Manejar la crisis

 MANEJAR LA CRISIS AHORA ES LA BASE DE UNA FUTURA GOBERNABILIDAD

Por El Mostrador, 10 de Mayo 2021

Descontando a cierta ultraizquierda partidaria del colapso y a la derecha intransigente y ultraconservadora, que siempre se sentirán ganadoras en medio de conmociones sociales, no se entiende por qué los acuerdos que permitirán la necesaria gobernabilidad del país no se concretan, de una buena vez, habida consideración de que la mayoría amplia y dialogante los considera como algo ineludible. En materia de derechos humanos, la inmediata instalación de una mesa de seguimiento, con amplios poderes, para la reparación efectiva de las víctimas del denominado estallido social, sería algo a lo que nadie podría negarse.

En pocos días más habrá elecciones para cuatro niveles importantes de autoridades: gobernadores regionales, por primera vez; convencionales constituyentes, por una sola vez para redactar una nueva Constitución; y alcaldes y concejales, para renovar los gobiernos locales. Mientras el tiempo pasa y las tensiones se intensifican, parte importante de la elite parece más interesada en las elecciones presidenciales de fin de año que en darle salida a la crisis que afecta al país, principalmente la sanitaria y económica de la mayoría de las familias de Chile.

La base mínima de acuerdos para lograr una salida consensuada no avanza. Tras la derrota presidencial en el Tribunal Constitucional (TC) y la visita de las autoridades parlamentarias a La Moneda, luego del cívico llamado a dialogar de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, está todo estancado. En gran medida, porque los actores no manifiestan una sincera voluntad de impulsar las medidas esenciales, les agregan condiciones y se embotan en difusas consultas de asamblea, hechas más para discursos que para sacar conclusiones.

Los puntos clave que surgieron al comienzo, como parte de los diálogos entre Gobierno y oposición, fueron la entrega de ayudas sociales –principalmente una Renta Básica Universal de Emergencia–; el apoyo a los sectores económicos más postergados, como las pymes; la revisión de la estrategia sanitaria y los mecanismos de financiamiento de las medidas.

El Partido Comunista (incluida la CUT) y el Frente Amplio se restaron del diálogo, y sectores de la centroizquierda –que sí están por dialogar– pusieron sobre la mesa temas de derechos humanos, principalmente el indulto de los presos por actos ilícitos cometidos durante el denominado estallido social, y la reparación a las víctimas de abusos policiales en ese período.

En general, excepto aquellos que manejan la teoría del colapso como la única opción que “borraría el modelo”, todo indica que la mayoría política del país está por el diálogo y la necesidad de acordar un conjunto de medidas mínimas, para asegurar la estabilidad económica y social en estos momentos.

Pero los matices son grandes. Y el Presidente Piñera en sus intervenciones aún no se ha referido ni a una Renta Básica Universal de Emergencia ni a una plataforma de acuerdos mínimos, y está por verse si realmente quiere encauzar una salida racional a los problemas o solo quiere ganar tiempo –lo que puede tener un mal final–.

Todo se califica de urgente y bien se sabe que, en política, viabilizar las soluciones urgentes implica tres cosas: tener actores reales disponibles, concretar acuerdos básicos y tomar decisiones. Todo ello, en medio de una realidad comprimida por procesos veloces, complejos y en poco tiempo.

Los actores deben tener representación, poder real y voluntad para incidir en el cambio de escenario. Los acuerdos requieren de una mesa formal de negociación convocada –en un cara a cara– para exponer los requerimientos y tomar los acuerdos. Y las decisiones deben implementarse prontamente. No sirven los mensajes por la prensa ni los proyectos de ley de larga tramitación. Deben ponerse en práctica y tener impacto real. Si eso no ocurre, solo se trata de una mera escaramuza o debate.

En este contexto, y pese a que la tímida propuesta de la presidenta del Senado caló hondo en la ciudadanía, la mayoría de los actores aún están en la zona gris de las matemáticas simples, sobre lo que les conviene o no les conviene hacer. Por cierto, el Presidente de la República es la mayor incógnita, por la dureza de sus juicios y lo imprevisible de su carácter y, sobre todo, porque no empodera a un verdadero negociador que tenga la capacidad de arribar a acuerdos y soluciones; porque definitivamente los integrantes de su actual gabinete político son personajes –políticamente– muy menores, considerando la complejidad y gravedad del momento actual.

Sin masa crítica de apoyo o aplicando actos dilatorios, los acuerdos no llegarán, pues la escasa confianza interpersonal y política que caracteriza a la sociedad chilena, y la baja adhesión y credibilidad del Gobierno, solo potenciarán las aspiraciones de los partidarios del colapso. Estos, sin hacer nada, pueden ganar todo, incluido transformarse a mediano plazo también en blancos de la ira social.

No obstante todo lo anterior, si de paz social se trata, además de crisis económica, en materia de derechos humanos siempre es posible dejar una señal de voluntad efectiva de preservarlos y defenderlos. Los temas de indultos, además de controvertidos, son de larga tramitación, pero la instalación de una mesa de seguimiento para la reparación de las víctimas es un acto humanitario que corresponde a un derecho y a una obligación del Estado, y al que nadie puede negarse.

Fuente: El Mostrador, 10 de Mayo 2021