¿ Fuerzas Armadas en la Araucanía ?

 ¿Fuerzas Armadas en La Araucanía? Múltiples razones para decir que No

por Richard Kouyoumdjian Inglis 23 febrero, 2021

Durante la reunión que sostuvo ayer el Presidente de la República con las Fuerzas Armadas y las policías para analizar el tema de La Araucanía se acordó, en grandes líneas, buscar un acuerdo nacional contra la violencia. La parte que no se entiende es la responsabilidad de los jefes de la Defensa en lo que se refiere al orden público, ya que estos están efectivamente a cargo de ese tema, pero lo están bajo un Estado de Excepción por Catástrofe y no por un Estado de Sitio o un Estado de Excepción más complejo. En lo concreto, el Gobierno está incluyendo a los institutos armados en el problema, situación muy contraproducente por múltiples razones. En el caso de que se decida utilizar una solución militar, ello requiere -en primer lugar- de voluntad política, pero más importante aún, requiere de la validación de la opinión pública, y no veo que una o la otra existan al día de hoy. Además, nuestras FF.AA. y policías no disponen de entrenamiento en contrainsurgencia, operaciones que para ser exitosas requieren del acompañamiento de acciones políticas, económicas y sociales. Por último, las Fuerzas Armadas no pueden actuar contra chilenos. A nivel mundial ya no se practica el uso de la fuerza militar para pacificaciones o establecer soberanía y Estado de Derecho. Y no veo que sea el caso en Chile de ir contra esa práctica, a pesar de que tenemos un régimen de estados de excepción que lo podrían permitir. Quizás es hora de hacer un esfuerzo y entender de qué se trata el problema y así comprender cómo se soluciona. Lo realmente claro, a estas alturas, es que el problema no es solo delictual, como nos pretende hacer creer el Gobierno, ya que, si así fuera, sería fácil de resolver.

El lunes 22 de febrero el Presidente Sebastián Piñera citó a una reunión al ministro de Interior, al de Defensa, al Comandante en Jefe del Ejército, al General Director de Carabineros, al Director General de la PDI y al Jefe del Estado Mayor Conjunto. El objetivo: analizar la situación de violencia en La Araucanía, después de la publicación ese mismo día del video de la quema de la casa de la familia García en Lautaro. Se podría decir que fue la gota que rebalsó el vaso.

Desconocemos qué fue lo que se conversó en esa reunión, pero sí sabemos lo que se comunicó a su término. En grandes líneas se acordó buscar un acuerdo nacional contra la violencia y apurar la aprobación de leyes que ayudan a controlar y restablecer el Estado de Derecho. La parte que no se entiende bien es la responsabilidad de los jefes de la Defensa en lo que se refiere al orden público, ya que estos están efectivamente a cargo de ese tema, pero lo están bajo un Estado de Excepción por Catástrofe y no por un Estado de Sitio o un Estado de Excepción más complejo. En la práctica, lo que está haciendo el Gobierno es meter a las Fuerzas Armadas en el problema, y digo problema, porque no me queda claro que puedan aportar efectivamente a la solución del desmadre que existe en esa parte de Chile. Para aquellos que quieren a los institutos armados tomando el control, les expongo algunas razones por las cuales no me parece una buena razón:

1) Tener un claro diagnóstico: No está claro si el problema es de naturaleza política, militar o delictual, o una combinación de las anteriores. Tener esto claro permite escoger las soluciones correctas y no agravar más aún el problema.

2) Voluntad política y permiso de la opinión pública: En el caso de que decida utilizar una solución militar, ello requiere de voluntad política, pero más importante aún, requiere de la validación de la opinión pública, y no veo que una o la otra existan al día de hoy.

3) Fuerzas Armadas o policías: Antes de usar las FF.AA. para un problema de seguridad pública existen las policías, las que a pesar del operativo fallido de Temucuicui, disponen de medios humanos y materiales suficientes para tomar el control de la zona, pero dicho eso, su empleo efectivo requiere de la misma voluntad política y de validación de la opinión pública, la que hasta ahora no ha sido clara en pedir el uso de la fuerza como solución. Ahora, con la información más clara de la que disponemos hoy en día, en cuanto al tipo de operaciones y actividades desarrolladas en la zona por grupos organizados que disponen de armamento propio de ejércitos, podría cambiar la percepción de los medios y los chilenos.

4) Entrenamiento y capacitación: Nuestras FF.AA. y policías no disponen de entrenamiento en operaciones de contrainsurgencia, el cual es necesario para un exitoso desarrollo de una operación militar efectiva. Lo anterior no es lo único necesario para el éxito de una operación que busque restablecer la soberanía y Estado de Derecho. Las operaciones exitosas de contrainsurgencia van acompañadas de acciones políticas, económicas y sociales que buscan ganar los corazones de la población local y eliminar las causas que generan o dan vida a realidades como las que tenemos en La Araucanía.

5) Inteligencia: Un tema no menor también es la disponibilidad de información, la que se obtiene por medios de inteligencia y de observación, y en ese sentido no estoy claro de que en el caso de La Araucanía dispongamos de esos elementos, los que son clave para el éxito de una operación de contrainsurgencia.

6) La experiencia comparada: En relación a los puntos anteriores la experiencia internacional es clara. El empleo de fuerzas militares, que no van acompañadas de planes más amplios que buscan eliminar las causas que dan origen a los problemas, están destinadas al fracaso. Los ejemplos sobran y solo por mencionar algunos emblemáticos como Vietnam, Iraq y Afganistán, las cuales a pesar de estar en manos del Ejército más poderoso del mundo fueron un absoluto fracaso, y en el caso de las últimas dos, sólo al cambiar el enfoque lograron relativos éxitos. En esta misma sección habrá algunos que dirán que el ejemplo de Colombia es un caso de éxito de empleo de fuerzas militares. Yo discrepo, ya que creo que la mantención de un conflicto de 60 años no se puede declarar un éxito a pesar de las capacidades y efectividad lograda por el ejército Colombiano con el paso de los años, y la existencia de voluntad política y apoyo de la opinión pública.

7) Uso de las Fuerzas Armadas contra Chilenos: Por último, a nivel mundial ya no se practica el uso de las fuerzas armadas para pacificaciones o establecer soberanía y Estado de Derecho, y no veo que sea el caso en Chile de ir contra esa práctica, a pesar de que tenemos un régimen de estados de excepción que lo podrían permitir. Quizás es hora de hacer un esfuerzo y entender de qué se trata el problema y así comprender cómo se soluciona, el cual a esta altura me queda claro que no es solo delictual, como nos pretende hacer creer el Gobierno, ya que, si fuera así, sería fácil de resolver.

Insisto que lo más fácil es el uso de la fuerza contra la fuerza, pero estamos seguros de quién o quiénes, y ¿por qué lo están haciendo? El Gobierno debe actuar rápido en esta materia y no apostar todo al acuerdo nacional. Un acuerdo nacional exige un diagnóstico compartidos por todos y eso, a su vez, exige de inteligencia que no tenemos y de claridad en las causas. Lo que estamos viendo son los efectos de la violencia. Las causas siempre son más difíciles de encontrar, pero debemos trabajar en eso, y en lo inmediato, buscar con las comunidades mapuches la ayuda necesaria para terminar la violencia, ya que, si ello no ocurre pronto, estamos en riesgo de que se formen fuerzas de autodefensa que decidan tomar acción y no esperar más quemas de casas, campos, vehículos y equipamiento. Si eso sucede, estaremos al frente de una Colombia o una Irlanda.

Siempre hago las mismas pregunta para terminar. ¿Si usted fuera mapuche qué haría? ¿Cuánto de lo que ocurre es reivindicación y cuánto es violencia asociada a delitos y narcoterrorismo? ¿Por qué no vemos reclamos masivos del pueblo mapuche contra lo que ocurre? ¿Están ellos de acuerdo o no se atreven a representar su disconformidad? ¿Estamos dispuestos a darle autonomía al pueblo mapuche? Así como estas, puede haber muchas otras preguntas, las que debemos ser capaces de responder rápido si queremos resolver los problemas y más importante, la violencia.

Fuente: El Mostrador, 23 de Febrero 2021

Perseverance Rover’s Descent and Touchdown on Mars (Official NASA Video)

Las cuencas de agua dulce

 Las cuencas de agua dulce y la urgencia en la planificación de su uso frente a la emergencia climática

por Anna Astorga y Emilia Astorga 15 febrero, 2021

El agua, tanto en el cuidado medioambiental, como también desde la perspectiva de acceso y políticas públicas asociadas a su uso, es actualmente un recurso sumamente frágil. Y esto fue claramente reconocido en la consulta ciudadana realizada, en el marco de la Mesa Nacional del Agua del Ministerio de Obras Públicas, entre el 27 de marzo y el 10 de mayo 2020, donde la ciudadanía priorizó la “conservación de las fuentes naturales” como el principal desafío relacionado con el agua (75,4% de las preferencias).    Y es en este punto dónde surge el problema. Estamos planificando millonarias inversiones para nuevas captaciones de agua, pensando en el futuro, de que no escasee este recurso para la población. Pero hay algo fundamental que estamos ignorando: ¿qué está pasando en el área de captación, la cuenca o la fuente de donde viene el agua? ¿De qué manera planificamos como comunidad todos los usos dentro de esta cuenca para que estos sean compatibles con el abastecimiento de agua limpia y así ser más resilientes a los cambios que están ocurriendo?

La patagonia chilena tiene un poco más de un 50 % de su superficie total terrestre bajo alguna categoría de conservación, un gran logro a los ojos del mundo, pero ¿qué importancia tiene el otro 50 %? En parte debe contener los usos productivos: ganadería, producción de madera, las zonas rurales y urbanas donde vivimos. Un trato 50/50, ¿no esta tan mal? Este concepto de 50/50 o “media tierra” es en verdad una de las metas serias de la conservación mundial para mantener algún nivel de sostenibilidad en el planeta –al parecer acá en la patagonia chilena ya se logró esta meta. 

Pero nada en la vida es tan simple. Los ecosistemas, la gran maquinaria de la tierra y del agua, tampoco lo son. Es importante precisar dónde están estas zonas de preservación, y dónde están los lugares de uso más intensivo, y preguntarnos: ¿tienen sentido? La verdad es que rara vez lo tienen. Una de las grandes críticas a la designación de parques es que normalmente representan las tierras menos útiles, rocas y hielo en miradas despreciativas, pero también por ser aisladas ha sido más fácil dedicarlas a conservación, ya que de por sí ya tenían poco uso. Viendo la situación al revés, tampoco tiene sentido dónde estamos construyendo casas actualmente, por ejemplo: ocupando los suelos más productivos en las zonas de expansión periurbana. 

Pero el propósito de este artículo es reflexionar sobre el agua y su origen. La gran mayoría de las fuentes de agua, urbana o rural, provienen de tierras que no están dedicadas a la conservación. Es decir, la patagonia, con más de un 50 % de tierra bajo alguna categoría de conservación, pero un porcentaje casi nulo de esto está aprovechado para el agua que hemos de beber. Las cuencas de agua potable rural funcionan como torres de agua, capturando, almacenando y entregando el agua para los diversos usos. Son cuencas fundamentales para nuestra subsistencia, lo que ya ha sido reconocido por muchas de las grandes ciudades en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, que han conservado sin otros usos las cuencas que proveen agua potable a la ciudad.

En la región de Aysén pareciera que todavía tenemos este recurso en abundancia, y se suele escuchar en variadas instancias que el “agua está por todas partes”. Pero al observar con más detalle y conversar con diversos actores de las comunidades locales también se puede deducir que existe una creciente preocupación en el manejo del agua. Diversos actores que se desempeñan en el ámbito agrícola y turístico, entre otros, a nivel local han observado que en los últimos 10 o 15 años el clima ha comenzado a cambiar y con ello también este recurso tan vital que es el agua. Saben que existe el calentamiento global y observan que es cada vez más necesario planificar a futuro y tener mayor control sobre este ámbito. 

El agua, tanto en el cuidado medioambiental, como también desde la perspectiva de acceso y políticas públicas asociadas a su uso, es actualmente un recurso sumamente frágil. Y esto fue claramente reconocido en la consulta ciudadana realizada, en el marco de la Mesa Nacional del Agua del Ministerio de Obras Públicas, entre el 27 de marzo y el 10 de mayo 2020, donde la ciudadanía priorizó la “conservación de las fuentes naturales” como el principal desafío relacionado con el agua (75,4 % de las preferencias).   

Y es en este punto donde surge el problema. Estamos planificando millonarias inversiones para nuevas captaciones de agua, pensando en el futuro para que no escasee este recurso para la población. Pero hay algo fundamental que estamos ignorando: ¿qué está pasando en el área de captación, la cuenca o la fuente de donde viene el agua? ¿De qué manera planificamos como comunidad todos los usos dentro de esta cuenca para que éstos sean compatibles con el abastecimiento de agua limpia y así ser más resilientes a los cambios que están ocurriendo?

Fuente: El Mostrador, 15 de Febrero 2021

DC y PR emplazan al PS-PPD

 DC y PR emplazan al PS-PPD a no realizar preprimaria: "Están dinamitando la posibilidad de disputar el gobierno a la derecha"Los líderes de ambos partidos hicieron un llamado a sus pares en Unidad Constituyente a que concurran a la elección legal que se realizará el 4 de julio. "Nada de estaciones intermedias, porque no son un aporte", recalcaron.

Por Felipe Vargas, Emol

El presidente de la DC, Fuad Chahín, junto a su par del PR, Carlos Maldonado, hicieron un llamado este viernes a sus pares del PS y el PPD a que depongan la idea de realizar una preprimaria presidencial entre ambas colectividades y concurran a la elección legal que se realizará el 4 de julio entre todas las fuerzas de Unidad Constituyente. Tras participar en la presentación del candidato a alcalde de ese bloque por San Miguel, David Navarro (PR), junto al abanderado por la gobernación metropolitana Claudio Orrego (DC), y la postulante a la Convención, Valeria Villegas (PR), ambos abordaron el tema tras conocer la carta firmada por figuras del PPD en la que pidieron seguir adelante con la definición entre Heraldo Muñoz y Paula Narváez (PS).

Al respecto, Chahín manifestó que "yo comparto lo que ha hecho el presidente del PR y valoro su compromiso de estar en las primarias legales del 4 de julio, creo que nosotros no tenemos que andar buscando triquiñuelas para derrotarnos entre nosotros con estas primarias intermedias".

"Lo que tenemos que buscar es potenciar la primaria legal para poder derrotar a la derecha, para tener una primaria convocante, amplia, participativa, donde estén todos los liderazgos y que seamos capaces de movilizar a muchos ciudadanos. Esa es la única manera de poder transformarnos en una alternativa seria", recalcó. En cuanto al contenido de la carta, en la que apuntan a las diferencias ideológicas que existen entre el PS-PPD y el resto de las fuerzas del bloque, el dirigente recordó que "nosotros tenemos un acuerdo, que es Unidad Constituyente, que tiene un marco común que se define en una fuerza tranquila de cambio para una sociedad más democrática, más justa, pero que también ofrezca gobernabilidad". "Tenemos diferencias, por cierto, y por eso es importante que los ciudadanos definan cuál es el liderazgo que más los interprete y para eso es la primaria del 4 de julio, no somos exactamente lo mismo (…) confiemos un poco más en la gente. Si empezamos a buscar siempre el punto que nos diferencia para poder evitar converger en una fuerza mayoritaria, estamos condenados a ser minoría u oposición", añadió. Según el ex diputado, "si el PS-PPD siguen este camino, están dinamitando la posibilidad real de disputarle el gobierno a la derecha y a Chile Vamos". 

La mirada desde el PR

En la misma línea, Maldonado manifestó que "nosotros hemos sido muy claros como PR en que creemos que el deber de toda la centroizquierda es potenciar la primaria legal del 4 de julio. La ciudadanía comparte nuestra visión, la gente quiere tomar las decisiones y lo lógico, lo sano, lo democrático es que todas las cartas presidenciales nos encontremos en la primaria legal". "Transfirámosle el poder a la gente, reconozcámosle a la gente la capacidad de decidir al nuevo liderazgo, no en etapas intermedias, no en primarias convencionales que en el fondo dependen más de las estructuras partidarias que de la voluntad ciudadana. Se los digo con respeto y cariño a nuestros aliados del PPD y el PS", enfatizó. Finalmente, el también candidato presidencial radical subrayó que "eso es lo que le hace sentido común a la ciudadanía, eso es lo correcto para el momento político que estamos viviendo. Todos a la gran primaria legal, nada de estaciones intermedias, porque no son un aporte e incluso yo creo que la ciudadanía no entendería su posible necesidad".

Fuente: Emol, 12 de Febrero 2021

Muerte de malabarista en Panguipulli

 Muerte de malabarista en Panguipulli revive dura polémica por control de identidad preventivo y las facultades sin control de Carabineros

Expertos y parlamentarios salieron al paso del procedimiento llevado a cabo por el oficial -imputado por homicidio- que le disparó en reiteradas ocasiones a un joven malabarista en la Región de Los Ríos. Voces parlamentarias, además de pedir llevar a cabo una completa refundación de Carabineros, apuntan a la normativa aprobada entre 2015 y 2016 en el Congreso y el diputado Giorgio Jackson remarcó que el proyecto de ley que deroga el control de identidad preventivo ya fue ingresado. Desde la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile afirmaron que lo sucedido durante la tarde del viernes no es más que "la consecuencia prevista en su momento por expertos durante la tramitación legislativa del control preventivo de identidad, donde era evidente que, la ampliación de las facultades de las policías sin un debido control en su aplicación, terminaría no solo con abusos y limitaciones a las libertades civiles sino que también con un homicidio en un procedimiento policial". Desde el otro lado de la vereda el Jefe de la bancada UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, aseguró que todo es obra de la oposición que "está deformando los hechos como si el carabinero hubiese actuado en forma premeditada". Mientras que el presidenciable de RN Mario Desbordes se cuadró con Carabineros y aseguró que "en Alemania o Chile, la policía hace uso de su arma". Junto con “lamentar la muerte de una persona”, el exministro de Defensa pidió “analizar objetivamente lo sucedido”. 

La muerte de Francisco Martínez (27) en Panguipulli volvió a sacar a flote duras críticas hacia el control de identidad preventivo, medida discutida en 2015 y aprobada en 2016 en el Congreso, durante el Gobierno de Michelle Bachelet. El procedimiento es el mismo que realizaba el carabinero que disparó contra el joven malabarista en la Región de Los Ríos, cobrando su vida y desatando de paso duras críticas hacia las descontroladas facultades de la institución policial.

Desde la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile afirmaron que lo sucedido durante la tarde del viernes no es más que "la consecuencia prevista en su momento por expertos durante la tramitación legislativa del control preventivo de identidad, donde era evidente que, la ampliación de las facultades de las policías sin un debido control en su aplicación, terminaría no solo con abusos y limitaciones a las libertades civiles sino que también con un homicidio en un procedimiento policial".

"Demuestra la necesidad urgente de implementar la refundación o las reformas que han recomendado todos los organismos internacionales en sus distintos informes", sostuvieron desde el ente universitario.

La socióloga y directora de Espacio Público, Lucía Dammert, se plegó a las críticas académicas y apuntó a que los controles de identidad son "un error desde todo punto de vista". Según dijo en Twitter, "la burbuja del mundo político no les permite ver que sirven para aumentar la discriminación, el mal trato y estigmatizacion de algunos grupos. El poder político estructural de carabineros tiene que ser limitado", manifestó.

La experta en temas de seguridad agregó que las imágenes del baleo en Panguipulli estremecen. "Una policía corrupta y un gobierno deslegitimado que no quiere intervenirla nos hacen mal como país. Un 'control de identidad' no debería terminar así. Espero, por el bien de Chile, que se investigue y esclarezcan los hechos", añadió.

Y es que el tema no es nuevo. Tal como recordó el diputado Gabriel Boric, la ley se discutió entre 2015 y 2016 en el marco de la llamada agenda corta anti-delincuencia. "En el Congreso fuimos pocas las voces que nos opusimos, pese a que mayoría de expertos en seguridad y académicos advirtieron efectos nocivos", anotó el parlamentario en Twitter.

Camila Vallejo, diputada del PC, calificó de inaceptable el crimen cometido por Carabineros y fustigó que "si no son capaces de aplicar criterio sobre el monopolio de la fuerza, ¿por qué las leyes debiesen otorgarle tal poder? El #ControlDeIdentidad no puede ser usado como medida de hostigamiento!", exclamó.

El diputado RD Giorgio Jackson también esbozó algunos comentarios y cuestionó que "cuántas veces nos dijeron 'el que nada hace nada teme', para validar el control de identidad preventivo. Se sabía que restringiría libertades, facilitaría abusos, discriminación y que sería muy ineficiente. No nos digan que no lo dijimos". Jackson fue enfático en decir además que el proyecto de ley que deroga el control de identidad preventivo ya fue ingresado. "Espero que tengamos el apoyo mayoritario para aprobarlo", comentó.

Pamela Jiles, del Partido Humanista, dijo que es necesario recordar los 87 votos a favor con que se aprobó ley sobre control preventivo de identidad, "cuya peligrosidad advertimos entonces". Según Jiles, el control preventivo de identidad impulsado por el gobierno de la Nueva Mayoría es "ineficiente ante la delincuencia y genera condiciones para abuso policial y transgresiones a derechos fundamentales. Llamo a la Unidad Constituyente a impulsar su derogación".

Del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, también recordó cuando se votó la ley del control preventivo de identidad y sentenció que "aquellos que nos opusimos dijimos muchas veces que no serviría para combatir eficazmente la delincuencia y que tendría segundas consecuencias no deseadas como el clasismo o atentar contra las libertades más básicas".

Claudio Orrego, candidato DC a gobernador por la Región Metropolitana, sostuvo que un control de identidad ajustado a protocolo "jamás debiera terminar con la muerte de un civil". "Junto con expresar mis condolencia a la familia de Francisco, reiteró que Carabineros requiere una reforma urgente".

"No señor Orrego", le respondió al exintendente el juez Daniel Urrutia. "Se les advirtió, todos les expertos dijeron lo que pasaría, y Carabineros requiere ser suprimido y reemplazado por una policía democrática, no militarizada, profesional, comunitaria y defensora y promotora de DDHH", cerró.

Desde el otro lado de la vereda el Jefe de la bancada UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, aseguró que todo es obra de la oposición que "está deformando los hechos como si el carabinero hubiese actuado en forma premeditada".

"Si un carabinero es atacado con machetes, no puede ser considerado culpable", afirmó el parlamentario.

El presidenciable de RN Mario Desbordes se cuadró con Carabineros y aseguró que "en Alemania o Chile, la policía hace uso de su arma". Junto con “lamentar la muerte de una persona”, el exministro de Defensa pidió “analizar objetivamente lo sucedido”.

Fuente: El Mostrador,  6 de Febrero 2021

OCDE desnuda la fragilidad chilena frente a la pandemia

 OCDE desnuda la fragilidad chilena frente a la pandemia: estudio revela que el 53% de los hogares no tiene un “colchón financiero” para protegerse ante la crisis

por El Mostrador Mercados 4 febrero, 2021

El último Estudio Económico de Chile elaborado por la OCDE asegura que la recuperación económica no estará exenta de desafíos, ya que el aumento del desempleo hasta niveles no vistos desde la crisis financiera mundial de 2008 y los presionados balances corporativos dejarán tanto a las empresas como a los hogares en una situación precaria durante algún tiempo. A pesar del pronóstico, el estudio prevé un crecimiento del PIB del 4,2% en 2021 y del 3,0% en 2022 y estima que la actividad volverá a los niveles anteriores a la pandemia a finales de 2022, aunque advierte que "un resurgimiento de los conflictos sociales podría frenar también el ritmo de la recuperación, al igual que la incertidumbre política con respecto a las próximas elecciones y la actual revisión constitucional". Desde Hacienda, el ministro Cerda valoró el estudio y destacó que "la solidez de nuestras políticas económicas nos ha permitido enfrentar esta crisis sin precedentes”.

Desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que la persistente y elevada desigualdad en Chile es un reto clave. Esto no es algo nuevo, dicen, sino que es una cuestión que se acarrea desde hace tiempo. Y es que, según el último Estudio Económico sobre el país elaborado por el organismo, a pesar de los avances conseguidos en la reducción de la pobreza, "se considera que el 53% de los hogares del país son económicamente vulnerables, lo cual significa que no tienen un colchón financiero para protegerse frente a una caída repentina de sus ingresos (en comparación con el promedio del 39% de la OCDE)".

"El sistema de impuestos y transferencias de Chile contribuye a reducir la desigualdad de ingresos en menor medida que en la mayoría de países de la OCDE", sentencian desde el organismo de cooperación internacional.

A pesar del pronóstico, el informe sobre Chile considera que la economía se recuperará gradualmente en los próximos dos años, y que la actividad volverá a los niveles anteriores a la pandemia a finales de 2022. El estudio prevé un crecimiento del PIB del 4,2% en 2021 y del 3,0% en 2022, tras registrar una caída del 6,0% en 2020, si bien señala que la evolución de la pandemia sigue siendo un riesgo importante.

Desde la OCDE advierten que "un resurgimiento de los conflictos sociales podría frenar también el ritmo de la recuperación, al igual que la incertidumbre política con respecto a las próximas elecciones y la actual revisión constitucional".

"La solidez de las instituciones y de las finanzas públicas están ayudando a Chile a capear la crisis, si bien muchos hogares siguen afrontando graves dificultades", afirma Álvaro Pereira, director de estudios económicos de países de la OCDE, que ha presentado el Estudio junto con el ministro de Hacienda chileno, Rodrigo Cerda.

"Ajustar los impuestos y transferencias podría reducir el número de hogares económicamente vulnerables, mientras que la inversión en educación y competencias recortará las desigualdades a largo plazo. La crisis del COVID-19 ofrece una oportunidad para crear un consenso sobre reformas que garanticen unos servicios públicos sólidos, un sector empresarial dinámico y una sociedad más justa en la que todos los chilenos puedan compartir los frutos del crecimiento económico", agregó.

La recomendación de la OCDE

El Estudio recomienda seguir apoyando a las empresas, sobre todo a las pequeñas, y lo hogares vulnerables con transferencias monetarias hasta que la recuperación esté en marcha. Además, un paquete de emergencia de dos años de duración que incluye ayudas económicas para hogares con ingresos inestables, subvenciones a la contratación, inversión pública y medidas de liquidez para las empresas que lo necesiten. Asimismo, apunta que podría ampliarse la protección temporal para quienes acaban de perder su empleo al tiempo que recomienda que se cree un fondo único de financiación de la sanidad para cubrir los servicios comunes de todos los ciudadanos. También considera fundamental que se creen las condiciones necesarias para que las empresas medianas prosperen y puedan impulsar la recuperación y la creación de empleo.

La ampliación de la base imponible del impuesto a la renta – mediante la reducción de los umbrales de los tramos impositivos superiores e inferiores – y la eliminación de exenciones fiscales innecesarias, "sería un buen punto de partida para construir un sistema tributario y de transferencias más eficaz", sentencian. "Una parte de los ingresos adicionales obtenidos podría financiar un impuesto negativo a la renta, asegurando a cada hogar e individuo una prestación básica", afirma el estudio.

La OCDE recomienda que debería incrementarse el gasto público en educación primaria y secundaria, que actualmente se encuentra entre los más bajos de la OCDE. "En Chile, el acceso a la educación de calidad está fuertemente vinculado al estatus socioeconómico, lo cual perpetúa las desigualdades. Mejorar la educación para todos sería una forma de abordar parte del descontento por las desigualdades de ingresos y niveles de vida que desencadenaron las protestas sociales en 2019".

En el ámbito empresarial, incrementar la competencia, fomentar la adopción de tecnologías digitales y reducir la complejidad en los trámites regulatorios impulsarían el aumento de la productividad y potenciarían el crecimiento en las empresas. "Chile es un líder digital en América Latina, pero todavía debe mejorar el acceso a Internet de alta velocidad, sobre todo en las zonas rurales, intensificar la adopción de las herramientas digitales por parte de las empresas y mejorar las competencias digitales de la fuerza de trabajo, de modo que todos los chilenos puedan beneficiarse de la transformación digital".

El informe menciona que  Chile se ha visto sumido en una recesión tras experimentar dos grandes shocks, como han sido las protestas sociales de finales de 2019 y la actual crisis del COVID-19. Pero destacan que la solidez de las finanzas públicas del país le ha permitido adoptar medidas enérgicas de estímulo para respaldar la economía, si bien los riesgos continúan.

"Una vez que la crisis sanitaria esté controlada y la recuperación esté bien encaminada, las reformas deberían centrarse sobre todo en impulsar la creación de empleo y hacer que el crecimiento funcione para todos", apunta el nuevo informe de la OCDE.

"La solidez de nuestras políticas económicas nos han permitido enfrentar esta crisis"

“Este estudio es muy relevante, ya que nos permite analizar de mejor manera el impacto que ha tenido la pandemia en nuestra economía”, dijo el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en la presentación del reporte.

“Recientemente cumplimos 10 años como miembro de la OCDE. En este lapso, Chile ha obtenido numerosos logros y, sin duda, la solidez de nuestras políticas económicas nos ha permitido enfrentar esta crisis sin precedentes. En este sentido, me enorgullece que la OCDE haya destacado la solidez y seriedad institucional que ha caracterizado las políticas económicas y sociales de nuestro país como la clave para combatir estos desafíos”, agregó.

• Revise el Estudio Económico OCDE sobre el país acá                                                                  Fuente : El Mostrador, 4 de Febrero 2021

¿ Qué sucedió con el poder político ?

 Por Eduardo Alvarado Espina

El poder como voluntad y control sobre otros se diluyó. El ejercicio de autoridad se convirtió en un permanente acto fallido de instituciones políticas sin consentimiento ni propósito. Unas instituciones que hoy dependen de la dimensión más trágica del poder: el uso de la fuerza. Por ello, nada que esté asociado a ellas tendrá posibilidad de legitimarse. Solo quienes tengan la suficiente lucidez para identificarse con este momento sin hegemonía –todo indica que no serán los partidos– serán capaces de solidificar el poder para pivotar el cambio político. Para ello, es clave saber interpretar la “oportunidad política” que abrió el estallido social y que el resultado del plebiscito del 25 de octubre consagró. Pero previamente hay que entender que, como toda relación social, el poder está en ninguna parte y en todas a la vez.

Después de tres décadas, Chile comenzó a vivir una resignificación de la polis como espacio de deliberación popular. Dicho de otra forma, la mayoría de la sociedad se volvió a politizar. Pero esta vez, no era solo para confrontar un régimen injusto y antidemocrático, sino que también para impugnar las normas de la cultura hegemónica, para cambiar el sentido común.

En ese interludio, se constató el vaciamiento de autoridad simbólica de instituciones como Gobierno, Congreso, Fuerzas Armadas y Carabineros, difuminándose el poder que detentaban. La mayoritaria petición de renuncia de Piñera o los manifestantes encarando a militares para que se retiraran de las calles, fueron una expresión gráfica y tangible de la pérdida de autoridad. Lo mismo sucedió con otras instituciones no estatales, como medios de comunicación, Iglesia y sindicatos.

Asimismo, surgió una voluntad contrahegemónica que afectó el soft-power de la tecnocracia neoliberal. No hay que olvidar que todo estalló con el incremento del pasaje en el transporte público, una decisión adoptada por uno de los tantos grupos técnico-económicos a cargo del diseño e implementación de las políticas estatales. Una decisión que tuvo como respuesta la evasión masiva del pago por parte de los estudiantes. A partir de esa acción, se hizo evidente que el argumento de que estas decisiones son técnicas (sin sesgos ideológicos) es irreal, dejando sin influencia en la esfera pública al relato de los cónclaves empresariales y gubernamentales de las últimas décadas.

Sin caer en la exageración, el estallido social instaló el vacío de poder en la sociedad chilena. Ya no había a quien seguir, ni a quien escuchar. Tampoco existía un cuerpo de ideas estructuradas en un programa político. Se consagró así el quiebre entre sociedad y Estado. Un quiebre que estuvo preludiado por “la revolución pingüina” de 2006, “el movimiento estudiantil” de 2011 y la masividad de manifestaciones sectoriales en los últimos años (ecológicas, feministas, laborales, de pensiones). Fue la irrupción de esa mayoría social y política que había sido sistemáticamente excluida del proceso de toma de decisiones, como evidenció posteriormente el plebiscito de octubre de 2020.

Ahora bien, para saber qué implica un vacío de poder en el devenir político institucional, hay que responder a la siguiente interrogante: ¿qué sucedió con el poder político? Para ello, hay que comenzar por entender qué es el poder y cómo este se despliega en la política.

El poder, una relación social y cultural

Desde Maquiavelo hasta nuestros días, el poder se ha entendido en una doble dimensión: consentimiento y fuerza. Ambas dimensiones exponen la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas de convencer u obligar a otras para que hagan algo que no haría por propia iniciativa, voluntad o convicción (Easton, 1968; Aron, 1968; Friedrich; 1968). Yendo un poco más allá, Weber (1980) señaló que el poder se define por su capacidad de sintetizar lucha y política. Es decir, el poder sería “cualquier oportunidad en una relación social para imponer la voluntad de uno frente a la resistencia de otros, independientemente de lo que haya dado origen a esa oportunidad”. Entonces, hay que entender el poder como una relación social de oposición y resistencia, donde triunfa quien impone finalmente su voluntad, ya sea por consentimiento o fuerza.

En política, el poder es democrático cuando es consentido por mandato. Ese consentimiento es la influencia que ejercen algunos individuos a través de la moral, el carisma o el conocimiento que otros reconocen como necesario para liderar iniciativas, proyectos u organizaciones. Para que así sea, es esencial que las ideas y valores proyectados por ese liderazgo sean capaces de aunar una identidad colectiva. Cuando esto se consigue, se impone una identidad cultural que es reconocida como legítima por una mayoría y que, por este motivo, consigue gobernar y dirigir una comunidad desde una posición hegemónica. Así, el consentimiento, que es voluntario, produce un halo de poder exógeno e invisible que hace difícil cuestionar el dominio de esa identidad cultural.

Otra forma de entender el poder es la que propone Foucault (2012) a partir de los dispositivos de control . Este planteamiento supone que el poder está vinculado a las normas que definen la idea de lo aceptable en sociedad. Esos dispositivos no son evidentes, ya que se instalan en los procesos de socialización humana desde arriba hacia abajo. Son los que conforman el sentido común o la ideología dominante. Por ejemplo, que una persona es insana porque no se apega a las reglas de normalidad o que el esfuerzo individual es premiado por el mercado. Estos dispositivos actúan como principios rectores internos de lo que es aceptable y qué no lo es. Un ajuste normativo de la consciencia a las reglas de la normalidad, que es esencial para el ejercicio del poder. Entonces, cuando se produce el desajuste entre las normas aceptadas y la realidad observada, el poder, en cuanto relación social, pierde el consentimiento de quienes lo habían validado.

Del desequilibrio normativo, voluntad contrahegemónica e instituciones sin poder

El estallido social fue la expresión concreta de un desajuste o desequilibrio normativo (Mayol, 2020). Esto sucede cuando las normas que se entienden comúnmente aceptadas, no se aplican por igual. En otros términos, en toda sociedad hay normas escritas (leyes) y no escritas (morales) que deben ser cumplidas por todos, pero si en los hechos hay un grupo privilegiado de individuos que queda exento de hacerlo, entonces surge un desequilibrio que será la base, en caso de no ser corregido, de una futura impugnación al orden establecido. Por ello, evadir, tomarse las calles o enfrentar a la autoridad fueron acciones que la población consideró legítimas, para desafiar la relación de poder anteriormente aceptada .

De esta forma, se fueron desactivando varios dispositivos de control de la cultura dominante. Se impugnaron ciertas lógicas de lo “cierto” que impuso la estructura e ideología neoliberal, como aquella norma no escrita de que el mérito era adecuadamente recompensado por el mercado. Es más, mediante la colectivización del testimonio personal se hizo visible todo un sistema de abusos dedicado a transferir rentas desde los más pobres a los más ricos, el que va desde las AFP hasta el Crédito con Aval del Estado (CAE) para estudios superiores. Millones de personas en las calles durante semanas dieron cuenta de que esa impugnación era ampliamente compartida, dando forma a una voluntad contrahegemónica. Y cuando eso sucede, los valores e ideas acordados por las élites para ejercer el poder político van siendo poco a poco invalidados.

Fue entonces que el poder instituido dejó al desnudo su fragilidad, al asumir la impugnación como lo haría el mal príncipe de Maquiavelo, esto es, si no se puede ser amado, más vale ser temido. En la práctica, se recurrió a la fuerza de la policía y los militares. Con una ceguera propia de quien se considera incuestionable, la crisis del sistema se atendió como un asunto de orden público para la defensa de la democracia, como bien lo sintetiza la frase “estamos en guerra” a la que apeló el Presidente de la República el 19 de octubre de 2019. Por cierto, como señalan Levitsky y Ziblatt (20209), este es un pretexto que suele esgrimirse para subvertir la democracia. El resultado final fue la pérdida de legitimidad del poder instituido. De hecho, aumentó la resistencia a la acción coercitiva del Estado, la que dio paso al momento destituyente de las instituciones del poder y sus mandatarios.

Debido a todo lo anterior, el Gobierno perdió toda influencia en la agenda política del país. Ya no había propuesta que ofrecer más allá de la administración de algunas medidas que poco y nada respondían a las demandas sociales. En otras palabras, el Gobierno ya no podía ejercer el liderazgo institucional que impone el presidencialismo. Sebastián Piñera quedó como un costoso lastre para un régimen democrático derruido. Todo intento posterior por retomar algún tipo de liderazgo durante la emergencia sanitaria del COVID-19, denotó más bien la ansiedad de figuración personal del Presidente, antes que una visión política de Gobierno. Un síntoma más de la pérdida de consentimiento político y, por ende, de poder.

Finalmente, el plebiscito constitucional del 25 de octubre acabó por ratificar la presencia de esa voluntad contrahegemónica que subyacía en el estallido social. El aplastante resultado a favor de las opciones Apruebo y Convención Constitucional tiene dos lecturas que lo demostrarían: 1) la ciudadanía quiere más democracia; y 2) no quiere que la Constitución sea elaborada por la actual élite política. La primera tiene que ver con la democracia etimológica, esto es, que sea el pueblo el que escriba las reglas del juego. La segunda, se vincula a lo que algunos analistas han denominado el proceso destituyente de la élite gobernante de los últimos treinta años. Es lo que se deduce de ese 80% que prefirió un órgano constitucional sin los actuales parlamentarios. En pocas palabras, el plebiscito confirmó que ya no hay poder en quienes han sido impugnados.

En síntesis, el poder como voluntad y control sobre otros se diluyó. El ejercicio de autoridad se convirtió en un permanente acto fallido de instituciones políticas sin consentimiento ni propósito. Unas instituciones que hoy dependen de la dimensión más trágica del poder: el uso de la fuerza. Por ello, nada que esté asociado a ellas tendrá posibilidad de legitimarse. Solo quienes tengan la suficiente lucidez para identificarse con este momento sin hegemonía –todo indica que no serán los partidos– serán capaces de solidificar el poder para pivotar el cambio político. Para ello, es clave saber interpretar la “oportunidad política” que abrió el estallido social y que el resultado del plebiscito del 25 de octubre consagró. Pero previamente hay que entender que, como toda relación social, el poder está en ninguna parte y en todas a la vez.

Fuente: El Mostrador, 1 de Febrero 2021

Caso Frei: Indignación profunda en la DC

 Indignación profunda en la DC por absolución en caso Frei: dirigentes y parlamentarios acusaron impunidad y familia recurrirá ante la Suprema

Como “indignante”, una “injusticia” y “francamente inexplicable” fue catalogada en la Democracia Cristiana la resolución de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó el fallo del ministro Alejandro Madrid y absolvió a los 6 acusados por el magnicidio de Eduardo Frei Montalva, a días de cumplirse el aniversario número 39 de su muerte. Según Nelson Caucoto, abogado de Carmen Frei Ruiz-Tagle, el fallo de segunda instancia tiene “errores manifiestos” y recurrirán ante la Corte Suprema “para demostrar que hubo homicidio, que hubo incidencia de elementos tóxicos, que las intervenciones quirúrgicas eran innecesarias y que la actuación de los patólogos de la Universidad Católica fue cuestionable desde todo punto de vista, tanto ético como médico”.

La resolución de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó el fallo del ministro Alejandro Madrid absolviendo a los 6 acusados por el magnicidio de Eduardo Frei Montalva provocó indignación en las filas de la Democracia Cristiana.

Para la carta presidencial de la Falange, Ximena Rincón, la decisión de la sala integrada por los ministros Jaime Balmaceda, Paola Plaza y Guillermo de la Barra es “indignante”, mientras el presidente del partido, Fuad Chahin, sostuvo que la resolución es lisa y llanamente una “injusticia”, por lo que esperan revertir el resultado ante la Corte Suprema.

Con su resolución, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones refutó las conclusiones de la investigación de casi 15 años del ministro en visita Alejandro Madrid al sostener que “Eduardo Frei Montalva no fue víctima de homicidio, sino que falleció como consecuencia de complicaciones médicas”. La decisión favorece al médico Patricio Silva Garín, al exCNI Raúl Diego Lillo Gutiérrez, al chofer personal de Frei e informante de la CNI, Luis Alberto Becerra Arancibia, el doctor Pedro Samuel Valdivia Soto, y los tanatólogos de la UC, Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere.

Vía Twitter, Rincón señaló que “Frei Montalva fue asesinado y esperamos que en la Corte Suprema así se establezca”. “Indigna esta decisión de la Corte de Apelaciones, indigna porque sabemos qué ocurrió y sabemos que si existiera colaboración de instituciones involucradas, se tendrían pruebas contundentes”, indicó.

En las filas de la Falange hubo sendas muestras de solidaridad hacia Carmen Frei, vicepresidenta del partido, quien ha sido incansable en la búsqueda de la verdad por el magnicidio de su padre, bajo el hashtag #justiciaparafrei en redes sociales.

“Mi solidaridad con Carmen Frei y su familia, que han dado una lucha de años por lograr justicia y verdad”, señaló el diputado Víctor Torres, en tanto su colega Gabriel Ascencio indicó que “el fallo es francamente inexplicable”.

Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, sostuvo que “no será ni la primera ni la última vez que se niega justicia a las víctimas de la dictadura”, y a su vez el candidato a gobernador de unidad Constituyente a la gobernación de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sostuvo que “este fallo es inesperado y duele enterarse que la muerte del Presidente Eduardo Frei Montalva pueda quedar impune. Chile no olvida, y la historia se encargará de recordar su legado”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Patricio Zapata, planteó en Radio Cooperativa que el fallo absolutorio “reafirma que la dictadura infiltró el entorno de Frei” y además recordó que se produce a días de cumplirse el aniversario número 39 de la muerte del exmandatario.

Querellantes recurrirán contra fallo absolutorio

En tanto, los abogados querellantes Francisco Ugás y Nelson Caucoto, representantes de la hija del ex mandatario Carmen Frei Ruiz Tagle, anunciaron que recurrirá contra el fallo absolutorio ante la Corte Suprema. “Tenemos esperanza que el máximo tribunal revierta esta sentencia y sancione a los culpables del homicidio calificado del presidente Frei”, indicó Caucoto.

Caucoto añadió que “los ministros autores de este fallo que se recurrirá son muy respetados y respetables, y es lamentable que no hayan podido ser convencidos que el asesinato del ex mandatario fue la más sofisticada de las operaciones de inteligencia realizadas por la dictadura militar, pese a existir pruebas suficientes en ese sentido”.

De acuerdo al profesional, el fallo de  segunda instancia sigue manteniendo la tesis de una muerte de complicaciones médicas, sostiene que la actuación de los médicos patólogos de la Universidad Católica fue “pública, transparente y necesaria”, y además niega que hayan existido elementos tóxicos que incidieron en esa muerte.

Sin embargo, según Caucoto, “todos esos aspectos serán rebatidos ante la Corte Suprema, pues en ellos radica los errores manifiestos del fallo de segunda instancia, y para ese efecto señalaremos las pruebas que logró acumular el ministro Madrid en su larga investigación para demostrar que hubo homicidio, que hubo incidencia de elementos tóxicos, que las intervenciones quirúrgicas eran innecesarias y que la actuación de los patólogos de la Universidad Católica fue cuestionable desde todo punto de vista, tanto ético como médico. Debe recordarse al respecto que mantuvieron durante 20 años ocultos los procedimientos que realizaron y nada fue hecho a la luz pública. Todo fue oculto y secreto”.

Fuente: El Mostrador, 25 de Enero 2021

A 39 años del crimen del Presidente Frei Montalba

 La "curiosidad intelectual" de Frei Montalva y su amor por Chile, a 39 años del crimen

Publicado:

 Viernes, 22 de Enero de 2021 a las 23:46hrs. 

Autor: Cooperativa.cl

Al conmemorar el magnicidio de su padre, Carmen Frei ve en este nuevo aniversario "una oportunidad para recordar los fundamentos de nuestro compromiso con la democracia y la justicia".

"El mejor homenaje que se le puede hacer es una sentencia condenatoria contra todos aquellos que se alzaron contra él", expresó el abogado de DDHH Nelson Caucoto.

La Corte de Apelaciones de Santiago revisa las apelaciones al fallo del juez Madrid y podría modificar el tipo de delito, pasando a homicidio calificado.

Este viernes 22 de enero se cumplieron 39 años del fallecimiento del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, motivo por el cual su hija Carmen Frei invitó a recordarlo a través de un conversatorio en línea, titulado "Testimonio, Justicia y Nueva Constitución", y que contó con la participación del abogado constitucionalista Patricio Zapata, el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto y el periodista Sergio Campos.

El evento digital, que tuvo lugar en la plataforma Zoom, contó con cerca de 300 espectadores que se unieron, previa inscripción, para conmemorar la muerte, calificada como un magnicidio cometido en dictadura según una sentencia judicial de primera instancia.

En este marco, Carmen Frei expresó que "este aniversario es también una oportunidad para recordar los fundamentos en los que descansa nuestro compromiso con la democracia, con la justicia, con la solidaridad, a la luz del momento histórico en el que estamos viviendo".

"Desde que inició su vida política mi padre, al finalizar la segunda década del siglo pasado hasta su muerte el año 1982, siempre trató de responder a los desafíos de cada época con un análisis profundo y sobre todo con una mirada de futuro", valoró la ex senadora DC.

A su vez, Zapata enfatizó que "ojalá pudiéramos conocer a Chile y amar a Chile un 10 % de lo que Eduardo Frei conocía y amaba a Chile, conocer a Chile y amar a Chile, conocer su tierra, como Frei describiendo su experiencia como ministro de Obras Públicas, recorriendo el terriotrio, sus años en Lontué, y la huella indeleble que le dejó el contacto con el campesino como campesino".

"Hay un libro de Frei que se llama 'El mandato de la historia y las exigencias del provenir', historia, provenir, el mandato de la historia, las exigencias del porvenir. Su curiosidad intelectual es impresionante", destacó.

JUSTICIA, "EL MEJOR HOMENAJE"

El abogado Nelson Caucoto manifestó que "ni el Presidente ni nadie se merece haber caído en las manos de estos sujetos desalmados, una operación de basto alcance donde mienten, miente y terminarán mintiendo en esta causa".

Por ello, subrayó, "el mejor homenaje que se le puede hacer es que salga la sentencia condenatoria en contra de todos aquellos que se alzaron contra el Presidente".

La muerte de Eduardo Frei Montalva, en la Clínica Santa María, fue un homicidio, de acuerdo al fallo del juez Alejandro Madrid, el que revisa actualmente la Corte de Apelaciones, cuyo fiscal recomendó retipificar el delito como un homicidio calificado.

Se espera que durante enero o principios de febrero el tribunal de alzada de a conocer su veredicto sobre las penas de los 3 inculpados que aún viven: Luis Becerra Arancibia, chofer del ex Presidente e informante de la CNI, condenado a 7 años de cárcel como coautor del homicidio; Raúl Lillo Gutiérrez, agente de la CNI, condenado a 7 años de presidio como coautor del homicidio; y Pedro Valdivia Soto, médico, condenado a 5 años de cárcel como cómplice de homicidio.

Otros 3 condenados por el juez Madrid ya fallecieron: Patricio Silva Garín, médico y sentenciado a 10 años de presidio como autor del delito de homicidio; Helmar Rosenberg Gómez, tanatólogo, sentenciado a 3 años de presidio como encubridor; y Sergio González Bombardiere, tanatólogo, condenado a 3 años de cárcel como encubridor.

Fuente: Cooperativa/Noticias/Judicial, 22 de Enero 2021