domingo, 6 de junio de 2021

Neoliberalismo. ¿ El comienzo del fin ?

 Humanidades

Neoliberalismo. ¿El comienzo del fin?

El neoliberalismo se instauró en las sociedades el siglo XX. En Chile, su vigencia puede verse, por ejemplo, en la discusión sobre matrimonio igualitario, los derechos reproductivos y de acceso a recursos naturales. Cuatro especialistas revisan esta corriente de pensamiento, y dan una mirada a lo que ocurre en la actualidad.

Por: Diario Concepción06 de Junio 2021
Fotografía: Carolina Echagüe

Por Ximena Cortés Oñate

El neoliberalismo ha sido recurrentemente criticado en nuestra sociedad, más aún luego del 18 de octubre de 2019, cuando el llamado estallido social lo puso en el centro de su ira. No siempre existe total claridad sobre el concepto, pero pareciera haber consenso en torno a que se trata de un modelo que genera desigualdades y sigue vigente en nuestra sociedad.

La socióloga Beatriz Cid explica que el neoliberalismo es una corriente teórica e ideológica y una práctica política, que revive, en parte, el liberalismo clásico. “En suma, propone la libertad económica como valor central y la reducción del tamaño del Estado”.
Como práctica política, señala la directora del Magister en Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción, el neoliberalismo “remite a las transformaciones que apuntaron al desmantelamiento de los Estados de Bienestar, keynesianos, y estados de compromiso desde los años ’80”.

El economista Jorge Dresdner agrega que, como corriente de pensamiento, el neoliberalismo descansa en una filosofía política que busca hacer resurgir el ideario liberal, pero en una versión más moderna.

“Uno de los elementos destacados es que busca sustento en una corriente de la teoría económica que enfatiza el libre funcionamiento de los mercados. Pero, sus ideas básicas se derivan de la preeminencia de la libertad individual y el rol disminuido (subsidiario) que debe tener el Estado en la sociedad”, sostiene el Doctor en Economía y académico del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción.

En tanto, el filósofo Cristóbal Friz prefiere cifrar en la transformación del mercado en garante del presunto funcionamiento autónomo del aparato económico, una de las consecuencias más evidentes del neoliberalismo.

Para el Doctor en Estudios Americanos, “esto supone, entre otras cosas, que lo que en una perspectiva democrática podemos considerar como derechos sociales (salud, pensiones y educación, por ejemplo), pasan a ser ponderados como bienes y servicios que se transan en el mercado privado. Al mismo tiempo, dejamos de ser concebidos como sujetos de derechos, para pasar a ser tratados como agentes económicos: oferentes, productores, consumidores, etc”.

Algo similar señala Dresdner, al asociar el neoliberalismo con “la histórica disolución de los lazos comunitarios fuertes que caracterizaban a las sociedades más avanzadas hasta comienzos del siglo XX, y la generación de una conciencia fuerte sobre la importancia de la individualidad”. Entonces, dice, “creo que se basa en un cambio importante que se produjo en las sociedades humanas durante el siglo XX y que actualmente aún está vigente, por ejemplo, en la discusión sobre matrimonio igualitario y derechos reproductivos. Por supuesto, como toda visión filosófica, es sólo una de las formas posibles de entender la individualidad”.

Cid, por su parte, es enfática en aclarar que neoliberalismo no es sinónimo de capitalismo. “Hay muchos tipos de capitalismos reales y el neoliberalismo, como ideología y como práctica, es un tipo de capitalismo”.

En 1944, explica, el científico social y filósofo Karl Polanyi realizó una importante crítica al liberalismo económico, por considerar los factores de producción -tierra, trabajo y capital- como mercancías comunes, sujetas a mercados autorregulados. El trabajo, dice Cid, “no es en realidad solo fuerza de trabajo (mercancía cuyo valor es el salario de mercado), sino la propia vida humana que se reproduce en los ciclos familiares. Asimismo, la tierra tampoco es una mercancía regular, sino la naturaleza que sigue sus propios ciclos de reproducción de la vida”.

En ese sentido, agrega, “Polanyi nos dice que reducir tierra y trabajo a la condición de mercancías sujetas a transacciones en mercados autorregulados – precio de la tierra y salario de mercado -, no permite garantizar sus condiciones de reproducción ni tampoco su calidad”.

Modelo desigual

Chile ha sido tildado de laboratorio de experimentación de las políticas neoliberales, recuerda Friz. En ese sentido, no le parece extraño la manifiesta incomodidad que se evidencia en la sociedad con respecto al neoliberalismo.

Según la abogada Amaya Alvez, “hoy la ciudadanía clama por un pacto social de corte igualitario, ante la evidencia del fracaso de las lógicas de mercado para la provisión de derechos sociales y la administración de recursos naturales, como el caso del agua”.

A juicio de la académica de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC, “es claro que el crecimiento macroeconómico ha acrecentado las desigualdades, depredando los recursos naturales y maltratado a las comunidades, ante lo cual ha emergido un profundo malestar social. Además, la ciudadanía ha impugnado el modelo de gobernanza impuesto por el neoliberalismo, reclamando un modelo más transparente y participativo, que logre transformar el modelo de vida y de convivencia que nos rige”.

Para Dresdner, la visión neoliberal se asume y se plasma en la sociedad chilena en una forma especial. “Ésta fue determinada por el momento político que vivía el país en los años 70 y 80 (dictadura militar) y la versión autóctona se genera cargada de muchas ideas conservadoras”.

A su juicio, su expresión más clara en el plano público está “en las políticas que inicia el gobierno militar que afectan el sistema de previsión social, la reforma de las relaciones laborales, la política educacional, y la privatización de la economía, entre otras”. Todas tienen un mismo acento, señala: aumentar el espacio de decisiones de la empresa privada y la reducción de la injerencia del Estado en la oferta de servicios públicos básicos para la población.

“Esto genera una redistribución de la riqueza enorme en el país que beneficia a ciertos grupos económicos, y redunda en grandes desigualdades en el acceso a servicios básicos como previsión, salud y educación. Parte del malestar que viven grandes sectores de la población están relacionados con la desigualdad que esta situación generó en la riqueza, ingresos, acceso a los servicios, y trato”, agrega el economista.

Teniendo esos antecedentes en cuenta, Friz señala que “el hecho de que los denominados gobiernos postdictatoriales mantuvieran y profundizaran estas políticas, en lugar de contravenirlas o revertirlas, me parece que es otra causa de descontento importante”. A esto agrega que el neoliberal es un modelo en el cual la profundización de las desigualdades no es una falla, sino parte de los resultados que se consideran espontáneos del orden de mercado.

Friz considera, además, que el rechazo del modelo “hunde sus raíces en el hecho de que, llevado a sus últimas consecuencias, el proyecto neoliberal es antipolítico y antidemocrático: confiar el ordenamiento del orden social al presunto automatismo del mercado supone, en su extremo, negar la posibilidad de que la sociedad decida de forma consciente y autónoma sobre sus modos de vida”.

Cid va más allá. “Buena parte del siglo XX fue un ejercicio político y económico de rechazo al liberalismo global de la Pax Britannica del siglo XIX y de establecimiento de mecanismos de protección de estos factores productivos. Este rechazo tomó muchas formas: la experiencia de los socialismos reales, los capitalismos regulados, los estados keynesianos de compromiso y de bienestar, e incluso el fascismo, que ha sido visto como una forma de rechazo -bastante perversa- a la experiencia liberal”.

Hacia finales del siglo XX y en el contexto de la crisis, complementa, “encontramos una nueva ola de hegemonía liberal –neoliberal ahora- que se expresó en un consenso en torno al achicamiento del Estado, y el desarrollo de economías globales bastante desreguladas”. En su opinión, “gran parte de la crítica que Polanyi hace al liberalismo clásico aplica en el contexto contemporáneo: la desregulación y la ausencia de mecanismos de protección amenaza la sustentabilidad y las condiciones de reproducción de la vida económica (sus factores productivos), que no son otra cosa que la sociedad humana y su contexto natural”.

¿El comienzo del fin?

Frente a la crisis social y sanitaria que vivimos en la actualidad, las sociedades demandan formas de protección que aseguren su bienestar. Cid reconoce que estas demandas no siempre toman vías democráticas. “Si en el siglo XX ciertas formas de antiliberalismo encontraron expresión en el fascismo, el riesgo ahora son experiencias como el Trumpismo. Me gusta pensar, en todo caso, que debieran imponerse miradas y alternativas de carácter emancipador”.

Por su parte, Alvez pone el foco en la constante negativa del gobierno a implementar políticas de corte universal, en un momento extraordinario como el que vivimos, que ha generado angustia en miles de familias. “La focalización ha sido un mantra de las políticas neoliberales, pero ha chocado ante la carencia de registros sociales adecuados para comprender la realidad socioeconómica de las familias, que en muchos casos dependen de ingresos informales y viven agobiados por las deudas que el mismo modelo fomenta”.

Para ella, ha llegado el comienzo del fin del neoliberalismo como pacto social. Una notable evidencia, dice, es el proceso de vacunación. “Ha sido dirigido y orientado por el Estado a través de una lógica de universalidad, escalonado según vulnerabilidad, sin distinguir entre ingresos y sistemas de provisión de salud para la distribución de las vacunas. Ello demuestra que es perfectamente posible organizar los derechos sociales bajo una lógica pública”.

Desde su rol de Constituyente electa por el Distrito 20, Alvez señala que “la Nueva Constitución deberá sentar las bases de un modelo de Estado social de derechos, reencontrándose con la tradición republicana que fuera abruptamente rota con la imposición de la Constitución de 1980. Para ello, tendremos la oportunidad histórica de definir colectivamente las potestades públicas del Estado frente al mercado y la forma que asumirá nuestro modelo democrático”.

Para Friz, una alternativa real al neoliberalismo es el proyecto de una sociedad distinta, cuyos principios fundantes sean formulados en términos positivos. “Una sociedad propiamente política y democrática: una sociedad que decide sus destinos, sus modos de vida; que decide, por ejemplo, qué son derechos, por una parte, y qué son bienes transables en el mercado, por otra”.

Dresdner da una mirada distinta. “Lo que tenemos en el mundo son sociedades con distintos grados de `individualismo´ y `colectivismo´. La pregunta es cuánto estamos dispuestos a restringir las libertades individuales por el bien común”. Y pone un ejemplo: “la pandemia ha significado una restricción fuerte en la libertad para movilizarse. Lo podemos aceptar temporalmente por la emergencia, pero probablemente no vamos a estar dispuestos a aceptarlo en otras condiciones o en forma permanente. Entonces, la individualidad que proclama el neoliberalismo y su libertad de elegir, probablemente van a subsistir en una serie de áreas en la sociedad”.

Por ello, cree que es difícil pensar en una sociedad sin rasgos neoliberales en este sentido. Pero, “lo que caracteriza a las sociedades no son todos los elementos que contienen, sino las ideas centrales que la fundan. Y, probablemente, lo que va a surgir de la Nueva Constitución es una sociedad con menos rasgos neoliberales, donde áreas importantes de servicios básicos van a estar determinados por sistemas colectivos”.

Cid también se manifiesta convencida de que es indispensable pensar más allá del neoliberalismo. Para ello, propone observar las prácticas de cooperación que llevan a cabo comunidades hoy en día. “Estas son muchas veces experiencias reales -de pequeña y mediana escala- de producción de relaciones sociales, no mediadas por mercados autorregulados, sino por formas de protección y cuidado de las personas y del medio ambiente. Hay muchísimas de esas experiencias, desde las prácticas de ollas comunes, hasta empresas de carácter social; y creo que representan ejercicios a estudiar y buscar escalar”.

También recuerda las amplias y antiguas tradiciones del cooperativismo, mutualismo, economía social y economía solidaria. “Ya desde los orígenes del capitalismo moderno, grupos de trabajadores y personas se han organizado en forma autogestionaria. Hay ahí una tradición -fuertemente democrática, política y colectiva- de construcción de alternativas al neoliberalismo”.

Universidad y neoliberalismo

En su libro “La universidad en disputa. Sujeto, educación y formación universitaria en la concepción neoliberal”, Friz se refiere a los efectos de la implementación de las políticas neoliberales en la formación de estudiantes de educación superior.
Uno de ellos, quizás el más evidente, dice, es que el estudiante “deja de ser concebido como un sujeto portador de derechos, como un ciudadano que es instruido para hacer un aporte a su comunidad y es transformado en un cliente. La formación universitaria es enfocada como una inversión en capital humano, y el estudiante como alguien que gestiona, desde la elección vocacional misma, su carrera en términos de mercado”.

Lo anterior, señala, “repercute en los académicos, los que pasamos de ser formadores a ser prestadores de servicios educacionales. La investigación, por su parte, pasa a ser concebida como una labor competitiva: por ejemplo, los fondos fiscales son asignados, justamente, a quienes tienen las credenciales para, presuntamente, triunfar en el mercado”.

El filósofo aclara que las políticas neoliberales afectan a todas las universidades del sistema nacional, ya sean estatales, privadas tradicionales, o pertenezcan al grupo de universidades creadas con posterioridad a 1981 (cuando comienza la “neoliberalización” del sistema de educación superior chileno). “Todas deben competir como agencias en un mercado y legitimarse por los mismos criterios de calidad (un criterio de mercado), dictados por un poder ejecutivo que opera como garante del funcionamiento de la lógica mercantil”.

Para él, superar esta situación requiere de decisión política, que es justamente algo debilitado o neutralizado por la lógica neoliberal.

Amaya Alvez: “Es claro que el crecimiento macroeconómico ha acrecentado las desigualdades, depredando los recursos naturales y maltratado a las comunidades, ante lo cual ha emergido un profundo malestar social”.

Jorge Dresdner: “La expresión más clara del neoliberalismo en el plano público está en las políticas que inicia el gobierno militar que afectan el sistema de previsión social, la reforma de las relaciones laborales, la política educacional, y la privatización de la economía, entre otras”.

Beatriz Cid: “Si en el siglo XX ciertas formas de antiliberalismo encontraron expresión en el fascismo, el riesgo ahora son experiencias como el Trumpismo. Me gusta pensar en todo caso, que debieran imponerse miradas y alternativas de carácter emancipador”.

 

Cristóbal Friz: “Confiar el ordenamiento del orden social al presunto automatismo del mercado supone, en su extremo, negar la posibilidad de que la sociedad decida de forma consciente y autónoma sobre sus modos de vida”.

Libros recomendados

– Libertad de Elegir, Milton Friedman. 1980.
– Capitalismo y libertad, Milton Friedman. 1966.
– La universidad en disputa. Sujeto, educación y formación universitaria en la concepción neoliberal, Cristóbal Friz. 2016.
– Camino de servidumbre, Friedrich Hayek, 1944.
– Los fundamentos de la libertad, Friedrich Hayek. 1959.
– El ladrillo. Bases de la política económica del gobierno militar. Centro de Estudios Públicos, 1992.
– El otro modelo, Fernando Atria. 2020.
– El Estado Emprendedor, Mariana Mazzucato. 2019.

Fuente: Diario Concepción, 6 de Junio 2021

martes, 1 de junio de 2021

El rey sigue desnudo

 EL REY SIGUE DESNUDO: LA ÚLTIMA CUENTA DEL PRESIDENTE PIÑERA

Por Hernán Leighton y Nicole Martínez


El Presidente Sebastián Piñera rinde hoy su última Cuenta Pública sobre el estado de la nación, en medio del desmarque de los candidatos presidenciales de su sector y sindicado como el mayor responsable de la debacle electoral del oficialismo. El Mandatario llega desnudo –como en el cuento "El traje nuevo del emperador"–, pero pensando que viste finos ropajes. Siendo su última Cuenta ante el país, el Jefe de Estado somete al escrutinio ciudadano todo su segundo mandato, en el que destacan promesas de campaña incumplidas, como la de los "tiempos mejores", y desaciertos importantes como "el oasis", "la pizza", la declaración de guerra, la foto en Plaza Italia, y errores políticos de envergadura, como su prescindencia para encabezar el proceso que llevará al país a redactar la nueva Constitución, las violaciones de los derechos humanos y la tensión interinstitucional que generó entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por su requerimiento ante el TC –cuya admisibilidad fue rechazada–, para oponerse al tercer retiro de fondos de pensiones. Pero, pese a ello, quienes conocen la interna de Palacio aseguran que el Jefe de Estado "está empecinado en intentar imponer su mirada de los hechos", una que chocaría no solo con la realidad sino también con la visión de personeros a su cargo y de su sector, que acusan al Presidente de ser incapaz de ver más allá de sus propios diagnósticos. Algo que tiene directa relación con los insumos que les pidió a sus ministros para sustentar su discurso, bajo una sola condición: que cumplieran con el requisito de enfocarse en lo que insiste y pretende que sea su legado.

Toda crisis trae consigo una oportunidad, se suele escuchar en los peores momentos, y en el caso del Presidente, Sebastián Piñera, esto claramente se desaprovechó. En esta, su última Cuenta Pública a la nación, el Mandatario cuenta con una larga lista de desaciertos, lecturas fallidas y oportunidades perdidas, que no dan cuenta solo de los errores políticos del último año, sino más bien de una buena parte de toda su gestión. La lista incluye desde el fracaso de hacer tangible su promesa de campaña de que vienen "tiempos mejores"; su cuestionada visión respecto a que Chile era "un oasis", pronunciada apenas semanas antes de que explotara el estallido social; las violaciones a los derechos humanos, más la penosa declaración de "estamos en guerra";  la "pizza" y la foto posada en Plaza Italia; su prescindencia para encabezar el proceso de transformación política y cultural del país a través de una nueva Constitución; el regateo para conceder beneficios sociales durante la pandemia y su respectiva crisis económica; el portazo que recibió del Tribunal Constitucional, que rechazó el requerimiento que pretendía evitar el tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones. Y, últimamente, la desafectación de los aliados de Chile Vamos, en cuyo sector incluso hubo quienes recomendaron al Presidente quedarse callado, tras responsabilizarlo de los malos resultados electorales en la elecciones de los días 15 y 16 de mayo.

Con todo esto, fuentes del oficialismo y de la oposición opinan que el Jefe de Estado, más que dar una cuenta pública, "debería dar explicaciones al país". Aunque la evidencia de los hechos dice otra cosa, quienes conocen de cerca la personalidad del Presidente Piñera dan por hecho que el Mandatario no va a dejar pasar la concentración de miradas para insistir en una idea que ha generado bastante resistencia y que ha sido deslegitimada, principalmente desde su propio sector: se trata del legado.

A pesar de los múltiples cuestionamientos provenientes desde Chile Vamos a su gestión política, a la incapacidad que tuvo para ampliar su mirada luego de las dos mayores crisis, tanto política como social , el Primer Mandatario está empecinado en intentar imponer su mirada de los hechos, una que chocaría no solo con la realidad sino también con la visión de personeros a su cargo y de su sector, que acusan al Presidente de ser incapaz de ver más allá de sus propios diagnósticos.

Cuando desde el oficialismo se repara en lo difícil que le ha tocado a este Gobierno, considerando el estallido social del 18 de octubre de 2019, sumado a la pandemia y, por consiguiente, a la crisis social y económica, se sabe que ello solo aplica como una cortesía en público, pues luego de aquellas palabras viene consigo, en privado, un cuestionamiento pocas veces visto desde el propio sector gobernante para con su Presidente. Una manera poco sutil de intentar barnizar a una figura presidencial que, acusan, el propio Sebastián Piñera devaluó con su “tozudez”, provocando choques de alta tensión con otros poderes del Estado e instituciones, los que han tenido como resultado un daño a la institucionalidad del país “que se pudo haber evitado”.

La consecuencia más próxima, pero que varios pronostican de largo alcance, es la peor derrota electoral de la derecha en décadas, y que no solo tiene a la elección presidencial a la vuelta de la esquina –a la que se llega con un déficit considerable– sino que, además, dejó a su sector con una representación mucho menor de lo que se pensaba en la composición para escribir la nueva Constitución, hito republicano calificado por diferentes analistas como el más importante de la historia reciente de nuestro país.

Todo eso entrega el marco descriptivo para entender el contexto en el que la primera autoridad del país llega hoy a entregar su última Cuenta Pública, la que se espera ponga sus énfasis en lo que, en la interna más reducida de Palacio –aquel comité político sin experiencia que ha sido tildado de "juguete" o de directiva de centro de alumnos–, entienden como logros y sobre los cuales insisten en que “el tiempo les dará la razón".

Si en la última Cuenta Pública, que traía más de cerca la carga por acusaciones de violaciones de los derechos humanos durante el estallido, no hubo un mea culpa, menos se espera que en esta ocasión exista públicamente una mirada introspectiva respecto de cómo se han hecho las cosas, o el hacerse cargo de los múltiples cuestionamientos provenientes desde las dos almas del oficialismo: por un lado, la incapacidad de “leer lo que sucede en el país” y, por el otro, “la falta de claridad en posiciones que un Gobierno de derecha debiese entregar a su electorado”.

Diferentes personeros que han participado de diversas instancias privadas con el Mandatario tienen un diagnóstico en común, y este dice relación con que no creería en los análisis que se le presentan, sino más bien en su propia forma de entender la realidad. Esto ha arrastrado como consecuencia el distanciamiento con parte de su gabinete, donde hasta en los más duros ha existido “al menos la intención de abrir el foco para entender lo que está sucediendo”, aunque esto no alcanzaría para permear su posición.

Y ante la pregunta de cuál es su posición, la respuesta proveniente de distintas personalidades es la misma: “Sigue creyendo que lo está haciendo bien”, por lo que –advirtieron– no esperan ningún cambio o sorpresa en el actuar o devenir en los nueve meses que le quedan al mando del país.

La apuesta de La Moneda apunta a que lo que quedará en el inconsciente colectivo será la recuperación económica a la que aspiran ciegamente, razón que estaría detrás de la confusa comunicación de riesgo en esta etapa de la pandemia y que ha llevado incluso a abrir Fantasilandia, cuando mayo último ha sido el segundo mes con más altos contagios en lo que va de la pandemia. El otro tema –que ya ha cosechado cientos de detractores– es el contenido en la última declaración del ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien ha buscado instalar la “salida institucional” tras el llamado del 15 de noviembre a la paz, situación sobre la que existe consenso cerrado en que el Presidente nunca quiso y que se vio arrastrado por las circunstancias del momento. A esto se suma el proceso de vacunación, reconocido transversalmente como uno de los hitos más relevantes de su gestión.

Pero el haber tenido que desechar su programa de Gobierno una vez ocurrido el estallido, y también previamente, a través del desvanecido Plan Araucanía, o la apuesta por buscar interpretar a la clase media, sin haber logrado instalar un nuevo relato que sirviera de bandera para los suyos, lo lleva hoy caminando por sus medios y solo hasta el estrado ubicado en el hemiciclo del Parlamento.

De esta manera, desde RN aseguraron que eso en parte “es producto del ninguneo” que han sentido por parte del Ejecutivo, en situaciones como el retiro del 10% y la mejora de las ayudas sociales en medio de la pandemia, en lo que han sido duros críticos de La Moneda por la tardanza de las medidas.

Parlamentarios del sector subrayaron que a veces ni los mismos ministros tienen explicación para las decisiones del Mandatario, ya que este tiene una especie de obsesión con los temas económicos, que a veces no le permitiría ver la necesidad presente de la ciudadanía. Por ahí cree la mayoría que irá, de hecho, su Cuenta Pública: en la cantidad de dinero desembolsado por el Estado en la pandemia en comparación con otros países, además de la cantidad de vacunas e inoculaciones que hay hasta ahora.

De lo que se espera de su discurso, no hay mucha novedad, y pasaría, como tradicionalmente se hace, por el repaso de los avances de los proyectos de ley de cada una de sus carteras, en este caso, los proyectos calificados bajo el rótulo de “legado”.

Así al menos lo solicitó el Mandatario a cada uno de sus ministerios semanas atrás, los mismos a los que hace un tiempo les encomendó la tarea de seleccionar las iniciativas más relevantes que se pretende dejar plasmadas en el libro que contará la historia propia del segundo mandato del Jefe de Estado.

El analista político Tomás Duval se refirió al contexto que rodea al Gobierno, previo a la Cuenta Pública, señalando que uno de los temas que no puede faltar es la arista política del proceso constituyente, pero que no es posible ver esta instancia como una oportunidad para decir “mire, este es mi legado”, sino más bien abocarse a lo que se ha hecho el último año y lo que se hará en los meses que quedan, donde “el Gobierno tiene muy pocos tiempos políticos”.

Agregó que “siendo la última Cuenta Pública, yo creo que no llega en el mejor escenario para el Gobierno (…) primero, porque su sector político tuvo una derrota en la elección reciente. El Gobierno se encuentra también con una baja aprobación de la opinión pública, y la agenda no aparece muy clara en el último año”, sentenció.

Fuente: El Mostrador, 1 de Junio 2021

jueves, 27 de mayo de 2021

¿ El fin del sueño chileno ?

 ¿El fin del "sueño chileno"?: los migrantes que luchan por permanecer en un país que les cierra las puertas

  • Fernanda Paúl
  • BBC News Mundo
Ingresos clandestinos chile

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Solo entre enero de 2018 y enero de 2021, ha habido más de 35.400 ingresos por pasos clandestinos, lo que representa el 79% del total de las entradas irregulares desde 2010.

"Para nosotros, los latinos, llegar a Chile es como cumplir el sueño americano, y yo salí de Venezuela con una maleta cargada de sueños. Si me deportan ahora, sería como volver al pasado completamente derrotada".

Daniela* vive en el norte de Chile hace casi un año. Ingresó al país sudamericano por un paso irregular, en la frontera con Perú, luego de caminar tres días por el desierto, consumiendo solo agua y pan.

Al llegar a la ciudad de Arica, continuó su viaje de más de 700 kilómetros arriba de una mula para arribar a su destino final: la pequeña localidad El Loa, ubicada en la región de Antofagasta.

Iba en búsqueda de oportunidades y las encontró: consiguió un trabajo como tapicera y, con el dinero que logra reunir mantiene a sus dos hijos —de 6 y 9 años— que permanecen en Venezuela al cuidado de su madre.

Pero el 28 de abril recién pasado, su plan se truncó luego de que recibió una orden de expulsión. Ahora, afirma, vive asustada.

"No he conseguido ayuda, ningún abogado me da respuestas. Y en cualquier momento me pueden tomar detenida y expulsar", le dice a BBC Mundo.

"Es muy triste y doloroso estar en esta situación. Yo soy el sustento de mi familia y quiero traerlos a todos para acá porque es la única posibilidad de darles un mejor futuro a mis hijos, que tengan educación y libertad de expresión; lo que está pasando en mi país es una locura", añade.

Nueva ley

Hay miles de migrantes en Chile que están enfrentando una situación similar a la de Daniela.

La nueva ley de migraciones que comenzó a regir el 20 de abril solo les permite regularizar su situación migratoria a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, día en que el gobierno de Sebastián Piñera cerró las fronteras por primera vez producto de la pandemia de coronavirus.

En cambio, quienes entraron de manera clandestina por pasos no habilitados tienen un plazo de 180 días para abandonar el país, sin sanción.

Sebastian Piñera, presidente de Chile

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El presidente Sebastián Piñera dijo que el objetivo de la nueva ley de migraciones es "ordenar la casa".

"No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes", dijo el presidente Piñera, al promulgar la ley.

"Quienes intenten ingresar clandestinamente, no solo comenten un delito, sino que se arriesgan a ser sujetos de expulsión", agregó.

Tras casi ocho años de tramitación en el Parlamento chileno, esta nueva legislación surge en medio del fuerte aumento del flujo migratorio que el país sudamericano ha experimentado en los últimos 10 años.

Los extranjeros aumentaron de 305 mil en 2010 (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena) a casi 1.500.000 personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que recopiló datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamento de Extranjería y Migración de Chile.

Esto se explica en parte por el incremento explosivo de las migraciones venezolana (pasando de una comunidad de 8 mil en 2012 a 500 mil en 2020) y haitiana (que aumentó de apenas 1.600 personas en 2012 a más de 185 mil en 2019).

Extranjeros en Chile

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En Chile habitan 1.492.522 personas extranjeras, lo que representa un 7.5% de la población en ese país.

Estimaciones del INE, señalan que hoy los venezolanos son el grupo más grande en Chile (30,5%), seguido de peruanos (15,8%) y haitianos (12,5%).

La nueva ola migratoria ha significado un fuerte desafío para esta nación, donde se han tenido que adoptar medidas a contrarreloj para intentar adecuar sus políticas de integración hacia los migrantes.

También ha habido importantes cambios sociales: ciertos municipios, incluso, han terminado cambiando su perfil demográfico debido a la gran concentración de extranjeros, como Santiago Centro o Independencia, donde uno de cada tres residentes no es de origen chileno.

"Frente al aumento de los flujos migratorios, resultaba urgente modernizar la ley que teníamos y que estaba absolutamente obsoleta", le explica a BBC Mundo la abogada Pilar Hazbun, coordinadora del área legislativa del centro de estudios Libertad y Desarrollo, del cual varios de sus investigadores han colaborado con partidos de centroderecha y el gobierno de Piñera.

"Esta nueva legislación tiene un enfoque integral y comprende un equilibrio entre reconocer los derechos y deberes de los migrantes, pero también reconocer que el Estado tiene la soberanía para determinar quiénes ingresan y quiénes no, y cuáles son los requisitos para ello", agrega.

Pasos no habilitados

Los expertos coinciden en que América Latina sufre una profunda crisis de desplazamiento provocada por la precaria situación económica, política y social que se vive en varios países.

En ese contexto, muchos optan por emigrar, incluso a pie, buscando un mejor futuro, sin importarles si tienen o no permiso de entrada en las naciones a las que se dirigen.

Y Chile, pese a las fallas estructurales que dejó en evidencia el estallido social que se inició en octubre de 2019, sigue siendo uno de los destinos más atractivos.

Así, en los últimos años ha habido un fuerte aumento de las personas que entran a este país por pasos no habilitados.

Solo entre enero de 2018 y enero de 2021, ha habido más de 35.400 de estos ingresos, lo que representa el 79% del total de las entradas irregulares desde 2010, según datos de SJM con información de la Policía de Investigaciones (PDI).

Un ejemplo de sus consecuencias es lo que sucedió en Colchane en febrero de este año, cuando los servicios del pequeño pueblo altiplánico colapsaron luego de la llegada de miles de migrantes que ingresaron a Chile de forma clandestina, a pesar de las bajas temperaturas y el clima inhóspito de la zona.

pasos no habilitados

Pero hay otro factor que es determinante en el aumento de los migrantes "ilegales": en los últimos tres años, Chile comenzó a exigir un "visto consular" a las personas provenientes de Venezuela y Haitírequisito que la nueva ley de migraciones extendió a todos quienes quieran instalarse en el país, con el fin de evitar que extranjeros ingresen como turistas y cambien su calidad migratoria para buscar trabajo.

Para Macarena Rodríguez, presidenta de SJM y académica de la facultad de derecho de la Universidad Alberto Hurtado, esto puede significar un grave problema.

"Los visados previos son muy difíciles de conseguir, imagínate en Venezuela. Y cuando tienes personas desesperadas, que ven esto como vía de supervivencia, el ingreso por pasos no habilitados se abre como una posibilidad", le explica a BBC Mundo.

La misma opinión tiene el sociólogo y experto en migraciones, Luis Eduardo Thayer.

"Las personas que no tienen oportunidades en otros países van a venir igual a Chile porque los va a mover el trabajo, la posibilidad de conseguir recursos, entonces todas las normas nuevas chilenas lo que van a terminar haciendo es incentivar el ingreso clandestino", le señala a BBC Mundo.

Sin embargo, el subsecretario del ministerio del Interior, Juan Francisco Galli, afirma que el país sudamericano tenía que tomar una decisión.

"¿Qué es mejor, 250 mil ingresando como turistas y quedando en irregularidad o 24 mil ingresando clandestinamente? Creo que los números hablan por sí solos; redujimos a un décimo el problema. Aunque sigue siendo un problema", le dice a BBC Mundo.

"Chile le está cerrando las puertas a la migración clandestina, sí. Pero para aquellos que declaren, desde su país de origen, que vienen a Chile a vivir, a trabajar o a estudiar, las puertas están abiertas", agrega.

Juan Francisco Galli, subsecretario del ministerio del Interior.

FUENTE DE LA IMAGEN,SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CHILE

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Juan Francisco Galli, subsecretario del ministerio del Interior de Chile.

Expulsiones administrativas

Para intentar controlar la migración ilegal, aparte del requerimiento de visados consulares, la nueva ley de facilita las "expulsiones administrativas".

Ahora, para que un migrante sea expulsado ya no es necesario que haya una denuncia penal en su contra (lo que suponía una demora en el trámite). Desde el 20 de abril, la simple constatación de que una persona ingresó de manera irregular es argumento suficiente para que sea expulsada.

Es el caso de Daniela, quien cuando pisó territorio chileno se autodenunció con la esperanza de que podría optar a una regularización de sus papeles. Sin embargo, no fue así y, al contrario, se le cursó una orden de expulsión.

El gobierno de Piñera ha sido enfático en que hará cumplir la ley y para ello contrató 15 aviones comerciales que, según han adelantado las autoridades, se usarán para devolver a sus países a un total de 1.500 personas en 2021.

El primero de ellos despegó a fines de abril con 55 personas a bordo, todas vestidas con overol blanco para evitar el contagio de covid-19. ¿El destino? Caracas.

Personas son deportadas a su país de origen

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El gobierno pretende deportar a un total de 1.500 extranjeros en 2021.

"Desprecio a los derechos humanos"

Organizaciones pro migrantes han criticado fuertemente la acción, señalando que es una "humillación" para los deportados.

El 19 de mayo expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron al gobierno chileno a "detener inmediatamente los planes de expulsiones colectivas de migrantes" pues, afirmaron, tienen "derecho a una evaluación individual y a permanecer en el país mientras se valora su situación de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos".

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El Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, le aseguró a BBC Mundo que "hay un mal entendido que a veces se da en los Estados respecto a las deportaciones: dicen que tienen derecho soberano a deportar y lo cierto es que hay una gran cantidad de limitaciones para hacerlo".

"El principio de no devolución, el arraigo en el país, las relaciones familiares y problemas de tipo sanitario, son algunas de ellas", explica.

El académico señala además que "cuando se hace gran aparataje de las deportaciones, se estigmatiza a los migrantes".

"Puede haber una connotación de interés político porque se trata de mandar un mensaje a costa de los derechos de la población migrante. Y es muy complicado usar a los migrantes como moneda de cambio para satisfacer otros intereses", asegura.

Chile expulsa a migrantes

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La nueva ley de migraciones facilita la expulsión administrativa.

En la misma línea, la directora de Aministía Internacional en Chile, Ana Piquer, ha insistido en que los expulsados no son "propiamente migrantes", sino personas que buscan "protección internacional" dada la fuerte crisis que atraviesan algunas de estas naciones, como Venezuela.

Frente a estas críticas, el subsecretario Galli le señaló a BBC Mundo que "en Chile no hay expulsiones masivas ni colectivas".

"Cada caso de expulsión es analizado en sí mismo. Aquí no hay una voluntad del Estado de expulsar a cualquier costo o a cualquier persona, pero el Estado tiene que dar señales claras respecto de que el ingreso clandestino no está permitido en Chile, que es malo para el migrante y es malo para el país".

Sobre los cuestionamientos a los derechos humanos, Galli asegura: "El desprecio por los derechos a las personas está dado por aquellos que incentivan el ingreso clandestino".

La abogada Pilar Hazbun, en tanto, indica que el Estado tiene "el derecho de normar la forma en que ingresan, los requisitos para que permanezcan y en qué casos se pueden expulsar".

"No puedes tener una ley de apertura ciega a la migración sin hacerte cargo de los temas", señala.

El caso de Colombia

La postura de Chile contrasta con las políticas migratorias que otros países de la región han tomado con el fin de proteger a los migrantes, especialmente a los venezolanos.

De acuerdo con ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados, hay 5,4 millones de venezolanos refugiados en distintos continentes, una de las crisis de desplazamiento más importantes del mundo.

El principal destino en Latinoamérica es Colombiadonde actualmente residen más de 1 millón 700 mil venezolanos.

Gran parte de ellos —cerca de 1 millón— está en una condición migratoria irregular. Pero a principios de mayo el gobierno decidió comenzar a implementar un Estatuto Temporal de Protección con el fin de resguardar a la población migrante venezolana que se encuentra en condición de vulnerabilidad.

Quienes se acojan a este beneficio podrán permanecer de manera regular en Colombia por un periodo de 10 años.

El presidente de Colombia, Iván Duque.

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El presidente de Colombia, Iván Duque.

El trámite, completamente gratuito y en línea, ha sido catalogado por expertos como un "avance histórico" hacia los derechos humanos de los venezolanos, pues permitirá tener un registro universal de esta población y focalizar adecuadamente las ayudas estatales.

Para Felipe González Morales, Chile debería tomar una actitud similar.

"Tiene que buscar formas de establecer mecanismos de regularización de la población migrante. La crisis en Venezuela es real, entonces no es una cuestión de que te guste o no; es una crisis que afecta a la gente y por eso han salido 5 millones de personas en los últimos seis años. Lo otro es tapar el sol con un dedo", dice.

Cabe recordar que Chile es de los pocos países latinoamericanos que decidió rechazar el pacto mundial sobre migración de la ONU en diciembre de 2018, al cual adhirieron 164 gobiernos. La razón que se entregó en ese momento fue que el pacto chocaba con las normas chilenas para tener una migración "segura, ordenada y regular".

"Es una olla de presión"

Hay otra cifra que hay que tener en cuenta al momento de analizar el tema migratorio en Chile: de acuerdo con el Departamento de Extranjería y Migración de este país, el número de visas otorgadas para extranjeros ha disminuido considerablemente en los últimos tres años.

En 2018, por ejemplo, se otorgaron más de 438 mil mientras que en 2020, poco menos de 200 mil. Las permanencias definitivas también han disminuido, de aproximadamente 93 mil en 2018 a 74 mil en 2020.

visas y permanencias definitivas

Según el subsecretario Galli, esto se explica por el proceso de regularización que vivió Chile en 2018, pero también porque las solicitudes han disminuido.

Si bien Macarena Rodríguez coincide en que hay una "baja importante" en las solicitudes, afirma que esto no es por "falta de interés" sino por "dificultades" en el proceso.

"Hay una burocracia detrás de las solicitudes que es tremenda y eso hace que las personas no logren obtener regularidad migratoria", dice.

"Tapar la realidad y devolver a los migrantes a sus países no es sostenible en el tiempo", advierte.

"Esta es una olla de presión; hay personas que van a quedar en Chile sin posibilidades de regularizarse porque algunas van a ser expulsadas pero no todas. Y la irregularidad les hace muy mal, las metes en un círculo de informalidad que genera dinámicas complejas", agrega.

Para Luis Eduardo Thayer, las autoridades chilenas están "errando el foco" con estas nuevas restricciones.

"Están mirando el modelo neozelandés, australiano y canadiense. Pero nosotros estamos en la región de donde provienen los migrantes y no es posible tener un control tan selectivo e ideal en términos de ideología", indica.

"Su aplicación carece de realismo y visión de contexto", añade, "y hay un aumento de la precariedad que es evidente en los sectores más marginales".

Extranjeros haciendo fila para regularizar su situación migratoria.

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Cientos de extranjeros intentan regularizar su situación migratoria en Chile.

Discriminación y estigmatización

Según una encuesta de la empresa de opinión pública Cadem, el porcentaje de chilenos que en febrero de este año creía que la llegada de extranjeros es "mala" para su país alcanzó un 60%.

Este número representa un aumento de 16 puntos desde julio de 2019 (44%) y es el porcentaje más alto desde diciembre de 2016.

paises de donde vienen los migrantes

De acuerdo con el análisis de expertos, estos resultados reflejan algo que está incubándose en la sociedad chilena desde hace un buen tiempo: la discriminación hacia el migrante.

"En Chile existe discriminación y racismo", afirma Thayer.

Para el académico, Chile está poniendo por delante una política migratoria de frontera, descuidando la política de integración de los migrantes, que debería considerar un sistema educacional, de salud y territorial adecuada a los tiempos.

"Se ha dejado de lado algo muy importante para evitar que nos convirtamos en una sociedad que odia a los inmigrantes", dice.

"Ver a los migrantes como una amenaza nos va a convertir en una sociedad sin cohesión social y menos igualitaria. Y ese es un problema que en este momento se está desconociendo", agrega.

Migrantes irregulares

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La invisibilidad de los migrantes irregulares frente al Estado, dicen los expertos, genera una situación de precariedad que ya se está viendo en las ciudades del norte y del centro de Chile.

Por su parte, Patricia Rojas, presidenta de la asociación de venezolanos en Chile, afirma que existe una "campaña mediática para culpar a la migración de los problemas estructurales del país". "Y eso, desde hace un año, vemos que ha calado en la psiquis de los chilenos".

"Si tú le dices a las personas que el migrante viene a quitarles los puestos de trabajo, que estresa los servicios de salud, que no paga impuestos, que se dedica al comercio ambulante, los estigmatizas", le indica a BBC Mundo.

Para ella, las expulsiones de cientos de personas están ayudando a que aumente esta discriminación y que, incluso, se "criminalice" a los migrantes, pues en un mismo avión mezclan a quienes son expulsados por razones administrativas con quienes lo son por razones penales.

Con todo, está por verse si con estas medidas el gobierno de Chile logrará su objetivo de "ordenar la casa" y desincentivar la migración ilegal.

Alejandra*, una venezolana que ingresó al país de manera clandestina el 31 de enero junto a su marido y sus dos hijos, es escéptica.

Extranjeros ingresan a Chile

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A pesar de las nuevas restricciones, extranjeros continúan ingresando a Chile por pasos no habilitados, especialmente venezolanos.

"Creo que las medidas que se están tomando son preventivas, pero se les va a ser muy difícil sacar a todos los venezolanos que hay aquí", dice.

A pesar de su condición de ilegal, ya consiguió un trabajo como reponedora de un supermercado en la capital, Santiago, que le permitió arrendar una casa para ella y su familia, algo a lo que nunca imaginó que podría acceder tan rápido.

"Aquí sí hay oportunidades. Estuve en Perú antes y, aunque es un país que te abre las puertas para salir de la crisis en Venezuela, no te hace progresar, el título universitario no te sirve y la educación no es buena", señala.

Aunque reconoce que tiene miedo a que la expulsen, asegura que ella y muchos venezolanos están dispuestos a hacer lo que sea por permanecer en esta nación.

"Todavía hay muchísima gente cruzando. Yo, por ejemplo, estoy esperando a mi mamá, a mi hermana y a mis cuatro sobrinos".

*Daniela y Alejandra solicitaron el anonimato de sus nombres completos.

Fuente: El Mostrador, 27 de Mayo 2021

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