LA NOCHE OSCURA DE LA FACULTAD DE DERECHO
El grave perjuicio académico que se le provocó durante el régimen militar, no fue revertido desde la inauguración de la democracia por su amplitud y por las limitaciones económicas y administrativas de la facultad. También hubo responsabilidad de los rectores de la democracia, Lavados, Riveros y Pérez, que no la apoyaron en un difícil y complejo proceso de recuperación académica. Faltó visión de largo plazo, en la Casa Central y en Pío Nono.
Por Carlos Huneeus*
Como es de conocimiento público, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile tiene graves problemas académicos, más amplios y profundos que el cuestionamiento hecho al decano Roberto Nahum por algunos profesores, por un libro que reproduce textualmente una memoria de prueba de un estudiante y la toma del edificio de Pío Nono por los estudiantes y su centro de alumnos.
Se trata de una facultad profesionalizante, que reduce su misión a impartir docencia; tiene un reducido número de profesores de tiempo completo, que cumplen funciones administrativas. Los proyectos de investigación Fondecyt obtenidos por profesores de derecho en los últimos años no caben en los dedos de una mano y tampoco han ganado proyectos en otros fondos concursables. No cuenta con un programa de formación de académicos jóvenes en las principales universidades de Europa o los EE.UU. que reemplace una planta de profesores envejecida, como lo midió el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) de la propia universidad. Su programa de doctorado no ha crecido en un ambiente que privilegia la formación de abogados y no valora la investigación. El claustro de profesores, que elige a las autoridades, incluyendo al decano, es muy numeroso, con una amplísima mayoría de profesores por hora, muchos de los cuales no hacen clases y no entraron por concurso público.
Los problemas no comenzaron con el actual decano, aunque se han agravado severamente durante su gestión. Es necesario resumir los antecedentes para apreciar su magnitud y comprender la compleja e inevitable tarea para resolverlos.
Cuando se alude al daño producido por el régimen militar a la Universidad de Chile, se olvida mencionar a la Facultad de Derecho, que fue doblemente golpeada. Por un lado, se dañó su disciplina, por la cancelación de las instituciones democráticas y sin poder enseñar la dramática realidad constituida por los atropellos a los derechos fundamentales. ¡Qué ocurriría con la facultad de Medicina cuando, en un contexto de epidemia en el país, se debiera limitar a la enseñanza de la teoría de la salud pública!
Por otro lado, fue gobernada durante más de una década (1976-1987) por el decano Hugo Rosende, un antiguo político conservador y profesor de derecho civil, que colaboró activamente con los nuevos gobernantes como asesor jurídico del ministerio del Interior, actuando en numerosas oportunidades en los tribunales para que rechazaran los recursos de amparo presentados por valerosos abogados de Derechos Humanos. Dejó el cargo cuando fue designado ministro de justicia por el general Pinochet, permaneciendo hasta el final del régimen, una gestión de triste recuerdo para el país.
El decano Rosende desmanteló los avances académicos iniciados durante la democracia, especialmente por la reforma de estudios iniciada en 1965 por el director de la escuela, el profesor Eugenio Velasco, que modernizó los programas, se contrató por concurso público a numerosos profesores a tiempo completo en distintos ámbitos de la ciencia del derecho y de disciplinas cercanas, como historia, filosofía, economía y sociología, y se fomentó la investigación científica y las publicaciones en libros y revistas especializadas. Este programa de reforma fue apoyado con entusiasmo e inteligencia por el centro de estudiantes. Por su liderazgo académico y político, así como también por su atractiva personalidad (fue campeón nacional de automovilismo en 1957, como le recordó con gran coraje a sus adversarios en una multitudinaria asamblea en el aula magna), Velasco fue elegido decano tres años más tarde con el apoyo mayoritario de profesores, estudiantes y personal de cooperación, realizando una labor con brillo en un momento particularmente difícil de la universidad y el país.
Distinguidos académicos trabajaron a tiempo completo, como el historiador Jaime Eyzaguirre, que valoraba el pluralismo social e intelectual de la escuela, apoyado por jóvenes historiadores de la Universidad Católica. El filósofo Jorge Millas fue profesor a tiempo completo, acompañado por un par de ayudantes también con dedicación completa. Se crearon revistas académicas para publicar los resultados de la investigación. Hubo jóvenes abogados que volvieron de sus estudios de postgrado y se dedicaron a la tarea académica en los distintos ámbitos del derecho, de la política económica y la historia del derecho.
Este renacimiento de los estudios jurídicos no fue cortado por el golpe militar, sino que por la gestión del decano Rosende, quien tenía otra visión de la misma y no la vio como una entidad que debía mantener el pluralismo, como lo hizo el decano después del cambio de régimen y otros decanos de la universidad en esos difíciles momentos. La vio como una facultad profesionalizante y contrató a numerosos profesores, sin concurso público y sin antecedentes académicos, muchos de los cuales se mantienen en el claustro y tienen derechos políticos.
Rosende hizo un cambio mayor, que dañó aún más a la facultad, que hasta ese momento era de "Ciencias Jurídicas y Sociales". Con el acuerdo del rector de la época, sacó a las escuelas de Ciencias Políticas y Administrativas, fundada a fines de los años 50, y a la de Servicio Social, que formaba a los asistentes sociales. Pasó a ser facultad "de Derecho", reduciendo el ámbito de los estudios del derecho, que también tienen que ver con materias políticas, sociales y económicas.
Este grave perjuicio académico no fue revertido desde la inauguración de la democracia por su amplitud y por las limitaciones económicas y administrativas de la facultad. También hubo responsabilidad de los rectores de la democracia, Lavados, Riveros y Pérez, que no la apoyaron en un difícil y complejo proceso de recuperación académica. Faltó visión de largo plazo, en la Casa Central y en Pío Nono, cuando había un terreno aledaño a la Escuela de Derecho que pudo adquirir, que le habría permitido una necesaria ampliación y que finalmente compró una universidad privada.
La solución de la crisis supone enfrentarla y resolver sus problemas de fondo y no impulsar medidas de corto plazo. En primer lugar, tiene que ser una genuina facultad, con docencia, investigación y extensión, y no sólo una escuela que forma abogados. No puede seguir siendo una "facultad profesionalizante", que no corresponde a una genuina universidad.
En segundo lugar, tiene que estudiar el derecho en su amplitud y complejidad, de la mano con la historia, la ciencia política, la filosofía y la sociología. Tiene que ser volver a ser una Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y no sólo una facultad "de Derecho". Ello significa que deben regresar a la facultad las dos disciplinas que fueron amputadas durante la dictadura: la ciencia política y la administración pública. Nunca debieron haber salido de ella. Esto significa, además, resolver la crisis del Instituto de Asuntos Públicos (Inap), dependiente de rectoría, donde ambas disciplinas están arrinconadas, en mal estado y sin un proyecto académico viable.
Todas las grandes universidades del mundo tienen una facultad de Derecho que hace docencia e investigación y cuentan con profesores de tiempo completo, que hacen docencia e investigación, y profesores por hora, que son destacados abogados o jueces, con un gran conocimiento de la ciencia del derecho por el brillante desempeño profesional que realizan. Y esa reconstrucción de la facultad de ciencias jurídicas y sociales debe hacerse con liderazgo académico y personal.
En un sistema de gobierno presidencialista como es el que hay en las universidades, el rector tiene una enorme responsabilidad en contribuir a resolver la crisis de la facultad. Pero la responsabilidad mayor recae en sus profesores, estudiantes y personal de cooperación, a quienes les corresponde hacer realidad los principios universitarios que la deben guiar para volver a ser una gran facultad.
*Carlos Huneeus es profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y senador universitario.
