir gobernando 8 años más. Hoy algunos ven lejanos esos días. Otros sencillamente no los ven, porque eran muy pequeños o, sencillamente, porque no habían nacido.

La ciencia política define a una transición como aquel período que media entre un régimen y otro. Es un período en el que coexisten rasgos del viejo régimen con rasgos del nuevo. Y así fue. Tuvimos presidentes electos democráticamente, pero que convivían con un Congreso que tenía “senadores designados”, cosa que no solo se olvida sino que cuesta explicarlo a quienes no lo vivieron. Tuvimos prensa libre y tribunales cada vez más independientes que convivieron con comandantes en jefe inamovibles.

En fin, lo nuevo se entremezcló con herencias del viejo régimen y las llamadas leyes de amarre. Muchos se preguntan por qué no se avanzó más rápido y no se profundizó más pronto la naciente democracia. La respuesta la darán los historiadores. A muchos nos habría gustado que se avanzara con más decisión, pero también entendíamos que los grandes cambios requieren de grandes mayoría que los respalden. Y eso nos lleva al tema de la conformación de las mayorías.

Junto con los consensos de la transición, se estructuraron sus actores y entre ellos destacó la Concertación de Partidos por la Democracia. También su contrapartida de centroderecha, que en el Congreso tenía la mayoría al sumar a la bancada de los “designados”. Por allí se bloquearon buena parte de las iniciativas de cambio.


El sistema binominal –que venía con el modelo– le dio orden al sistema, pero aplastó a la diversidad y, de paso, facilitó que la minoría controlase a la mayoría. No solo eso, merced a la reelección perpetua (vigente hasta hoy) se fue conformando una “oligarquía parlamentaria”. Sucesivamente la reelección pasó a ser un objetivo de muchos y los partidos pasaron a ser controlados por los líderes del Congreso.

La cohesión programático-ideológica fue progresivamente reemplazada por diversos mecanismos clientelares y la emergencia de curiosas y nefastas prácticas en la vida de los partidos: los militantes “fichas”, los incumbentes, los lotes, “el que tiene, mantiene”, etc. El resultado es que progresivamente los partidos se alejaron de la ciudadanía y su sentir. También fueron cosechando un rotundo rechazo. Digamos que el propio sistema político fue limitando el pleno ejercicio de la democracia. Los gobernados empezaron a distanciarse y desconfiar de los gobernantes.

En el haber, los logros no fueron pocos. El país evitó una salida violenta (y sangrienta). La paz consensuada se instaló. La economía dio un salto. El retorno democrático coincidió con el fin de la Guerra Fría y con el inicio de una sustancial revolución científico técnica, que aún está en curso. Chile se modernizó, pero a costa de una mayor desigualdad. La pobreza disminuyó considerablemente y el PIB creció. Los chilenos tuvimos acceso a bienes de alta tecnología, pero muchas veces a costa de un elevado endeudamiento. La movilidad social radicó en gran medida en la masificación del crédito privado vía todo tipo de tarjetas. Resumiendo, el país creció, pero la desigualdad aumentó más aún.

Ideológicamente se instaló progresivamente un individualismo aspiracional que penetró a lo largo de todo el tejido social. La desigualdad se apreciaba mejor desde afuera, el propio Mario Vargas Llosa llegó a plantear que las elites chilenas eran “cavernarias”. El humor extranjero también recogía este sentir en los chistes sobre nosotros: “La mitad de los chilenos son muy conservadores… ¿y la otra mitad? Aaahhh, también son conservadores, pero se dicen socialistas”.




Cabe preguntarse cuándo finalizó la transición. ¿Cuándo terminó la Concertación? ¿Cuándo se murió Pinochet? ¿Cuándo se derogó el binominal? Tema para los historiadores, pero lo cierto es que los consensos y los actores del ciclo inaugurado con el plebiscito de 1988 ya cumplieron su cometido. El país es otro, la población es diferente y los desafíos de hoy son los del siglo XXI. A inicios de los 90, nadie había jubilado por el régimen de AFP, los estudiantes de educación superior eran una minoría en nuestra juventud, todo el mundo esperaba que la alegría llegase.

El fin de la era de los altos ingresos por el precio de las materias primas, unido a la instalación del Gobierno de Piñera II, exacerbaron las contradicciones: se le prometió al país el paraíso en la tierra ("los tiempos mejores"), se cosechó la descomposición de los restos de la Concertación-Nueva Mayoría y, de paso, no se advirtió el polvorín social que se gestaba. Se instaló una elite gubernamental con buena educación, buenos posgrados, inglés sin acento, pero que no sabía lo que pasaba al sur de Av. Matta.

El resto es historia conocida, estallido social, acuerdo de reforma constitucional, pandemia, Mañalich y sus bravatas de que todo estaba planificado desde enero. Y aquí estamos. A una semana del plebiscito.



A inicios de la nueva década, es claro que el sistema político que rigió la transición a la democracia se agotó, los principales actores políticos de los 90 ya fueron. Surgió una nueva sociedad, más diversa, imposible de encasillar en dos bandos. Aumentó la escolaridad, se acrecentó la demanda por trasparencia, crecieron los sectores medios, las nuevas tecnologías permiten una comunicación instantánea y horizontal impensable 30 años atrás. A ello se suma la pérdida de legitimidad de las elites de todo tipo. Se acompaña de una ciudadanía sin paciencia. Emergieron nuevas problemáticas, propias del siglo XXI, en todo el planeta: inclusión, medio ambiente, derechos de minorías, entre otras. En suma, el traje quedó anticuado y estrecho. Corresponde construir los nuevos consensos y que emerjan los actores del siglo XXI.

El nuevo ciclo se inaugurará con la voluntad ciudadana que se exprese el próximo 25 de octubre. Con la manifestación de la voluntad del soberano, se iniciará un cronograma institucional que culminará con una nueva Carta Fundamental, expresión jurídica del pacto social que los chilenos concordaremos para enfrentar nuestro futuro.

Tengo fe en Chile y su destino.

Fuente : El Mostrador, 17 de Octubre 2020

jueves, 15 de octubre de 2020

Seis comunas del Gran Concepción salen de cuarentena


 

Seis comunas del Gran Concepción salen de Cuarentena y pasan a Transición

Seis comunas que se encuentran en cuarentena en la región del Bío Bío dejarán la Fase 1 a partir del lunes 19 de octubre a las 05:00 horas.

Así lo informó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, durante el reporte de este jueves.



Las comunas que entrarán a transición (Fase 2 ) son:

-Hualpén
-Talcahuano
-Penco
-Chiguayante
-San Pedro de la Paz
-Concepción

Esto se da en el marco de otros anuncios, luego que se informara el avance y retroceso de otras comunas.



Recordemos que Penco pasó cerca de 45 días en cuarentena, mientras que Concepción, Hualpén, Talcahuano y Chiguayante iniciaron la Fase 1 el pasado 28 de agosto. La última en sumarse fue San Pedro de la Paz, el 11 de septiembre.

Las comunas de Tomé, Coronel y Lota se mantienen en cuarentena.

Fuente : Biobío Chile, 15 de Octubre 2020

miércoles, 14 de octubre de 2020

Vulnerabilidad de sistemas de seguridad digital

 

Vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de Gobierno Digital permiten a hackers sustraer las Claves Únicas de todos los chilenos

Por Hector Cossio, 14 de Octubre 2020

La penetración ilegal a los servidores de la División de Gobierno Digital -dependiente de la Secretaría General de la Presidencia-detectada el viernes pasado permitió a los hackers la sustracción de la base de datos de la ClaveÚnica, que no es otra cosa que la identidad digital de todos los chilenos, algo que no fue informado a la ciudadanía. Esta herramienta de gestión almacena cientos de miles de datos sensibles y facilita a los usuarios la realización de más de 900 trámites con organismos del Estado. Pero no se trata solo de trámites personales, la ClaveÚnica permite además acceder al sistema Docdigital, la plataforma de comunicación oficial del Estado, donde se cargan los documentos de los diferentes organismos de la administración central del Estado, incluidos los de la Presidencia, Poder Judicial, Ministerios y subsecretarías, entre otros.

El pasado jueves 8 de octubre, la División Gobierno Digital, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres)  informó a través de un escueto comunicado que desconocidos habían ingresado ilegalmente al sistema digital del Gobierno y que, ante esta violación de seguridad, el Equipo de Respuesta de Incidentes Informáticos del Ministerio del Interior, junto a la división hackeada, hicieron la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Sin dar mayores antecedentes sobre las consecuencias de este ataque informático, la Segpres informó que “se están investigando las causas y circunstancias en que estos hechos ocurrieron. Esperamos la mayor celeridad para encontrar a los responsables de este delito”. Desde la misma entidad añadieron que “la División de Gobierno Digital ha tomado medidas preventivas para resguardar la seguridad de la información que existe en sus servidores, y comunicará prontamente más antecedentes y acciones a seguir”.

Lo que no se informó, sin embargo, fue que la penetración no autorizada a los servidores de la División de Gobierno Digital permitió a los hackers la sustracción de la base de datos de la ClaveÚnica de todos los chilenos, herramienta que facilita a los usuarios la realización de más de 900 trámites con organismos del Estado. Pero no se trata solo de trámites personales, la ClaveÚnica permite además acceder al sistema Docdigital, la plataforma de comunicación oficial del Estado, donde se cargan los documentos de los diferentes organismos del Estado, incluidos los de la Presidencia.

Datos sensibles y documentación oficial

Una de las mayores preocupaciones, que ha hecho pasar estos últimos días momentos de máxima tensión a la Secretaría General de la Presidencia, radica en que el robo de la base de datos con las Claves Únicas -que no ha sido informada a la ciudadanía- vulnera la protección de cientos de miles de datos sensibles de la población, ya que, a través de este acceso se gestiona la tramitación de 927 trámites personales con el Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, todos los servicios de salud del país, Servicio Nacional de Aduanas y Fonasa. Entre una infinidad de trámites con otros organismos, a través de este sistema, se realizan también las denuncias ante la Comisión de Mercado Financiero y ante la Fiscalía Nacional Económica sobre atentados contra la libre competencia de los mercados.

Otros de las consecuencias graves de este hecho, es que la ClaveÚnica permite acceder y gestionar toda la información oficial que emana de los organismos de Estado y que facilita particularmente la comunicación entre estos, mediante la plataforma Docdigital. Ministerios, subsecretarías y la Presidencia, además de todas las otras entidades de la administración central, desde de 1 de julio de este año quedaron obligadas a realizar todos sus trámites, entre los que se cuentan cartas, memorandos, oficios y circulares- a través de esta metodología.

Fuentes de la Segpres, conocedoras del escándalo de esta violación de seguridad, señalaron que el Gobierno impartió una circular entre los diferentes organismos del Estado, en la que informa a los funcionarios que se iniciará un proceso para promover entre la ciudadanía la actualización de su ClaveÚnica, todo el marco del mes de la Ciberseguridad. Una estrategia -aseguran- que buscaría ocultar el impacto y envergadura de la sensible sustracción informática.

Fuente : El Mostrador, 14 de Octubre 2020

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