RADICAL CHILENO : " GOBERNAR ES EDUCAR ". Para que la enseñanza pueda cumplir su función social con toda amplitud es necesario que sea : gratuita, única, obligatoria y laica. Pedro Aguirre Cerda, discurso presidencial 21 de Mayo 1939.
Las pensiones, un derecho humano que la nueva Constitución debe reconocer
Por René Solís de Ovando Segovia
El hecho, verdaderamente dramático, de que las pensiones –es decir, el bienestar de las personas en la vejez– esté en manos de agentes financieros especuladores que, como no podía ser de otra manera, se enriquecen a costa de años del esfuerzo y sacrificio de quienes no tienen más que su capacidad de trabajo, parece quedar en segundo plano. Da la impresión de que, en todo caso, el problema fuera más bien de poca eficiencia de las AFP, y no el disparate que significa dejar prácticamente la totalidad del bienestar de nuestros mayores en manos de especuladores. Y esto ocurre porque no se pone el foco en la cuestión principal.
En plena campaña para las elecciones presidenciales, el debate entre las distintas candidaturas sobre uno de los problemas sociales básicos de los chilenos, como es el pésimo sistema de pensiones, parece estar más presente que nunca.
¿Pero se trata de un verdadero debate de fondo? Por ejemplo, la gravísima situación de los pensionistas que dependen de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), por las noticias de prensa, da la impresión de reducirse a la posibilidad de retirar parte o la totalidad del ahorro depositado en estas entidades. Incluso, parece que todo radicara en conocer qué responsables políticos (candidatos o no) tuvieron el descaro de oponerse al retiro del ahorro previsional, mientras ellos sí lo hacían.
El hecho, verdaderamente dramático, de que las pensiones –es decir, el bienestar de las personas en la vejez– esté en manos de agentes financieros especuladores que, como no podía ser de otra manera, se enriquecen a costa de años del esfuerzo y sacrificio de quienes no tienen más que su capacidad de trabajo, parece quedar en segundo plano. Da la impresión de que, en todo caso, el problema fuera más bien de poca eficiencia de las AFP, y no el disparate que significa dejar prácticamente la totalidad del bienestar de nuestros mayores en manos de especuladores. Y esto ocurre porque no se pone el foco en la cuestión principal: las pensiones son la realización práctica de un derecho humano como es la garantía de rentas de las clases pasivas, que debe estar garantizado para todos. Y, puesto que se trata de un derecho –en este caso encuadrado en los llamados derechos sociales–, la obligación del Estado solo admite delegación sobre la gestión, nunca sobre el objeto mismo del ahorro, que no puede ser otro que ayudar a financiar las pensiones y en ningún caso generar beneficios a personas o entidades privadas.
Dos principios dan soporte a los derechos sociales: la obligatoriedad del Estado de garantizar su ejercicio y, por otra parte, asegurar la universalidad de acceso a los recursos y servicios que hacen viable tal garantía.
En investigaciones en marcha sobre normativa comparada en materia de protección social (Centro Iberoamericano de Estudios Sociales), se ha visto que las constituciones que recogen explícitamente la obligatoriedad del Estado de garantizar recursos y prestaciones sociales a los ciudadanos, son las pertenecientes a Estados con sólidos sistemas de protección social que, además, correlacionan con elevados niveles de desarrollo, como es el caso de Alemania, España, Portugal, Francia y países nórdicos, entre otros. Si observamos el caso de España, con la 2ª Constitución más joven de la Unión Europea –exceptuando los países excomunistas–, en el Art. 50 se dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Es decir, obliga al Estado a garantizar unas cuantías adecuadas de las pensiones (de jubilación y asistenciales) y, en consecuencia, que no puedan estar sometidas a riesgos financieros propios del mercado.
Pero es más, en el Art. 47, referido a un derecho directamente relacionado con el bienestar social, que lógicamente también afecta importantemente a las personas mayores, como es el derecho a una vivienda digna, dice que “(…) los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Por lo tanto, los derechos consagrados en la Constitución debe garantizarlos el Estado y, por si cupiera alguna interpretación diferente, en la propia Carta Magna se indica la necesidad de “impedir la especulación”. Y, además de quedar clara la obligatoriedad del Estado en el reconocimiento de los derechos sociales de la ciudadanía, se indica que se trata de derechos de todas las personas, lo que se ha de traducir en que los recursos y prestaciones que hacen viable su ejercicio son de acceso universal.
Este tipo de modelos, presentes y consolidados en la llamada Europa del bienestar social, en donde se garantiza salud, educación y servicios sociales de carácter universal y gratuitos, han funcionado –y lo siguen haciendo– con indudable éxito en crisis económicas y catástrofes medioambientales, etc., objetivamente no tienen cabida en el Chile actual, entre otras causas, porque para implementar estos sistemas de protección social es necesaria una Constitución que reconozca los derechos sociales a los que tales sistemas responden. Lo mismo ocurre con el derecho a pensiones dignas, no existe el reconocimiento constitucional de tal derecho.
Y una última reflexión: en el marco de un Estado de derecho, un potente y bien estructurado Sistema de Protección Social no solamente no es caro, sino que, al disminuir drásticamente las situaciones de desigualdad, desventaja social y exclusión, reduce, también de forma radical, el gasto en salud, dependencia y asistencia social… ya sea de forma directa o a través de subvenciones a entidades privadas.
Pandora Papers: los 3 presidentes latinoamericanos (y los exmandatarios) que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas
Redacción
BBC News Mundo
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Sebastián Piñera de Chile; Guillermo Lasso de Ecuador; y Luis Abinader de República Dominicana, son los presidentes latinoamericanos que aparecen en los Pandora Papers.
Tres presidentes y 11 expresidentes de países de América Latina figuran en los Pandora Papers, una de las mayores filtraciones de documentos financieros que se haya publicado.
Son casi 12 millones de documentos que revelan el uso de compañías offshore en paraísos fiscales, la riqueza secreta, la evasión de impuestos o, en algunos casos, el lavado de dinero por parte de las personas más poderosas y adineradas del mundo.
En estos archivos aparecen 35 presidentes o expresidentes, 14 de ellos pertenecen a América Latina.
Sebastián Piñera, presidente de Chile; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana, aparecen en la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Además figuran 11 expresidentes de la región. Entre los más conocidos están los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana y el peruano Pedro Pablo Kuczynski.
"Cuando estamos hablando de élites políticas, presidentes o expresidentes, son personas que pueden cambiar regulaciones, son personas que se están beneficiando de este sistema offshore, entonces hay que preguntarse cómo puede afectar esto a los ciudadanos en temas de impuestos y de transparencia", le dice a BBC Mundo Emilia Díaz-Struck, coordinadora del ICIJ para América Latina.
Por su parte, Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas, una red de periodistas que evaluó la información de los Pandora Papers para Colombia, sostiene que "llama poderosamente la atención que en esta oportunidad aparezcan un volumen tan alto de primeros mandatarios o primeros exmandatarios de la región".
"Serán las autoridades quienes tengan que determinar si hay o no una irregularidad, pero precisamente como cabezas máximas del ejecutivo deberían ser los primeros en dar ejemplo de transparencia y no tener espacios que den a entender que hay algo de secretismo en el manejo de sus cuentas y sus finanzas personales", añade Huertas.
Estos son algunos de los principales hallazgos de los Pandora Papers en América Latina
Chile
Antes de ser presidente Piñera ya era reconocido como una de las personas más ricas de Chile. Gran parte de su fortuna la hizo en los 80, cuando creó una compañía de tarjetas de crédito. También invirtió en la aerolínea LAN, en el equipo de fútbol Colo Colo y un canal de televisión.
La investigación del ICIJ menciona un negocio de la familia Piñera, que involucra la compraventa del proyecto minero Dominga.
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Las Islas Vírgenes Británicas son consideradas un paraíso fiscal.
Según el portal LaBot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Piñera Moral era la mayor accionista de este proyecto minero.
Esto fue así hasta 2010, cuando Piñera llevaba 9 meses en el poder.
Ese año, el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones.
Parte de esta operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.
Según las investigaciones del ICIJ, la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas.
El pago de la última cuota, por valor de US$9,9 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina.
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Piñera sostiene que desde hace 12 años no está a cargo de sus negocios.
El detalle, indica LaBot, es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del gobierno de Piñera.
Cuatro meses antes de que se hiciera ese trato, Piñera detuvo la construcción de una planta termoeléctrica en un área de interés ambiental cerca del proyecto minero, argumentando que quería proteger un "santuario de la naturaleza", según recoge el ICIJ.
A pesar de la presión de los grupos ambientalistas, Piñera no implementó tales protecciones.
El ICIJ explica que no está claro si la reserva natural habría hundido el proyecto minero, o si el pago finalmente se realizó.
El proyecto minero aún está en trámite para lograr su aprobación.
En un comunicado este domingo, la oficina de prensa de la presidencia de Chile sostuvo que Piñera dijo "no ha participado ni ha tenido tenido información alguna respecto del proceso de venta" del proyecto Dominga.
"Se reitera que el presidente de la República no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia", señala el comunicado.
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Varias de las sociedades que aparecen en los Pandora Papers fueron creadas en Panamá.
"Los hechos mencionados ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito (...) y la falta de participación del presidente", señala el comunicado.
Ecuador
Los Pandora Papers muestran que Guillermo Lasso, exbanquero y presidente de Ecuador, ha tenido vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, EE.UU.
En 2017, en Dakota del Sur se crearon los fideicomisos Bretten Trust y Liberty US Trust, señala el ICIJ.
Lasso autorizó la transferencia de empresas en poder de dos fundaciones de interés privado panameñas llamadas Bernini y Barberini, a esos dos nuevos fideicomisos, dice la investigación.
Según las reglas que rigen cada fundación, se realizarían distribuciones mensuales a los beneficiarios después de la muerte de Lasso, incluyendo US$20.000 para su esposa; US$2.000 para sus hijos; y US$1.500 para su hermano.
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Guillermo Lasso.
En declaraciones al ICIJ, Lasso dijo que no tiene ninguna relación respecto a la propiedad, el control, el beneficio o el interés de ningún tipo de Bretten Trust y Liberty US Trust.
Lasso también sostuvo que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, la cual prohíbe a candidatos y servidores públicos tener sociedades offshore.
Otras diez compañías offshore y fundaciones de interés privado pertenecientes a Lasso y que aparecen en los Pandora Papers han sido disueltas.
El presidente le dijo al ICIJ que estas entidades ya no existen legalmente, que su uso en el pasado fue legítimo, y que ninguna estuvo relacionada con su servicio público.
A pesar de las explicaciones, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, escribió en su cuenta de Twitter: "¡Qué bonito es no tener rabo de paja! Veremos quién es quién en Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Sin paraísos fiscales, no existiría la corrupción de alto vuelo. Tic toc…".
República Dominicana
Luis Abinader, presidente de República Dominicana desde 2020, es uno de los políticos latinoamericanos que figuran en los Pandora Papers.
Antes de ser presidente Abinader fue el director general del Grupo Abicor, un consorcio familiar que incluye una firma de construcción y bienes raíces, una cementera y una universidad privada.
Él, un hermano y una hermana aparecen como dueños de dos empresas creadas en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso S.A., de acuerdo a ICIJ, fundadas en 2011 y 2014, respectivamente.
Según le dijo el mandatario a ICIJ, Littlecot "posee una propiedad familiar en República Dominicana" y Padreso S.A. "posee acciones de otras entidades que poseen propiedades y extensiones de la universidad privada" O&M que pertenece a su familia.
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Luis Abinader.
Cuando asumió la presidencia, Abinader declaró y puso ambas compañías offshore y al menos otras siete— bajo un "fideicomiso revocable", detallaron ICIJ y el portal dominicano Noticias SIN.
Ante la filtración, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental de República Dominicana, Homero Figueroa, defendió la "transparencia" de Abinader.
En Twitter Figueroa sostuvo que la información publicada por los Pandora Papers hace recordar que la declaración de patrimonio de Abinader "incluye todas las compañías offshore manejadas bajo un fideicomiso familiar".
Antes de la publicación de los Pandora Papers, ICIJ le preguntó a Abinader por qué tenía empresas offshore.
En declaraciones al ICIJ, Abinader dijo que tiene entidades offshore porque, hasta hace poco, República Dominicana no contaba con leyes corporativas suficientes para que las compañías locales hicieran negocios en el exterior.
Colombia
El capítulo colombiano de Pandora Papers incluye 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como dueños reales de sociedades offshore, según revela el diario El Espectador y la red Connectas.
En la lista en que la aparecen millonarios, embajadores y excongresistas, destacan los espresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana.
El ICIJ muestra negocios entre compañías creadas por Gaviria y familiares cercanos en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.
El expresidente y su hermano Luis Fernando Gaviria figuran como directores de MC2 Internacional SA, una compañía registrada en Panamá relacionada con el sector de hidrocarburos.
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César Gaviria.
En su fundación, varias "empresas cascarón" con sede en Panamá actuaron como accionistas, señala el ICIJ.
Con el tiempo, la sociedad panameña se convirtió en la única accionista de la empresa colombiana MC2 S.A.S. ESP., una compañía dedicada a la comercialización, transporte, compresión, almacenamiento y descompresión de gas natural.
MC2 S.A.S. ESP., fue constituida en 2006 por Luis Fernando Gaviria y, un año después, el expresidente Gaviria se unió al negocio como accionista mayoritario.
"En 2010, según documentos de la Cámara de Comercio, la estructura societaria de la empresa cambió, los accionistas dejaron de ser personas naturales y quedaron en cabeza de MC2 Internacional S.A.", según la investigación publicada por El Espectador y CONNECTAS.
Los documentos revelaron que en los años siguientes "ingresaron nuevos socios, pero César y Luis Fernando Gaviria se han mantenido".
El ICIJ no obtuvo respuesta por parte del expresidente, pero su hermano les envió un correo en el que manifestó que "la información financiera y tributaria de los ciudadanos colombianos está amparada por la reserva documental".
Por su parte, Andrés Pastrana y su esposa Nohra Puyana aparecen registrados como propietarios de la empresa panameña Vanguard Investment Inc.
Esta sociedad a su vez es accionista de la firma colombiana Salatina Puyana y Cía S. en C, propiedad de Pastrana.
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Andrés Pastrana.
Según indica El Espectador y Connectas, durante una década el nombre de la empresa colombiana como accionista de la panameña se mantuvo en anonimato, usando la figura de acciones al portador.
En 2016, a raíz de cambios en la regulación, se incluyó el nombre real de la firma dueña de las acciones.
Según las explicaciones de Pastrana, citadas por El Espectador y Connectas, su objetivo era "hacer inversiones colombianas en el exterior".
Sobre Vanguard Investment, el expresidente dijo que se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio" e insistió en que la información siempre estuvo disponible al público.
Otro de los nombres que se vio involucrado en la publicación fue Lisandro Junco, actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, quien señaló lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Mis declaraciones y TODO mi proceder está abierto a las autoridades, y fue mostrado a estos medios y a sus periodistas en varias reuniones, ya que no tengo nada que esconder".
Uno de los líderes de la oposición colombiana, Gustavo Petro, anotó que la publicación de los Panamá Papers era una muestra de la importancia de modificar el sistema impositivo en Colombia.
"588 colombianos, de los más ricos del país tienen cuentas en paraísos fiscales, es decir,no pagan impuestos a Colombia. ¿Ven porque es pertinente subirle los impuestos a los patrimonios improductivos de los más ricos del país en vez de ponerle impuestos al salario o a la comida?", escribió en su cuenta de Twitter.
Perú
El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, es otro de los exmandatarios que aparecen en los Pandora Papers.
En su caso, la filtración se centra en la empresa offshore Dorado Asset Management Ltd.
La compañía fue creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2004, mientras PPK era ministro de Economía en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.
Fue trasladada a Perú en 2014 y funcionó hasta marzo de 2019, detalla ICIJ.
De acuerdo a los Pandora Papers, el fin de la empresa era "ofrecer asesoría financiera y servicios de inversión".
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Pedro Pablo Kuczynski.
Pero en 2018, PPK reconoció que "le había vendido su casa a Dorado por US$695.000 para evitar pagar impuestos en EE.UU. cuando renunció a la ciudadanía de ese país", dice el ICIJ. Sus abogados dijeron en su momento que la venta era legal.
Pero en 2019, la Fiscalía peruana descubrió que el dinero que Dorado le pagó a PPK por su casa provenía de otra empresa de PPK, Westfield Capital Ltd., detalla ICIJ.
Westfield Capital fue una de las dos empresas de PPK que recibieron pagos por asesorías de la constructora brasileña Odebrecht mientras que Kuczynski era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo.
PPK renunció en marzo de 2018 a la presidencia de Perú en medio de acusaciones de haber recibido supuestos sobornos de Odebrecht. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario mientras la autoridades peruanas investigan dichos cargos.
México
De México aparecen 3.047 registros de personas que movieron fortunas a paraísos fiscales.
Entre ellos resaltan el político Julio Scherer, quien fue consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el pasado 2 de septiembre.
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Julio Scherer Ibarra
También está el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis.
Empresarios reconocidos como Germán Larrea y María Asunción Arámbulo Zabala aparecen también en la lista.
Otros líderes de la región
En América Latina los Pandora Papers incluyen casi 100 políticos y funcionarios de 18 países a quienes se les encontraron vínculos con compañías offshore.
Entre los más prominentes que menciona la investigación aparecen los expresidentes Porfirio Lobo de Honduras, Alfredo Cristiani y Francisco Flores de El Salvador, Horacio Cartes de Paraguay, y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares de Panamá.
En Brasil, los Pandora Papers involucran al ministro de Economía, Paulo Guedes, y al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.
Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. El programa de investigación de la BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigación en Reino Unido.
