El miedo al desfonde progresista

 El miedo al desfonde progresista: los entreveros del socialismo democrático y la idea de competir sin la DC

por Hernán Leighton / 26 febrero, 2021

En el mundo de la centro izquierda nada nuevo aparece bajo el sol, ni sobre el sol. Pero entremedio surgen una serie de razones solapadas, desconfianzas, pragmatismos y sobre todo temores que podrían hacer mover la aguja, más allá de lo expresado en público. Entre el socialismo democrático –entendiéndose por ello al PS y al PPD– si bien el discurso de enfrentar en una preprimaria a Heraldo Muñoz y Paula Narváez –aunque débil– aún está sobre la mesa, lo cierto es que en el PPD ya hay claras luces de echar pie atrás, principalmente por el temor a la máquina territorial del PS, específicamente en la zona sur de Santiago. “En el ‘acarreo’ perdemos”, reconocen. Y respecto a las primarias legales con o sin la DC, ahí es donde los miedos se transforman en pesadillas. Aunque el PR y el PRO le dieron un portazo público a la iniciativa de ir a unas primarias sin la DC y que, por lo mismo, no pocos se aventuran a dar la idea por muerta, las razones por las cuales dicha opción no podría descartarse, toman cada vez más peso. En lo medular está el cálculo de que en unas primarias con la DC la candidata de la falange, Ximena Rincón, podría llevarse el premio, pero al mismo tiempo reconocen que su nombre sería el más débil para una eventual contienda con el sector de la izquierda de la oposición. Puestos en la disyuntiva de un eventual choque con Daniel Jadue, las bases progresistas no tendrían dudas en apoyar al candidato PC, “desfondando a la centro izquierda chilena”, indicaron.

Nada nuevo bajo el sol en el mundo de la centro izquierda, desconfianzas mutuas, acusaciones de acreditaciones falsas, y operaciones bajo cuerdas con miras a la elección presidencial. A tres meses de la inscripción de candidatos a la primaria presidencial, el ambiente se vuelve a “cortar con cuchillo”. Las diferentes tesis que se han instalado previo a la llegada de marzo, volvieron a evidenciar lo lejos que se está en el sector de poder entregar reales señales de una mínima capacidad de gobernanza.

Mientras públicamente tanto el PPD como el PS buscan sostener la estantería a nivel comunicacional, con miras a una eventual definición que cumpla con el pacto de llegar con un solo candidato a competirle a la DC en la primaria presidencial, por dentro ambas tiendas aseguran que esa opción habría fracasado. Respecto de la idea instalada por el senador PPD, Guido Girardi, de dejar de lado a la DC en una primaria del sector del progresismo, si bien parece desechada, eso no quita que no haya encontrado eco en varios dirigentes quienes se mostraron a gusto. ¿La razón?, el miedo al desfonde que pudiese existir en el sector en caso de que la abanderada falangista, Ximena Rincón, se llevase el preciado botín.

La evidencia, señalaron, está en el resultado de las primarias tanto a gobernadores regionales como de alcaldes, donde fue la tienda dirigida por Fuad Chahín la que se llevó los aplausos, tras competir separados. Y más allá de los cientos de cálculos electorales, y la posibilidad real de que pueda ser el mundo independiente de izquierda el que defina la contienda, las primarias entregaron otro dato no menor. Mientras que la DC logró movilizar a poco menos de treinta mil votantes para dirimir su abanderado, el PPD alcanzó poco menos de quince mil. El PS no tuvo primarias, ya que no hubo competencia para Paula Narváez.

De esta manera, y con la calculadora electoral en los escritorios de cada tienda, se comenzaron a jugar las presidenciales donde, más allá de los discursos de unidad  “para la galería”, cada uno de los líderes debe demostrarle su capacidad de trabajo con resultado a sus bases, y aquello significa no ceder “ningún metro” de su propio feudo, señalaron.

El ambiente está malo, repiten desde los diferentes frentes, y evidencia de aquello es que no sólo no se llevó a cabo la tradicional reunión de Unidad Constituyente el lunes pasado, sino que además se habría tomado la determinación de que, de aquí en adelante, las citas semanales van a pasar a estar a cargo de los secretarios generales y no de los presidentes. Señal indefectible del mal momento que vive el pacto.

Preprimarias PS-PPD: no llevarlas a cabo es un win-win

La historia reciente dice que hubo acuerdo en ambas directivas, que tanto el PS como el PPD habrían llegado a la conclusión de que se debía llegar a la primaria presidencial del 4 de julio de la centro izquierda con un solo candidato y, de esta manera, competir de igual a igual con la Democracia Cristiana.

Pero lo cierto es que pasados los días y el desarrollo que han ido adquiriendo ambas candidaturas, como la de Heraldo Muñoz y de Paula Narváez, la dirección del viento cambió al interior de ambas tiendas, pero por diferentes razones. Esto más allá de que el PPD haya determinado resolver sus diferencias en un consejo nacional, y que el PS, a través de su presidente, Álvaro Elizalde, insista tibiamente en que hay que llegar unidos.

En el caso del PPD, las razones principales por las que varios están por echar pie atrás, guardarían relación con que aún creen que su candidato mantendría intactas las posibilidades de crecer, principalmente hacia el centro y hacia el mundo de la ex-Concertación, y que las posibilidades de derrotar al PS en un mano a mano serían mínimas.

Esto por dos razones: una estructura territorial mayor, complementada con un mayor financiamiento. A eso, agregaron, “una historia conocida”, la capacidad de acarreo que el PS sustenta “principalmente en las comunas del sur de la capital”. En ese entendido, comentaron que, al fin de cuentas, una eventual preprimaria “más que una elección popular” sería la definición de quien guardaría mayor capacidad de acarreo, y “ahí perdemos”, confiesan en el PPD.

Al interior de la tienda hay quienes aseguraron que ya se habría notificado al PS de que la idea habría sido desechada, debido principalmente a que no tendría piso en la interna, pero la controversia es tal, que tuvieron que elevarla a instancias mayores de discernimiento.

Como tercera razón, esgrimieron, está el estado de fragilidad que vive, hoy por hoy, la Unidad Constituyente, cruzado todo por el apoyo de la comunal del PS a la candidata de RD por Ñuñoa, por sobre el candidato dentro del pacto, como lo es Juan Pablo Sáez por la DC. A eso se sumó la acusación de Álvaro Elizalde a la directiva falangista de estar acreditando falsamente a independientes que pertenecerían a la tienda.

En el caso del PS, quienes están empujando el carro en busca de desechar el pacto, apuntaron principalmente al nerviosismo que se ha ido extendiendo en el partido por la falta de crecimiento de su abanderada, Paula Narváez.

Más allá de su consabida capacidad de despliegue territorial como partido, la figura de la exvocera de gobierno ha llevado a varios a poner en duda su real capacidad en un eventual mano a mano contra un personaje que “casi la triplica” en conocimiento.

Los problemas que se han ido evidenciando en su comando, y que terminaron con la salida de Paulina Vodanovic de la primera línea de la toma de decisiones, tiene a varios expectantes. Sumado a eso, la controversia instalada en las fauces del PS, de cuán parecida o no, es la actual abanderada respecto de la expresidenta Michelle Bachelet para tomar decisiones de campaña, situación que ha ido resquebrajando confianzas que parecían haber desaparecido una vez fue nominada.

En su favor, señalaron, está que su candidatura no busca pelearle el centro a los demás nombres –aquello no significa desecharlo–, pero que con miras a una eventual preprimaria, su mirada “más de izquierda” estaría en línea con las bases transversales tanto de su partido, como del PPD. 

El miedo al desfonde: la razón para ir a primarias sin la DC 

Aunque públicamente y hasta el día de hoy, el Partido Radical y el PRO mantienen su firme rechazo a ir a primarias sin la DC, porque no estarían dispuestos a ir en contra del discurso de la unidad, razón por la cual algunos afirman que ese idea nació muerta, eso no quita que varios personeros de las diferentes tiendas, más allá de rechazarlo en público, estén considerando seriamente tal posibilidad.

Y es que, como explicaron, el sentimiento en las bases del progresismo se habría ido tornando “muy anti-DC”, principalmente por la actuación del partido durante los primeros años del gobierno de Sebastián Piñera, donde en varias ocasiones pactó con el Ejecutivo de espaldas a sus socios. A eso se suman los anticuerpos que generaría el estilo “confrontacional, divisor y anticomunista” de su presidente, Fuad Chahín. “Hay muchas cuentas pendientes”, explicaron transversalmente.

Pero más allá de todas las explicaciones que se dieron para fundamentar la apuesta del senador PPD, Guido Girardi, la verdad es que aquello que buscaba la iniciativa era evitar un desfonde del mundo progresista, como señalaron varios entendidos en las diferentes instancias negociadoras.

Y es que los cálculos que se hicieron apuntan a una potencial victoria de la senadora Ximena Rincón. Hasta ahí, no existiría tanto problema. Lo que realmente tiene a varios con los pelos de punta es que consideran que su nombre sería el más débil para una eventual contienda con el sector de la izquierda de la oposición.

Los argumentos que se habrían puesto sobre la mesa apuntarían a que, en un eventual choque con Daniel Jadue, las bases progresistas no tendrían dudas en apoyar al candidato PC, “desfondando a la centro izquierda chilena”, indicaron.

En el PS, principalmente, ha sido comentario desde hace ya varios meses, lo interesadas que se han presentado las bases ante la candidatura del alcalde de Recoleta, y cómo aquello ha dificultado el perfilamiento de un candidato propio, y explicaría en gran medida por qué José Miguel Insulza nunca recibió una respuesta “sincera” cuando era el único militante dispuesto a competir.

Fuente: El Mostrador, 26 de Febrero 2021

A 39 años del asesinato de Tucapel Jiménez

 A 39 años del asesinato de Tucapel Jiménez, uno de los crímenes de la dictadura que estremeció a Chile

El año 1982 parecía ser el año en que se alcanzaría la reunificación sindical de los trabajadores, con Tucapel Jiménez Alfaro a la cabeza, luego de que el movimiento sindical chileno fuera reprimido y desarticulado por la dictadura militar.

Sin embargo, a comienzos de ese año, el 25 de febrero, el militante del Partido Radical fue brutal y fríamente asesinado. El crimen de “Don Tuca”, como le decían los trabajadores fue perpetrado por un “comando” de funcionarios del Estado, conformado especialmente para dicha misión por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE).

• Lea el capítulo "La DINE asesina a Tucapel Jiménez Alfaro" aquí                                               No deja de estremecer, que despúes de tantos años, sigue vigente el legado del sindicalista Tucapel Jiménez, que por luchar por sus ideales democráticos y por la defensa de los derechos de los trabajadores, se transformó en enemigo número uno de la Dictadura de Pinochet y por lo mismo, ordenó su muerte de una manera cruel y cobarde, que hasta el día, de hoy cala hondo en el alma del pueblo chileno y en el Partido Radical, por la muerte de uno de los suyos de la manera más siniestra que se pueda imaginar. De este Blog: Radical Chileno, le rindo mi más sincero homenaje y lo extiendo a toda su familia y al mundo sindical, que muchas veces lucha contra molinos de vientos y contra todo el poder, para obtener más dignidad y justicia social.
• Fuente: Información extraída de El Mostrador 25/02/2019.

¿ Fuerzas Armadas en la Araucanía ?

 ¿Fuerzas Armadas en La Araucanía? Múltiples razones para decir que No

por Richard Kouyoumdjian Inglis 23 febrero, 2021

Durante la reunión que sostuvo ayer el Presidente de la República con las Fuerzas Armadas y las policías para analizar el tema de La Araucanía se acordó, en grandes líneas, buscar un acuerdo nacional contra la violencia. La parte que no se entiende es la responsabilidad de los jefes de la Defensa en lo que se refiere al orden público, ya que estos están efectivamente a cargo de ese tema, pero lo están bajo un Estado de Excepción por Catástrofe y no por un Estado de Sitio o un Estado de Excepción más complejo. En lo concreto, el Gobierno está incluyendo a los institutos armados en el problema, situación muy contraproducente por múltiples razones. En el caso de que se decida utilizar una solución militar, ello requiere -en primer lugar- de voluntad política, pero más importante aún, requiere de la validación de la opinión pública, y no veo que una o la otra existan al día de hoy. Además, nuestras FF.AA. y policías no disponen de entrenamiento en contrainsurgencia, operaciones que para ser exitosas requieren del acompañamiento de acciones políticas, económicas y sociales. Por último, las Fuerzas Armadas no pueden actuar contra chilenos. A nivel mundial ya no se practica el uso de la fuerza militar para pacificaciones o establecer soberanía y Estado de Derecho. Y no veo que sea el caso en Chile de ir contra esa práctica, a pesar de que tenemos un régimen de estados de excepción que lo podrían permitir. Quizás es hora de hacer un esfuerzo y entender de qué se trata el problema y así comprender cómo se soluciona. Lo realmente claro, a estas alturas, es que el problema no es solo delictual, como nos pretende hacer creer el Gobierno, ya que, si así fuera, sería fácil de resolver.

El lunes 22 de febrero el Presidente Sebastián Piñera citó a una reunión al ministro de Interior, al de Defensa, al Comandante en Jefe del Ejército, al General Director de Carabineros, al Director General de la PDI y al Jefe del Estado Mayor Conjunto. El objetivo: analizar la situación de violencia en La Araucanía, después de la publicación ese mismo día del video de la quema de la casa de la familia García en Lautaro. Se podría decir que fue la gota que rebalsó el vaso.

Desconocemos qué fue lo que se conversó en esa reunión, pero sí sabemos lo que se comunicó a su término. En grandes líneas se acordó buscar un acuerdo nacional contra la violencia y apurar la aprobación de leyes que ayudan a controlar y restablecer el Estado de Derecho. La parte que no se entiende bien es la responsabilidad de los jefes de la Defensa en lo que se refiere al orden público, ya que estos están efectivamente a cargo de ese tema, pero lo están bajo un Estado de Excepción por Catástrofe y no por un Estado de Sitio o un Estado de Excepción más complejo. En la práctica, lo que está haciendo el Gobierno es meter a las Fuerzas Armadas en el problema, y digo problema, porque no me queda claro que puedan aportar efectivamente a la solución del desmadre que existe en esa parte de Chile. Para aquellos que quieren a los institutos armados tomando el control, les expongo algunas razones por las cuales no me parece una buena razón:

1) Tener un claro diagnóstico: No está claro si el problema es de naturaleza política, militar o delictual, o una combinación de las anteriores. Tener esto claro permite escoger las soluciones correctas y no agravar más aún el problema.

2) Voluntad política y permiso de la opinión pública: En el caso de que decida utilizar una solución militar, ello requiere de voluntad política, pero más importante aún, requiere de la validación de la opinión pública, y no veo que una o la otra existan al día de hoy.

3) Fuerzas Armadas o policías: Antes de usar las FF.AA. para un problema de seguridad pública existen las policías, las que a pesar del operativo fallido de Temucuicui, disponen de medios humanos y materiales suficientes para tomar el control de la zona, pero dicho eso, su empleo efectivo requiere de la misma voluntad política y de validación de la opinión pública, la que hasta ahora no ha sido clara en pedir el uso de la fuerza como solución. Ahora, con la información más clara de la que disponemos hoy en día, en cuanto al tipo de operaciones y actividades desarrolladas en la zona por grupos organizados que disponen de armamento propio de ejércitos, podría cambiar la percepción de los medios y los chilenos.

4) Entrenamiento y capacitación: Nuestras FF.AA. y policías no disponen de entrenamiento en operaciones de contrainsurgencia, el cual es necesario para un exitoso desarrollo de una operación militar efectiva. Lo anterior no es lo único necesario para el éxito de una operación que busque restablecer la soberanía y Estado de Derecho. Las operaciones exitosas de contrainsurgencia van acompañadas de acciones políticas, económicas y sociales que buscan ganar los corazones de la población local y eliminar las causas que generan o dan vida a realidades como las que tenemos en La Araucanía.

5) Inteligencia: Un tema no menor también es la disponibilidad de información, la que se obtiene por medios de inteligencia y de observación, y en ese sentido no estoy claro de que en el caso de La Araucanía dispongamos de esos elementos, los que son clave para el éxito de una operación de contrainsurgencia.

6) La experiencia comparada: En relación a los puntos anteriores la experiencia internacional es clara. El empleo de fuerzas militares, que no van acompañadas de planes más amplios que buscan eliminar las causas que dan origen a los problemas, están destinadas al fracaso. Los ejemplos sobran y solo por mencionar algunos emblemáticos como Vietnam, Iraq y Afganistán, las cuales a pesar de estar en manos del Ejército más poderoso del mundo fueron un absoluto fracaso, y en el caso de las últimas dos, sólo al cambiar el enfoque lograron relativos éxitos. En esta misma sección habrá algunos que dirán que el ejemplo de Colombia es un caso de éxito de empleo de fuerzas militares. Yo discrepo, ya que creo que la mantención de un conflicto de 60 años no se puede declarar un éxito a pesar de las capacidades y efectividad lograda por el ejército Colombiano con el paso de los años, y la existencia de voluntad política y apoyo de la opinión pública.

7) Uso de las Fuerzas Armadas contra Chilenos: Por último, a nivel mundial ya no se practica el uso de las fuerzas armadas para pacificaciones o establecer soberanía y Estado de Derecho, y no veo que sea el caso en Chile de ir contra esa práctica, a pesar de que tenemos un régimen de estados de excepción que lo podrían permitir. Quizás es hora de hacer un esfuerzo y entender de qué se trata el problema y así comprender cómo se soluciona, el cual a esta altura me queda claro que no es solo delictual, como nos pretende hacer creer el Gobierno, ya que, si fuera así, sería fácil de resolver.

Insisto que lo más fácil es el uso de la fuerza contra la fuerza, pero estamos seguros de quién o quiénes, y ¿por qué lo están haciendo? El Gobierno debe actuar rápido en esta materia y no apostar todo al acuerdo nacional. Un acuerdo nacional exige un diagnóstico compartidos por todos y eso, a su vez, exige de inteligencia que no tenemos y de claridad en las causas. Lo que estamos viendo son los efectos de la violencia. Las causas siempre son más difíciles de encontrar, pero debemos trabajar en eso, y en lo inmediato, buscar con las comunidades mapuches la ayuda necesaria para terminar la violencia, ya que, si ello no ocurre pronto, estamos en riesgo de que se formen fuerzas de autodefensa que decidan tomar acción y no esperar más quemas de casas, campos, vehículos y equipamiento. Si eso sucede, estaremos al frente de una Colombia o una Irlanda.

Siempre hago las mismas pregunta para terminar. ¿Si usted fuera mapuche qué haría? ¿Cuánto de lo que ocurre es reivindicación y cuánto es violencia asociada a delitos y narcoterrorismo? ¿Por qué no vemos reclamos masivos del pueblo mapuche contra lo que ocurre? ¿Están ellos de acuerdo o no se atreven a representar su disconformidad? ¿Estamos dispuestos a darle autonomía al pueblo mapuche? Así como estas, puede haber muchas otras preguntas, las que debemos ser capaces de responder rápido si queremos resolver los problemas y más importante, la violencia.

Fuente: El Mostrador, 23 de Febrero 2021

Perseverance Rover’s Descent and Touchdown on Mars (Official NASA Video)

Las cuencas de agua dulce

 Las cuencas de agua dulce y la urgencia en la planificación de su uso frente a la emergencia climática

por Anna Astorga y Emilia Astorga 15 febrero, 2021

El agua, tanto en el cuidado medioambiental, como también desde la perspectiva de acceso y políticas públicas asociadas a su uso, es actualmente un recurso sumamente frágil. Y esto fue claramente reconocido en la consulta ciudadana realizada, en el marco de la Mesa Nacional del Agua del Ministerio de Obras Públicas, entre el 27 de marzo y el 10 de mayo 2020, donde la ciudadanía priorizó la “conservación de las fuentes naturales” como el principal desafío relacionado con el agua (75,4% de las preferencias).    Y es en este punto dónde surge el problema. Estamos planificando millonarias inversiones para nuevas captaciones de agua, pensando en el futuro, de que no escasee este recurso para la población. Pero hay algo fundamental que estamos ignorando: ¿qué está pasando en el área de captación, la cuenca o la fuente de donde viene el agua? ¿De qué manera planificamos como comunidad todos los usos dentro de esta cuenca para que estos sean compatibles con el abastecimiento de agua limpia y así ser más resilientes a los cambios que están ocurriendo?

La patagonia chilena tiene un poco más de un 50 % de su superficie total terrestre bajo alguna categoría de conservación, un gran logro a los ojos del mundo, pero ¿qué importancia tiene el otro 50 %? En parte debe contener los usos productivos: ganadería, producción de madera, las zonas rurales y urbanas donde vivimos. Un trato 50/50, ¿no esta tan mal? Este concepto de 50/50 o “media tierra” es en verdad una de las metas serias de la conservación mundial para mantener algún nivel de sostenibilidad en el planeta –al parecer acá en la patagonia chilena ya se logró esta meta. 

Pero nada en la vida es tan simple. Los ecosistemas, la gran maquinaria de la tierra y del agua, tampoco lo son. Es importante precisar dónde están estas zonas de preservación, y dónde están los lugares de uso más intensivo, y preguntarnos: ¿tienen sentido? La verdad es que rara vez lo tienen. Una de las grandes críticas a la designación de parques es que normalmente representan las tierras menos útiles, rocas y hielo en miradas despreciativas, pero también por ser aisladas ha sido más fácil dedicarlas a conservación, ya que de por sí ya tenían poco uso. Viendo la situación al revés, tampoco tiene sentido dónde estamos construyendo casas actualmente, por ejemplo: ocupando los suelos más productivos en las zonas de expansión periurbana. 

Pero el propósito de este artículo es reflexionar sobre el agua y su origen. La gran mayoría de las fuentes de agua, urbana o rural, provienen de tierras que no están dedicadas a la conservación. Es decir, la patagonia, con más de un 50 % de tierra bajo alguna categoría de conservación, pero un porcentaje casi nulo de esto está aprovechado para el agua que hemos de beber. Las cuencas de agua potable rural funcionan como torres de agua, capturando, almacenando y entregando el agua para los diversos usos. Son cuencas fundamentales para nuestra subsistencia, lo que ya ha sido reconocido por muchas de las grandes ciudades en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, que han conservado sin otros usos las cuencas que proveen agua potable a la ciudad.

En la región de Aysén pareciera que todavía tenemos este recurso en abundancia, y se suele escuchar en variadas instancias que el “agua está por todas partes”. Pero al observar con más detalle y conversar con diversos actores de las comunidades locales también se puede deducir que existe una creciente preocupación en el manejo del agua. Diversos actores que se desempeñan en el ámbito agrícola y turístico, entre otros, a nivel local han observado que en los últimos 10 o 15 años el clima ha comenzado a cambiar y con ello también este recurso tan vital que es el agua. Saben que existe el calentamiento global y observan que es cada vez más necesario planificar a futuro y tener mayor control sobre este ámbito. 

El agua, tanto en el cuidado medioambiental, como también desde la perspectiva de acceso y políticas públicas asociadas a su uso, es actualmente un recurso sumamente frágil. Y esto fue claramente reconocido en la consulta ciudadana realizada, en el marco de la Mesa Nacional del Agua del Ministerio de Obras Públicas, entre el 27 de marzo y el 10 de mayo 2020, donde la ciudadanía priorizó la “conservación de las fuentes naturales” como el principal desafío relacionado con el agua (75,4 % de las preferencias).   

Y es en este punto donde surge el problema. Estamos planificando millonarias inversiones para nuevas captaciones de agua, pensando en el futuro para que no escasee este recurso para la población. Pero hay algo fundamental que estamos ignorando: ¿qué está pasando en el área de captación, la cuenca o la fuente de donde viene el agua? ¿De qué manera planificamos como comunidad todos los usos dentro de esta cuenca para que éstos sean compatibles con el abastecimiento de agua limpia y así ser más resilientes a los cambios que están ocurriendo?

Fuente: El Mostrador, 15 de Febrero 2021

DC y PR emplazan al PS-PPD

 DC y PR emplazan al PS-PPD a no realizar preprimaria: "Están dinamitando la posibilidad de disputar el gobierno a la derecha"Los líderes de ambos partidos hicieron un llamado a sus pares en Unidad Constituyente a que concurran a la elección legal que se realizará el 4 de julio. "Nada de estaciones intermedias, porque no son un aporte", recalcaron.

Por Felipe Vargas, Emol

El presidente de la DC, Fuad Chahín, junto a su par del PR, Carlos Maldonado, hicieron un llamado este viernes a sus pares del PS y el PPD a que depongan la idea de realizar una preprimaria presidencial entre ambas colectividades y concurran a la elección legal que se realizará el 4 de julio entre todas las fuerzas de Unidad Constituyente. Tras participar en la presentación del candidato a alcalde de ese bloque por San Miguel, David Navarro (PR), junto al abanderado por la gobernación metropolitana Claudio Orrego (DC), y la postulante a la Convención, Valeria Villegas (PR), ambos abordaron el tema tras conocer la carta firmada por figuras del PPD en la que pidieron seguir adelante con la definición entre Heraldo Muñoz y Paula Narváez (PS).

Al respecto, Chahín manifestó que "yo comparto lo que ha hecho el presidente del PR y valoro su compromiso de estar en las primarias legales del 4 de julio, creo que nosotros no tenemos que andar buscando triquiñuelas para derrotarnos entre nosotros con estas primarias intermedias".

"Lo que tenemos que buscar es potenciar la primaria legal para poder derrotar a la derecha, para tener una primaria convocante, amplia, participativa, donde estén todos los liderazgos y que seamos capaces de movilizar a muchos ciudadanos. Esa es la única manera de poder transformarnos en una alternativa seria", recalcó. En cuanto al contenido de la carta, en la que apuntan a las diferencias ideológicas que existen entre el PS-PPD y el resto de las fuerzas del bloque, el dirigente recordó que "nosotros tenemos un acuerdo, que es Unidad Constituyente, que tiene un marco común que se define en una fuerza tranquila de cambio para una sociedad más democrática, más justa, pero que también ofrezca gobernabilidad". "Tenemos diferencias, por cierto, y por eso es importante que los ciudadanos definan cuál es el liderazgo que más los interprete y para eso es la primaria del 4 de julio, no somos exactamente lo mismo (…) confiemos un poco más en la gente. Si empezamos a buscar siempre el punto que nos diferencia para poder evitar converger en una fuerza mayoritaria, estamos condenados a ser minoría u oposición", añadió. Según el ex diputado, "si el PS-PPD siguen este camino, están dinamitando la posibilidad real de disputarle el gobierno a la derecha y a Chile Vamos". 

La mirada desde el PR

En la misma línea, Maldonado manifestó que "nosotros hemos sido muy claros como PR en que creemos que el deber de toda la centroizquierda es potenciar la primaria legal del 4 de julio. La ciudadanía comparte nuestra visión, la gente quiere tomar las decisiones y lo lógico, lo sano, lo democrático es que todas las cartas presidenciales nos encontremos en la primaria legal". "Transfirámosle el poder a la gente, reconozcámosle a la gente la capacidad de decidir al nuevo liderazgo, no en etapas intermedias, no en primarias convencionales que en el fondo dependen más de las estructuras partidarias que de la voluntad ciudadana. Se los digo con respeto y cariño a nuestros aliados del PPD y el PS", enfatizó. Finalmente, el también candidato presidencial radical subrayó que "eso es lo que le hace sentido común a la ciudadanía, eso es lo correcto para el momento político que estamos viviendo. Todos a la gran primaria legal, nada de estaciones intermedias, porque no son un aporte e incluso yo creo que la ciudadanía no entendería su posible necesidad".

Fuente: Emol, 12 de Febrero 2021

Muerte de malabarista en Panguipulli

 Muerte de malabarista en Panguipulli revive dura polémica por control de identidad preventivo y las facultades sin control de Carabineros

Expertos y parlamentarios salieron al paso del procedimiento llevado a cabo por el oficial -imputado por homicidio- que le disparó en reiteradas ocasiones a un joven malabarista en la Región de Los Ríos. Voces parlamentarias, además de pedir llevar a cabo una completa refundación de Carabineros, apuntan a la normativa aprobada entre 2015 y 2016 en el Congreso y el diputado Giorgio Jackson remarcó que el proyecto de ley que deroga el control de identidad preventivo ya fue ingresado. Desde la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile afirmaron que lo sucedido durante la tarde del viernes no es más que "la consecuencia prevista en su momento por expertos durante la tramitación legislativa del control preventivo de identidad, donde era evidente que, la ampliación de las facultades de las policías sin un debido control en su aplicación, terminaría no solo con abusos y limitaciones a las libertades civiles sino que también con un homicidio en un procedimiento policial". Desde el otro lado de la vereda el Jefe de la bancada UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, aseguró que todo es obra de la oposición que "está deformando los hechos como si el carabinero hubiese actuado en forma premeditada". Mientras que el presidenciable de RN Mario Desbordes se cuadró con Carabineros y aseguró que "en Alemania o Chile, la policía hace uso de su arma". Junto con “lamentar la muerte de una persona”, el exministro de Defensa pidió “analizar objetivamente lo sucedido”. 

La muerte de Francisco Martínez (27) en Panguipulli volvió a sacar a flote duras críticas hacia el control de identidad preventivo, medida discutida en 2015 y aprobada en 2016 en el Congreso, durante el Gobierno de Michelle Bachelet. El procedimiento es el mismo que realizaba el carabinero que disparó contra el joven malabarista en la Región de Los Ríos, cobrando su vida y desatando de paso duras críticas hacia las descontroladas facultades de la institución policial.

Desde la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile afirmaron que lo sucedido durante la tarde del viernes no es más que "la consecuencia prevista en su momento por expertos durante la tramitación legislativa del control preventivo de identidad, donde era evidente que, la ampliación de las facultades de las policías sin un debido control en su aplicación, terminaría no solo con abusos y limitaciones a las libertades civiles sino que también con un homicidio en un procedimiento policial".

"Demuestra la necesidad urgente de implementar la refundación o las reformas que han recomendado todos los organismos internacionales en sus distintos informes", sostuvieron desde el ente universitario.

La socióloga y directora de Espacio Público, Lucía Dammert, se plegó a las críticas académicas y apuntó a que los controles de identidad son "un error desde todo punto de vista". Según dijo en Twitter, "la burbuja del mundo político no les permite ver que sirven para aumentar la discriminación, el mal trato y estigmatizacion de algunos grupos. El poder político estructural de carabineros tiene que ser limitado", manifestó.

La experta en temas de seguridad agregó que las imágenes del baleo en Panguipulli estremecen. "Una policía corrupta y un gobierno deslegitimado que no quiere intervenirla nos hacen mal como país. Un 'control de identidad' no debería terminar así. Espero, por el bien de Chile, que se investigue y esclarezcan los hechos", añadió.

Y es que el tema no es nuevo. Tal como recordó el diputado Gabriel Boric, la ley se discutió entre 2015 y 2016 en el marco de la llamada agenda corta anti-delincuencia. "En el Congreso fuimos pocas las voces que nos opusimos, pese a que mayoría de expertos en seguridad y académicos advirtieron efectos nocivos", anotó el parlamentario en Twitter.

Camila Vallejo, diputada del PC, calificó de inaceptable el crimen cometido por Carabineros y fustigó que "si no son capaces de aplicar criterio sobre el monopolio de la fuerza, ¿por qué las leyes debiesen otorgarle tal poder? El #ControlDeIdentidad no puede ser usado como medida de hostigamiento!", exclamó.

El diputado RD Giorgio Jackson también esbozó algunos comentarios y cuestionó que "cuántas veces nos dijeron 'el que nada hace nada teme', para validar el control de identidad preventivo. Se sabía que restringiría libertades, facilitaría abusos, discriminación y que sería muy ineficiente. No nos digan que no lo dijimos". Jackson fue enfático en decir además que el proyecto de ley que deroga el control de identidad preventivo ya fue ingresado. "Espero que tengamos el apoyo mayoritario para aprobarlo", comentó.

Pamela Jiles, del Partido Humanista, dijo que es necesario recordar los 87 votos a favor con que se aprobó ley sobre control preventivo de identidad, "cuya peligrosidad advertimos entonces". Según Jiles, el control preventivo de identidad impulsado por el gobierno de la Nueva Mayoría es "ineficiente ante la delincuencia y genera condiciones para abuso policial y transgresiones a derechos fundamentales. Llamo a la Unidad Constituyente a impulsar su derogación".

Del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, también recordó cuando se votó la ley del control preventivo de identidad y sentenció que "aquellos que nos opusimos dijimos muchas veces que no serviría para combatir eficazmente la delincuencia y que tendría segundas consecuencias no deseadas como el clasismo o atentar contra las libertades más básicas".

Claudio Orrego, candidato DC a gobernador por la Región Metropolitana, sostuvo que un control de identidad ajustado a protocolo "jamás debiera terminar con la muerte de un civil". "Junto con expresar mis condolencia a la familia de Francisco, reiteró que Carabineros requiere una reforma urgente".

"No señor Orrego", le respondió al exintendente el juez Daniel Urrutia. "Se les advirtió, todos les expertos dijeron lo que pasaría, y Carabineros requiere ser suprimido y reemplazado por una policía democrática, no militarizada, profesional, comunitaria y defensora y promotora de DDHH", cerró.

Desde el otro lado de la vereda el Jefe de la bancada UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, aseguró que todo es obra de la oposición que "está deformando los hechos como si el carabinero hubiese actuado en forma premeditada".

"Si un carabinero es atacado con machetes, no puede ser considerado culpable", afirmó el parlamentario.

El presidenciable de RN Mario Desbordes se cuadró con Carabineros y aseguró que "en Alemania o Chile, la policía hace uso de su arma". Junto con “lamentar la muerte de una persona”, el exministro de Defensa pidió “analizar objetivamente lo sucedido”.

Fuente: El Mostrador,  6 de Febrero 2021

OCDE desnuda la fragilidad chilena frente a la pandemia

 OCDE desnuda la fragilidad chilena frente a la pandemia: estudio revela que el 53% de los hogares no tiene un “colchón financiero” para protegerse ante la crisis

por El Mostrador Mercados 4 febrero, 2021

El último Estudio Económico de Chile elaborado por la OCDE asegura que la recuperación económica no estará exenta de desafíos, ya que el aumento del desempleo hasta niveles no vistos desde la crisis financiera mundial de 2008 y los presionados balances corporativos dejarán tanto a las empresas como a los hogares en una situación precaria durante algún tiempo. A pesar del pronóstico, el estudio prevé un crecimiento del PIB del 4,2% en 2021 y del 3,0% en 2022 y estima que la actividad volverá a los niveles anteriores a la pandemia a finales de 2022, aunque advierte que "un resurgimiento de los conflictos sociales podría frenar también el ritmo de la recuperación, al igual que la incertidumbre política con respecto a las próximas elecciones y la actual revisión constitucional". Desde Hacienda, el ministro Cerda valoró el estudio y destacó que "la solidez de nuestras políticas económicas nos ha permitido enfrentar esta crisis sin precedentes”.

Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que la persistente y elevada desigualdad en Chile es un reto clave. Esto no es algo nuevo, dicen, sino que es una cuestión que se acarrea desde hace tiempo. Y es que, según el último Estudio Económico sobre el país elaborado por el organismo, a pesar de los avances conseguidos en la reducción de la pobreza, "se considera que el 53% de los hogares del país son económicamente vulnerables, lo cual significa que no tienen un colchón financiero para protegerse frente a una caída repentina de sus ingresos (en comparación con el promedio del 39% de la OCDE)".

"El sistema de impuestos y transferencias de Chile contribuye a reducir la desigualdad de ingresos en menor medida que en la mayoría de países de la OCDE", sentencian desde el organismo de cooperación internacional.

A pesar del pronóstico, el informe sobre Chile considera que la economía se recuperará gradualmente en los próximos dos años, y que la actividad volverá a los niveles anteriores a la pandemia a finales de 2022. El estudio prevé un crecimiento del PIB del 4,2% en 2021 y del 3,0% en 2022, tras registrar una caída del 6,0% en 2020, si bien señala que la evolución de la pandemia sigue siendo un riesgo importante.

Desde la OCDE advierten que "un resurgimiento de los conflictos sociales podría frenar también el ritmo de la recuperación, al igual que la incertidumbre política con respecto a las próximas elecciones y la actual revisión constitucional".

"La solidez de las instituciones y de las finanzas públicas están ayudando a Chile a capear la crisis, si bien muchos hogares siguen afrontando graves dificultades", afirma Álvaro Pereira, director de estudios económicos de países de la OCDE, que ha presentado el Estudio junto con el ministro de Hacienda chileno, Rodrigo Cerda.

"Ajustar los impuestos y transferencias podría reducir el número de hogares económicamente vulnerables, mientras que la inversión en educación y competencias recortará las desigualdades a largo plazo. La crisis del COVID-19 ofrece una oportunidad para crear un consenso sobre reformas que garanticen unos servicios públicos sólidos, un sector empresarial dinámico y una sociedad más justa en la que todos los chilenos puedan compartir los frutos del crecimiento económico", agregó.

La recomendación de la OCDE

El Estudio recomienda seguir apoyando a las empresas, sobre todo a las pequeñas, y lo hogares vulnerables con transferencias monetarias hasta que la recuperación esté en marcha. Además, un paquete de emergencia de dos años de duración que incluye ayudas económicas para hogares con ingresos inestables, subvenciones a la contratación, inversión pública y medidas de liquidez para las empresas que lo necesiten. Asimismo, apunta que podría ampliarse la protección temporal para quienes acaban de perder su empleo al tiempo que recomienda que se cree un fondo único de financiación de la sanidad para cubrir los servicios comunes de todos los ciudadanos. También considera fundamental que se creen las condiciones necesarias para que las empresas medianas prosperen y puedan impulsar la recuperación y la creación de empleo.

La ampliación de la base imponible del impuesto a la renta – mediante la reducción de los umbrales de los tramos impositivos superiores e inferiores – y la eliminación de exenciones fiscales innecesarias, "sería un buen punto de partida para construir un sistema tributario y de transferencias más eficaz", sentencian. "Una parte de los ingresos adicionales obtenidos podría financiar un impuesto negativo a la renta, asegurando a cada hogar e individuo una prestación básica", afirma el estudio.

La OCDE recomienda que debería incrementarse el gasto público en educación primaria y secundaria, que actualmente se encuentra entre los más bajos de la OCDE. "En Chile, el acceso a la educación de calidad está fuertemente vinculado al estatus socioeconómico, lo cual perpetúa las desigualdades. Mejorar la educación para todos sería una forma de abordar parte del descontento por las desigualdades de ingresos y niveles de vida que desencadenaron las protestas sociales en 2019".

En el ámbito empresarial, incrementar la competencia, fomentar la adopción de tecnologías digitales y reducir la complejidad en los trámites regulatorios impulsarían el aumento de la productividad y potenciarían el crecimiento en las empresas. "Chile es un líder digital en América Latina, pero todavía debe mejorar el acceso a Internet de alta velocidad, sobre todo en las zonas rurales, intensificar la adopción de las herramientas digitales por parte de las empresas y mejorar las competencias digitales de la fuerza de trabajo, de modo que todos los chilenos puedan beneficiarse de la transformación digital".

El informe menciona que  Chile se ha visto sumido en una recesión tras experimentar dos grandes shocks, como han sido las protestas sociales de finales de 2019 y la actual crisis del COVID-19. Pero destacan que la solidez de las finanzas públicas del país le ha permitido adoptar medidas enérgicas de estímulo para respaldar la economía, si bien los riesgos continúan.

"Una vez que la crisis sanitaria esté controlada y la recuperación esté bien encaminada, las reformas deberían centrarse sobre todo en impulsar la creación de empleo y hacer que el crecimiento funcione para todos", apunta el nuevo informe de la OCDE.

"La solidez de nuestras políticas económicas nos han permitido enfrentar esta crisis"

“Este estudio es muy relevante, ya que nos permite analizar de mejor manera el impacto que ha tenido la pandemia en nuestra economía”, dijo el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en la presentación del reporte.

“Recientemente cumplimos 10 años como miembro de la OCDE. En este lapso, Chile ha obtenido numerosos logros y, sin duda, la solidez de nuestras políticas económicas nos ha permitido enfrentar esta crisis sin precedentes. En este sentido, me enorgullece que la OCDE haya destacado la solidez y seriedad institucional que ha caracterizado las políticas económicas y sociales de nuestro país como la clave para combatir estos desafíos”, agregó.

• Revise el Estudio Económico OCDE sobre el país acá                                                                  Fuente : El Mostrador, 4 de Febrero 2021

¿ Qué sucedió con el poder político ?

 Por Eduardo Alvarado Espina

El poder como voluntad y control sobre otros se diluyó. El ejercicio de autoridad se convirtió en un permanente acto fallido de instituciones políticas sin consentimiento ni propósito. Unas instituciones que hoy dependen de la dimensión más trágica del poder: el uso de la fuerza. Por ello, nada que esté asociado a ellas tendrá posibilidad de legitimarse. Solo quienes tengan la suficiente lucidez para identificarse con este momento sin hegemonía –todo indica que no serán los partidos– serán capaces de solidificar el poder para pivotar el cambio político. Para ello, es clave saber interpretar la “oportunidad política” que abrió el estallido social y que el resultado del plebiscito del 25 de octubre consagró. Pero previamente hay que entender que, como toda relación social, el poder está en ninguna parte y en todas a la vez.

Después de tres décadas, Chile comenzó a vivir una resignificación de la polis como espacio de deliberación popular. Dicho de otra forma, la mayoría de la sociedad se volvió a politizar. Pero esta vez, no era solo para confrontar un régimen injusto y antidemocrático, sino que también para impugnar las normas de la cultura hegemónica, para cambiar el sentido común.

En ese interludio, se constató el vaciamiento de autoridad simbólica de instituciones como Gobierno, Congreso, Fuerzas Armadas y Carabineros, difuminándose el poder que detentaban. La mayoritaria petición de renuncia de Piñera o los manifestantes encarando a militares para que se retiraran de las calles, fueron una expresión gráfica y tangible de la pérdida de autoridad. Lo mismo sucedió con otras instituciones no estatales, como medios de comunicación, Iglesia y sindicatos.

Asimismo, surgió una voluntad contrahegemónica que afectó el soft-power de la tecnocracia neoliberal. No hay que olvidar que todo estalló con el incremento del pasaje en el transporte público, una decisión adoptada por uno de los tantos grupos técnico-económicos a cargo del diseño e implementación de las políticas estatales. Una decisión que tuvo como respuesta la evasión masiva del pago por parte de los estudiantes. A partir de esa acción, se hizo evidente que el argumento de que estas decisiones son técnicas (sin sesgos ideológicos) es irreal, dejando sin influencia en la esfera pública al relato de los cónclaves empresariales y gubernamentales de las últimas décadas.

Sin caer en la exageración, el estallido social instaló el vacío de poder en la sociedad chilena. Ya no había a quien seguir, ni a quien escuchar. Tampoco existía un cuerpo de ideas estructuradas en un programa político. Se consagró así el quiebre entre sociedad y Estado. Un quiebre que estuvo preludiado por “la revolución pingüina” de 2006, “el movimiento estudiantil” de 2011 y la masividad de manifestaciones sectoriales en los últimos años (ecológicas, feministas, laborales, de pensiones). Fue la irrupción de esa mayoría social y política que había sido sistemáticamente excluida del proceso de toma de decisiones, como evidenció posteriormente el plebiscito de octubre de 2020.

Ahora bien, para saber qué implica un vacío de poder en el devenir político institucional, hay que responder a la siguiente interrogante: ¿qué sucedió con el poder político? Para ello, hay que comenzar por entender qué es el poder y cómo este se despliega en la política.

El poder, una relación social y cultural

Desde Maquiavelo hasta nuestros días, el poder se ha entendido en una doble dimensión: consentimiento y fuerza. Ambas dimensiones exponen la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas de convencer u obligar a otras para que hagan algo que no haría por propia iniciativa, voluntad o convicción (Easton, 1968; Aron, 1968; Friedrich; 1968). Yendo un poco más allá, Weber (1980) señaló que el poder se define por su capacidad de sintetizar lucha y política. Es decir, el poder sería “cualquier oportunidad en una relación social para imponer la voluntad de uno frente a la resistencia de otros, independientemente de lo que haya dado origen a esa oportunidad”. Entonces, hay que entender el poder como una relación social de oposición y resistencia, donde triunfa quien impone finalmente su voluntad, ya sea por consentimiento o fuerza.

En política, el poder es democrático cuando es consentido por mandato. Ese consentimiento es la influencia que ejercen algunos individuos a través de la moral, el carisma o el conocimiento que otros reconocen como necesario para liderar iniciativas, proyectos u organizaciones. Para que así sea, es esencial que las ideas y valores proyectados por ese liderazgo sean capaces de aunar una identidad colectiva. Cuando esto se consigue, se impone una identidad cultural que es reconocida como legítima por una mayoría y que, por este motivo, consigue gobernar y dirigir una comunidad desde una posición hegemónica. Así, el consentimiento, que es voluntario, produce un halo de poder exógeno e invisible que hace difícil cuestionar el dominio de esa identidad cultural.

Otra forma de entender el poder es la que propone Foucault (2012) a partir de los dispositivos de control . Este planteamiento supone que el poder está vinculado a las normas que definen la idea de lo aceptable en sociedad. Esos dispositivos no son evidentes, ya que se instalan en los procesos de socialización humana desde arriba hacia abajo. Son los que conforman el sentido común o la ideología dominante. Por ejemplo, que una persona es insana porque no se apega a las reglas de normalidad o que el esfuerzo individual es premiado por el mercado. Estos dispositivos actúan como principios rectores internos de lo que es aceptable y qué no lo es. Un ajuste normativo de la consciencia a las reglas de la normalidad, que es esencial para el ejercicio del poder. Entonces, cuando se produce el desajuste entre las normas aceptadas y la realidad observada, el poder, en cuanto relación social, pierde el consentimiento de quienes lo habían validado.

Del desequilibrio normativo, voluntad contrahegemónica e instituciones sin poder

El estallido social fue la expresión concreta de un desajuste o desequilibrio normativo (Mayol, 2020). Esto sucede cuando las normas que se entienden comúnmente aceptadas, no se aplican por igual. En otros términos, en toda sociedad hay normas escritas (leyes) y no escritas (morales) que deben ser cumplidas por todos, pero si en los hechos hay un grupo privilegiado de individuos que queda exento de hacerlo, entonces surge un desequilibrio que será la base, en caso de no ser corregido, de una futura impugnación al orden establecido. Por ello, evadir, tomarse las calles o enfrentar a la autoridad fueron acciones que la población consideró legítimas, para desafiar la relación de poder anteriormente aceptada .

De esta forma, se fueron desactivando varios dispositivos de control de la cultura dominante. Se impugnaron ciertas lógicas de lo “cierto” que impuso la estructura e ideología neoliberal, como aquella norma no escrita de que el mérito era adecuadamente recompensado por el mercado. Es más, mediante la colectivización del testimonio personal se hizo visible todo un sistema de abusos dedicado a transferir rentas desde los más pobres a los más ricos, el que va desde las AFP hasta el Crédito con Aval del Estado (CAE) para estudios superiores. Millones de personas en las calles durante semanas dieron cuenta de que esa impugnación era ampliamente compartida, dando forma a una voluntad contrahegemónica. Y cuando eso sucede, los valores e ideas acordados por las élites para ejercer el poder político van siendo poco a poco invalidados.

Fue entonces que el poder instituido dejó al desnudo su fragilidad, al asumir la impugnación como lo haría el mal príncipe de Maquiavelo, esto es, si no se puede ser amado, más vale ser temido. En la práctica, se recurrió a la fuerza de la policía y los militares. Con una ceguera propia de quien se considera incuestionable, la crisis del sistema se atendió como un asunto de orden público para la defensa de la democracia, como bien lo sintetiza la frase “estamos en guerra” a la que apeló el Presidente de la República el 19 de octubre de 2019. Por cierto, como señalan Levitsky y Ziblatt (20209), este es un pretexto que suele esgrimirse para subvertir la democracia. El resultado final fue la pérdida de legitimidad del poder instituido. De hecho, aumentó la resistencia a la acción coercitiva del Estado, la que dio paso al momento destituyente de las instituciones del poder y sus mandatarios.

Debido a todo lo anterior, el Gobierno perdió toda influencia en la agenda política del país. Ya no había propuesta que ofrecer más allá de la administración de algunas medidas que poco y nada respondían a las demandas sociales. En otras palabras, el Gobierno ya no podía ejercer el liderazgo institucional que impone el presidencialismo. Sebastián Piñera quedó como un costoso lastre para un régimen democrático derruido. Todo intento posterior por retomar algún tipo de liderazgo durante la emergencia sanitaria del COVID-19, denotó más bien la ansiedad de figuración personal del Presidente, antes que una visión política de Gobierno. Un síntoma más de la pérdida de consentimiento político y, por ende, de poder.

Finalmente, el plebiscito constitucional del 25 de octubre acabó por ratificar la presencia de esa voluntad contrahegemónica que subyacía en el estallido social. El aplastante resultado a favor de las opciones Apruebo y Convención Constitucional tiene dos lecturas que lo demostrarían: 1) la ciudadanía quiere más democracia; y 2) no quiere que la Constitución sea elaborada por la actual élite política. La primera tiene que ver con la democracia etimológica, esto es, que sea el pueblo el que escriba las reglas del juego. La segunda, se vincula a lo que algunos analistas han denominado el proceso destituyente de la élite gobernante de los últimos treinta años. Es lo que se deduce de ese 80% que prefirió un órgano constitucional sin los actuales parlamentarios. En pocas palabras, el plebiscito confirmó que ya no hay poder en quienes han sido impugnados.

En síntesis, el poder como voluntad y control sobre otros se diluyó. El ejercicio de autoridad se convirtió en un permanente acto fallido de instituciones políticas sin consentimiento ni propósito. Unas instituciones que hoy dependen de la dimensión más trágica del poder: el uso de la fuerza. Por ello, nada que esté asociado a ellas tendrá posibilidad de legitimarse. Solo quienes tengan la suficiente lucidez para identificarse con este momento sin hegemonía –todo indica que no serán los partidos– serán capaces de solidificar el poder para pivotar el cambio político. Para ello, es clave saber interpretar la “oportunidad política” que abrió el estallido social y que el resultado del plebiscito del 25 de octubre consagró. Pero previamente hay que entender que, como toda relación social, el poder está en ninguna parte y en todas a la vez.

Fuente: El Mostrador, 1 de Febrero 2021