A 80 años de la muerte de Pedro Aguirre Cerda

 A 80 años de la muerte de Pedro Aguirre Cerda, el "Presidente de los pobres" que creó Corfo y expandió la educación

El lema "gobernar es educar" marcó su popular Gobierno, que terminó abruptamente tras su deceso el 25 de noviembre de 1941.

Entre sus hitos se cuenta sextuplicar el número de estudiantes y crear más de 500 escuelas.

Este jueves 25 de noviembre se cumplieron 80 años del fallecimiento del Presidente Pedro Aguirre Cerda, el primero de tres administraciones sucesivas encabezadas por el Partido Radical hacia el final de la primera mitad del siglo XX.

Hijo de agricultores, nació el 6 de febrero de 1879 en Pocuro, cerca de Los Andes (Región de Valparaiso) y quedó huérfano de padre a los ocho años, según reseña su biografía en la plataforma Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional.  

Para financiar sus estudios universitarios ejerció la docencia en varios liceos, mientras impartía clases en forma gratuita en escuelas nocturnas para obreros. Así, superando la modestia de sus recursos y con un gran esfuerzo, logró titularse como profesor de castellano y filosofía en la Universidad de Chile en 1900 y de abogado de la misma casa de estudios, cuatro años más tarde.

Una vez recibido, fue profesor de Educación Cívica, Castellano y Filosofía en la Escuela de Suboficiales del Ejército, en el Liceo Barros Borgoño y en el Instituto Nacional.

Por esos años ingresó al Partido Radical —el cuál presidió entre 1919 y 1921— y más tarde (en 1906) a la masonería. En 1910, continuó sus estudios superiores en derecho y economía en Francia y de regreso a Chile, inició una exitosa carrera política.

En 1916, y cuando ambos frisaban los 40 años, Aguirre Cerda se casó con Juana Aguirre Luco, su prima hermana e hija del destacado médico José Joaquín Aguirre. Su matrimonio no dejó descendencia.

SU LLEGADA AL PODER

Luego de dos periodos consecutivos como diputado en representación de los departamentos de San Felipe, Putaendo y Los Andes (1915-1918) y de la provincia de Santiago (1918-1921), Aguirre Cerda fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública, entre enero y septiembre de 1918, durante la presidencia del liberal Juan Luis Sanfuentes.

Luego fue ascendido como titular de Interior durante el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma, brevemente en 1920 y en 1924.

Apoyado por el Frente Popular, Aguirre Cerda fue elegido como presidente de la República el 25 de octubre de 1938, tras vencer con el 50,45 por ciento de los votos al empresario y candidato de la derecha liberal-conservadora, Gustavo Ross Santa María, en una de las elecciones más ajustadas de la historia republicana.

Aguirre Cerda asumió como Mandatario el 24 de diciembre de 1938, apoyado por el Frente Popular.

DEL TERREMOTO A UNA INTENTONA GOLPISTA:  CONVULSO PRIMER AÑO DE MANDATO

Antes de cumplir un año de Gobierno, en 1939, debió enfrentar el terremoto de Chillán, el sismo más mortífero de la historia de Chile -más de 24.000 fallecidos- y el llamado "Ariostazo", un intento de golpe de Estado liderado por Ariosto Herrera junto a Carlos Ibáñez del Campo.

Durante su mandato, impulsó un fuerte proceso de industrialización, para lo que fundó la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) como parte de un ambicioso plan de desarrollo económico que contemplaba la construcción de plantas eléctricas y siderúrgicas, la explotación de petróleo, el apoyo a la industria manufacturera y la mecanización de la agricultura.

Referente a este último tema, no obstante haber propuesto en su libro El Problema Agrario (1929) que el Estado debía redistribuir las tierras improductivas y que su propio programa de Gobierno contemplaba la reforma agraria, la que nunca llegó a efectuarse en estos años.

El Presidente Aguirre Cerda, su esposa Juanita y otros, saliendo de la estación de ferrocarriles de Talca, después del terremoto de 1939. (Fuente: Memoria Chilena)

"GOBERNAR ES EDUCAR"

En concordancia con su lema de campaña "gobernar es educar", otro eje fundamental de su administración fue la expansión de la instrucción primaria, con la construcción de más de 500 escuelas y casi sextuplicando el número de alumnos matriculados.

Su Gobierno también se destacó por desarrollar una activa política cultural. En 1939 promovió el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, con quien lo unía una estrecha amistad, aunque ésta recién lo obtuvo en 1945.

También ordenó elaborar un proyecto de ley para crear el Premio Nacional de Literatura que finalmente fue promulgado en 1942.

En los sectores populares creó espacios orientados a la ocupación del tiempo libre de hombres, mujeres y niños.

Convertida en primera dama, "misia Juanita", como era conocida la esposa del Presidente, encabezó varias iniciativas que provocaron gran impacto en los sectores populares, como la masiva celebración de la "Pascua de los niños pobres" que surgió con el lema de no dejar ni un niño sin juguetes en Navidad.

Portada de la revista Vea del 27 diciembre de 1939. (Fuente: Memoria Chilena)

DEL WINNIPEG A LA RECLAMACIÓN ANTÁRTICA

En el campo internacional, tras la derrota del bando republicano en la guerra civil española, Aguirre Cerda gestionó el traslado al país de numerosos refugiados españoles en el carguero Winnipeg y más tarde recibió a refugiados judíos que huían de los territorios ocupados por la Alemania Nazi.

Por otra parte, luego de la reclamación hecha por Noruega sobre territorio antártico, el Gobierno de Aguirre Cerda declaró oficialmente en 1940, su intención de incorporar a la vida nacional el territorio sobre el cual reclamaba soberanía, estableciendo los límites de la Antártica Chilena.

Durante su mandato, la revista Topaze lo convirtió en "Don Tinto", debido a las viñas que poseía y su lema "gobernar es educar" fue modificado en "gobernar es viajar", debido a sus constantes salidas al exterior.

ENFERMEDAD, MUERTE Y DUELO NACIONAL

El 10 de noviembre de 1941, Pedro Aguirre Cerda, ya muy enfermo, dejó su cargo como Presidente, entregándoselo al ministro del Interior, Jerónimo Méndez.

Luego de 15 días de agonía, murió el 25 de noviembre debido a la tuberculosis que lo aquejaba, dejando de existir tras tres años de Gobierno.

Sus funerales dieron muestra del enorme cariño que la gente le tenía y miles de personas se volcaron a las calles para despedir al "Presidente de los pobres".

Después de su muerte, la figura del presidente se consolidó en el imaginario popular a través de su viuda Juanita, quien siguió desplegando una activa función social que ayudó a realzar su propia obra y la de su esposo, como exponentes de una política popular puesta al servicio de los más desposeídos.

"El adios del pueblo", la portada de la revista Vea del 3 de diciembre de 1941. (Fuente: Memoria Chilena)

Fuente: Cooperativa Chile, 26 de Noviembre 2021

Kast vs Boric en Chile

 Kast vs Boric en Chile | "Hay una disputa de época entre Kast, que pretende no cambiar nada, versus Boric, que pretende cambiarlo todo" 

• Gerardo Lissardy
• BBC News Mundo

22 noviembre 2021

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Gabriel Boric y José Antonio Kast.

La Presidencia de Chile la disputarán un candidato de extrema derecha que "pretende no cambiar nada" y otro de izquierda que quiere "cambiarlo todo", sostiene la analista política y encuestadora Marta Lagos.

"Es la profundidad de la crisis política que vive Chile lo que lleva a esta elección presidencial", dice Lagos, directora de la encuesta regional Latinobarómetro, en una entrevista con BBC Mundo desde Santiago.

A su juicio, el candidato derechista José Antonio Kast tendrá la ventaja de haber pasado primero al balotaje presidencial con casi el 28% de los votos, pero es una incógnita cómo logrará el apoyo que le falta para triunfar el 19 de diciembre.

Por otro lado, Lagos señala que el candidato de izquierda Gabriel Boric, quien pasó segundo con 26%, tuvo problemas para convocar a muchos chilenos que desde 2019 salieron a las calles a exigir reformas.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con Lagos, economista y fundadora de la encuestadora Mori Chile.

¿Cuál es la principal lectura que hace del resultado de estas elecciones que colocaron a Kast y Boric en la segunda vuelta por la Presidencia de Chile?

En primer lugar, que aquí estamos frente a una derecha tremendamente poderosa, donde cinco familias son dueñas del 30% del PIB, que puso todos sus instrumentos para impedir que ganara la opción que había ganado el apoyo a la nueva Constitución.

Entonces me parece que aquí hay una disputa de época: mientras la derecha quiere mantener las cosas como están, la izquierda quiere cambiarlas.

Y lo que se juega en esta segunda vuelta es qué va a decidir el pueblo chileno: si acaso va a elegir a Kast que pretende no cambiar nada, versus Boric que pretende cambiarlo todo.

¿Este resultado confirma que Chile es un nuevo país políticamente, muy distinto al que conocimos en las últimas décadas?

No necesariamente, porque la extrema derecha en la figura de José Antonio Kast ha sacado unos dos millones de votos. Para llegar a la presidencia se requiere por lo menos 3,5 millones de votos. Tiene que sacar un 1,5 millones más en la segunda vuelta.

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Marta Lagos, directora de la encuesta regional Latinobarómetro.

Todos sabíamos que la derecha tiene dos millones. Es lo mismo que sacó en mayo y en otras elecciones. La diferencia es que ahora el candidato es de extrema derecha.

Esa es la novedad: no es que haya dos millones de votos para la derecha, sino que los encarna un candidato que dijo con todas sus letras que si Pinochet estuviera vivo habría votado por él.

Pero al mismo tiempo esta es la primera vez desde el retorno a la democracia en 1990 que la presidencia de Chile no se la disputarán los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha. ¿Qué implica este colapso del centro político chileno?

Aquí efectivamente hay una crisis de representación que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Y esta es la última de las elecciones que topa fondo esa crisis, donde hay cerca de 52% de la población que no votó.

Entonces también hay que leer lo que significa el hecho de que en una elección que supuestamente era tan importante, porque al nuevo presidente le va a tocar promulgar la nueva Constitución, el 52% no vota.

La otra pregunta que hay que hacerse: ¿si gana el candidato de extrema derecha Kast a lo mejor no hay nueva Constitución?

Es la profundidad de la crisis política que vive Chile lo que lleva a esta elección presidencial. Esta es la consecuencia de la crisis.

¿Dice que el electorado chileno se movió a los extremos como consecuencia de la crisis que surgió a partir del estallido social?

Exactamente. Se polarizó aquella proporción del electorado que participa, porque la mayoría no participa.

Entonces tenemos dos países: tenemos el país que no participa, que es la mitad, y tenemos el país que participa, que está polarizado.

• Kast vs Boric: quiénes son y qué proponen los candidatos diametralmente opuestos que se disputarán la presidencia de Chile

Es una situación completamente bipolar, donde el candidato de la derecha obtiene dos millones de 15 millones de votantes. Entonces sí es una victoria electoral, porque la regla le da la mayoría, pero profundiza la crisis de representación.

En la primera vuelta del año 2017, el actual presidente Sebastián Piñera sacó 2,5 millones de votos. Es decir, cada día el candidato que va en primer lugar saca menos votos.

¿Esta tendencia a la polarización política en Chile es similar a la que se observa en otros países de América Latina?

Lo vimos en Perú, donde también hubo una polarización muy fuerte entre una extrema derecha y una extrema izquierda, con la diferencia de que en Perú no había ningún partido político.

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El estallido social de 2019 polarizó el escenario político chileno, según Marta Lagos.

Acá por lo menos los dos partidos de la coalición de gobierno votaron por Kast. Entonces los partidos sí están presentes, porque el gobierno al final terminó apoyando a Kast.

También es paradoja, porque el gobierno tiene solamente 17% de aprobación.

Es un gobierno que sale como el peor gobierno de todos los tiempos. No hace ningún sentido que un gobierno que ha sido rechazado pueda ganar una primera vuelta. Eso también es una expresión de la crisis de la política.

¿Será posible lograr gobernabilidad en los próximos años en Chile con este escenario político, un Senado dividido prácticamente a la mitad entre derecha e izquierda, más allá de quién gane la segunda vuelta?

Sorprendentemente a la derecha no le fue nada mal en la Cámara de Diputados. En el Senado nunca le había ido muy bien.

De nuevo: acá hay un problema de convocatoria. Como votó poca gente, la derecha fue capaz de convocar a más gente que la izquierda, que no tuvo la capacidad de capitalizar el voto de protesta contra la política. No es que esos votos no existan, que la gente no esté descontenta o que no vaya a salir a la calle de nuevo. El punto es que no votan.

¿Cómo uno arregla la legitimidad de la democracia si no es capaz de convocar? Como el Congreso no quiso cambiar la ley a voto obligatorio, tenemos una deficiencia donde esta minoría, que es la derecha, gana.

Y luego está el caso de la buenos resultados de Franco Parisi, el candidato que vive en Estados Unidos y no vino a Chile en toda la campaña electoral.

Es un resultado completamente anómalo desde el punto de vista del sistema de partidos. Parisi dice que los partidos son ladrones, que los políticos no sirven: es el típico discurso antipolítico y populista que hay en muchas partes de América Latina.

Sólo hay anomalías en esta elección. No hay nada regular.

Ahora, es muy difícil que la izquierda gane en segunda vuelta. En todas las segundas vueltas que ha habido en Chile desde el año 1990 siempre ha ganado el que llega primero. Y el que llegó primero en esta ocasión es la derecha.

Entonces si todo sigue igual como en el pasado, estaríamos teniendo una segunda vuelta donde gana la derecha.

Esto sería completamente contradictorio con lo que ha pasado en América Latina, que ha visto alternancias en Perú, Ecuador, República Dominicana… En la mayor parte de los países de América Latina donde ha habido elecciones hubo alternancia. Y en Chile habría continuidad.

Pero no habría continuidad del partido en el gobierno. ¿Ve similar a la derecha que representa Kast y a la derecha de Piñera?

No, lo que pasa es que Kast para poder ganar la Presidencia tiene que armar una coalición con los dos partidos de gobierno. Kast no puede dejar de gobernar con esos partidos. Por lo tanto van a entrar en la coalición que proponga en la segunda vuelta.

Kast solo no llega a ninguna parte.

Siempre estuvo afuera del oficialismo. Se declaró opositor a Piñera hasta el momento en que los partidos de gobierno empezaron a apoyarlo a él, hace tres o cuatro semanas. En ese momento dejó de ser antioficialista.

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José Antonio Kast necesita 1,5 millones de votos más para ganar en segunda vuelta.

¿Si gana Kast habría riesgo de choque un institucional entre el gobierno y la Convención Constitucional?

El gobierno ha sido muy exitoso en instalar una agenda donde hacen ver a la Convención Constitucional y a la nueva Constitución como algo malo, que no va a mejorar la vida de los chilenos.

Un 25% de la gente que votó "apruebo" para la Constitución hace un año hoy está arrepentida de haber votado eso.

El gobierno domina los medios de comunicación. Si gana Kast no cabe la menor duda que van a hacer todo el esfuerzo posible para ganar el plebiscito de salida de la Constitución, para que no exista una nueva Constitución. No quieren una nueva Constitución. No quieren ningún cambio.

No sé si los chilenos que no están votando son conscientes de que al no votar, eso es lo que está sucediendo.

Si el candidato Boric en la segunda vuelta no es capaz de convocar a esos chilenos para que vayan a votar, va a ganar Kast.

Kast en su primer discurso post electoral dijo: "Tenemos piso pero no tenemos techo". ¿Es cierto?

El problema que tiene Kast en este momento es que tiene que conseguirse 1,5 millones de votos más. Piñera para ganar en 2017 necesitaba la mitad: 800.000 votos. ¿De dónde va a sacar Kast esos 1,5 millones de votos que le faltan?

No está claro que el segundo candidato de derecha, Sebastián Sichel, vaya a apoyar a Kast.

Shichel no está de acuerdo con todas las propuestas retrógradas y reaccionarias que tiene, como por ejemplo eliminar el Ministerio de la Mujer, la píldora del día después, una serie de derechos que ha ganado la mujer, y van a crear el Ministerio de la Familia.

Lo primero que hizo Kast en su discurso fue decir que le va a rezar al Dios católico, cuando el 40% de la población de Chile es agnóstica.

Él está representando a una minoría y apela a esa minoría.

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Gabriel Boric tiene 35 años y busca convertirse en el presidente más joven de la historia de Chile.

Usted decía que Boric quiere "cambiarlo todo". ¿Hasta adónde llegaría el giro de Chile hacia la izquierda bajo un gobierno suyo?

La verdad es que tampoco podría cambiarlo todo, porque Boric para llegar a la Presidencia tiene que pactar con la centroizquierda. Eso lo hace buscar una propuesta que sea mucho más ecléctica que la propuesta más extrema que él tiene.

Chile está acostumbrado a hacer una cosa por gobierno, más allá de que sea de izquierda o derecha. Y lo que quiere Boric es hacer unas siete cosas.

La gente se queda mareada con tanta cosa: la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma del sistema de salud, la reforma de la justicia, etcétera.

Y claro, la gente se pregunta cómo se va a hacer eso.

Si Boric pacta con el resto de la izquierda me imagino que una parte de esas reformas van a quedar para después y van a priorizar una, dos o tres.

Fuente: BBC/NEWS/Mundo, 22 de Noviembre 2021

21 de Noviembre 2021: Elecciones Chile

21 DE NOVIEMBRE: LAS CLAVES PARA DESCIFRAR EL ESCENARIO PRESIDENCIAL

Por Andrés Cabrera, 21 de Noviembre 2021

Desde este lunes, veremos cómo los resultados del 21-N no sólo comienzan a delinear la batalla por la conquista del gobierno implicada en el balotaje del próximo 19 de diciembre, sino también cómo los desafíos de la participación política, el posicionamiento de los presidenciales que disputarán el balotaje y la nueva distribución de fuerzas en el Congreso logran promover o, por el contrario, minar el trabajo de la Convención Constitucional. Cuestión decisiva dentro del escenario político abierto en Chile a partir del estallido de octubre.

Hoy, antes de medianoche, tendremos a disposición los resultados de la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales celebrada durante la presente jornada. 

Y cómo no hay plazo que no se cumpla, ni elección que no se compare, anticipemos en esta columna tres dimensiones de análisis fundamentales para evaluar y proyectar el paisaje político que se configurará a partir de esta madrugada. Primero, la participación electoral. Segundo, el caudal de votos que reunirá cada una de las candidaturas presidenciales, especialmente las dos primeras mayorías que accederán al balotaje. Tercero, la distribución de escaños en el Congreso y sus nuevas relaciones de fuerza.

Respecto al primer punto, recordemos que el mínimo histórico en el registro de participación electoral se presentó en las municipales del 2016, donde concurrió a votar solo un 34,6%. En las presidenciales y parlamentarias de noviembre del 2017 el mismo registro llegó a un 46,7%, elevándose un par de puntos en el balotaje de diciembre de ese mismo año para alcanzar un 49,0%.

Tras el estallido de octubre del 2019 y la apertura del proceso constituyente, la participación electoral volvería a aumentar levemente para situarse en el plebiscito del 25 de Octubre del 2020 en un 50,9%. Posteriormente, en la mega-elección de convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales del 15 y 16 de mayo del 2021, la participación bajó considerablemente hasta alcanzar un 41,5%.

Este 21-N las estimaciones más realistas sitúan la votación entre el 46,7% registrado en las presidenciales y parlamentarias del 19-N del 2017 y el 50,9% del plebiscito del 25-O del 2020, por lo tanto, la participación electoral debiese bordear los 7 millones de electores. Un registro aún precario para proyectar una democracia de alta intensidad, pero en ningún caso despreciable en vista y consideración de la profunda crisis de legitimidad que corroe al sistema político en su conjunto.

La segunda dimensión tiene que ver la bullada carrera presidencial, donde no sólo resulta decisiva la posición y caudal de votos que obtendrán las dos primeras mayorías que accederán al balotaje, sino también, el lugar y porcentajes que conseguirán el resto de sus competidores, a efectos de su capacidad negociadora de cara a la segunda vuelta.

El 2017, quienes pasaron al balotaje fueron el representante de la derecha, Sebastián Piñera, con un 37% de los votos, además del candidato de continuidad de una fragmentada Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, quien obtuvo un 22,7%, seguido de cerca por la candidata frenteamplista, Beatriz Sánchez, que se posicionó en tercer lugar con un 20,2%. En la cuarta posición finalizó José Antonio Kast con un 7,9% de las preferencias.

El escenario más probable para este 21-N es que Gabriel Boric y José Antonio Kast pasen a segunda vuelta con un margen difícil de pronosticar a ciencia cierta. Manteniéndose en una segunda línea y con alguna posibilidad de entrar al balotaje se encuentran las candidaturas de Sebastián Sichel y Yasna Provoste, siendo esta chance casi inexistente en la candidatura de Franco Parisi. Por su parte, Marco Enríquez y Eduardo Artés compiten sin mayores pretensiones que superar el 4% de los votos, porcentaje que les permitiría proyectar algún tipo de acuerdo con la más potente carta de las fuerzas opositoras de cara al balotaje, Gabriel Boric.

Dentro de los múltiples cálculos y relaciones que se llevarán a cabo una vez conocidos los resultados, el margen porcentual obtenido entre la primera y segunda posición de la carrera presidencial será fundamental para proyectar la segunda vuelta, además de los caudales de votos que obtendrán quienes se posicionen entre el tercer y quinto lugar.

La indescifrable proyección de los números que obtendrá la segunda aventura presidencial de Franco Parisi y su Partido de la Gente tampoco permite anticipar cuál será la posición que ostentará al final de la carrera. Desplazar a Yasna Provoste y/o a Sebastián Sichel sería un verdadero triunfo para Parisi.

Más allá de estos movimientos, lo más gravitante de un eventual paso a segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast es que la disputa no haría más que agudizar la descomposición del sistema de partidos heredado de la transición, provocando una crisis en la derecha, tan profunda como la que ha tenido que experimentar la centro izquierda concertacionista.

Finalmente, la tercera dimensión a considerar en el análisis de los resultados del 21-N es la nueva relación de fuerzas que se configurará en el Congreso. El 2017, uno de los síntomas más importantes de la tendencia al resquebrajamiento del sistema de partidos fue la irrupción electoral del Frente Amplio que se instaló como tercera fuerza política al interior del Congreso, alcanzando 20 escaños.

Si bien, la elección parlamentaria de este 21-N es distinta a la elección de convencionales registrada el 15 y 16 de mayo, donde la representación de fuerzas políticas alcanzada en la Convención obedece más a la lógica del pluralismo político que a la del reparto duopólico del poder, este 21-N la composición del Congreso debiese tender a bosquejar la conformación de tres bloques de poder parlamentario.

En este cuadro, la derecha representada en las listas de Chile Podemos Más y el Frente Social Cristiano, debiese ser la fuerza que más se aproxime a la conquista de 1/3 de los escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados, seguido por las coaliciones Apruebo Dignidad y la centro-izquierda heredera de la Concertación, Nuevo Pacto Social, en una tercera posición. 

Por su parte, el escenario más probable en el Senado es que la derecha mantenga su supremacía, mientras que en una segunda posición se ubicarían los partidos ejes de la ex Concertación y Nuevo Pacto Social. La aparición de una bancada de Apruebo Dignidad en el Senado, si bien minoritaria respecto de la alcanzada por la centro-izquierda, dinamizará las relaciones de fuerza en una institución que ha sido históricamente conservadora.

Desde el lunes, veremos cómo los resultados del 21-N no sólo comienzan a delinear la batalla por la conquista del gobierno implicada en el balotaje del próximo 19 de diciembre, sino también cómo los desafíos de la participación política, el posicionamiento de los presidenciales que disputarán el balotaje y la nueva distribución de fuerzas en el Congreso logran promover o, por el contrario, minar el trabajo de la Convención Constitucional. Cuestión decisiva dentro del escenario político abierto en Chile a partir del estallido de octubre.

Fuente: El Mostrador, 21 de Noviembre 2021

El péndulo entre la paz y la violencia

 El péndulo entre la paz y la violencia en el sistema político chileno

Por El Mostrador, 17 de Noviembre 2021

La élite política, ensimismada en su burbuja electoral, vive su competencia prometiendo reformas globales o soluciones milagrosas de Estado o de mercado, que la realidad del país desmiente de manera rotunda. El mayor riesgo hoy es que la violencia incubada, tanto en La Araucanía como en el resto de nuestras ciudades, termine por crear imágenes artificiales de poblaciones peligrosas, sean migrantes o mapuche, con incitación a la xenofobia irracional o la justificación de la limitación de libertades civiles de los ciudadanos. Esto podría llegar a barrer con el Estado de Derecho en Chile. Racionalidad y política son las recetas, para lo cual se requieren liderazgos democráticos moderados, los que –lamentablemente– hoy escasean en el país.

El clivaje de polarización que tiene la gobernabilidad en Chile, amenaza de fondo la estabilidad política, paz social y crecimiento económico de décadas pasadas. En parte, por la lentitud e ineficiencia del propio Estado para solucionar urgentes problemas sociales de desigualdad, abusos y falta de derechos, y en parte también por el maximalismo político de sectores que creen que el Estado todo lo puede o que el mercado es el mecanismo que corrige la falta de equidad. Hoy, la fragmentación política, crisis económica y necesidades sociales como variables sustantivas de ese proceso, mueven una definición electoral marcada por dos bloques diametralmente antagónicos, y en una atmósfera de creciente violencia política y delictual. 

En ese contexto, la situación de La Araucanía ha llegado, lamentablemente, a un momento de maduración de su lógica de uso de la fuerza que estrecha las salidas de carácter político de la crisis. Ninguno de los actores, ni las organizaciones mapuche, ni el Estado y sus autoridades, ni el gran empresariado forestal, aceptaron que sus posturas estrechas, mantenidas por años, implicaban girar contra la cuenta de paz, bienestar y estabilidad que brindaba la democracia. Hoy el camino se hace más difícil, cuando el martirologio y la razón de Estado ponen las cosas en el camino binario del “por la razón o la fuerza”.

Con todo, resulta fundamental dejar sentado un concepto que la ambigüedad política del país nunca ha aclarado de manera meridiana. El Wallmapu mapuche (lado chileno), reconocido como tal, es un territorio dentro de la soberanía del Estado de Chile y no uno ajeno o fuera de ella. Por lo tanto, toda solución política, cualquiera que fuere, tiene ese marco de acción, que implica que es del interés nacional del país el respeto de su integridad territorial y la vigencia de sus leyes, sin perjuicio de las excepciones que se acuerden, en el marco de la autonomía del pueblo mapuche. Todo, sin privilegios que lesionen las definiciones esenciales del Estado de Chile y la igualdad entre todos sus ciudadanos.

La radicalización del conflicto en La Araucanía no ayuda a una salida racional y, por el contrario, presiona por acciones drásticas que terminarían limitando aún más los derechos y libertades de las personas, ya amenazadas en gran medida por torpezas del propio Estado, como por manifestaciones violentas que en ninguna democracia estable podrían aceptarse como un componente del ejercicio normal de demandas sociales o políticas. De hecho, la seguidilla de atentados y las declaraciones sobre resistencia armada mapuche, ponen una perspectiva insurreccional y de propaganda armada que radicaliza aún más las cosas y tornará más compleja la vuelta a la normalidad.

En este contexto, la renovación del Estado de Excepción de Emergencia solicitado por el Presidente de la República y aprobado por el Congreso Nacional, no puede verse como una solución, sino solo como un peligroso paliativo, que además entraña el riesgo de hacerse permanente si el uso de la fuerza se convierte en el recurso principal de gestión territorial. 

Hay que poner el foco, también, en la ineficiencia de las instituciones policiales y de justicia en la zona mapuche, que nunca han entregado conclusiones claras de quiénes son los responsables directos de los hechos de violencia, lo que lleva a una injustificable criminalización de toda la población mapuche. Esto es grave, pues el carácter fallido de la investigación criminal y la justicia se vuelve inútil para orientar la acción del Gobierno y del Estado.

El peso negativo de lo que ocurre en La Araucanía puede acelerar el ambiente de polarización política, amenazando tanto la estabilidad de las instituciones como la paz social y la viabilidad de los cambios políticos que debiera traer el trabajo de la Convención Constitucional. 

Un punto muy complejo podría ser que los brotes de violencia delictual que sobrepasan el control del Estado en ciudades y barrios del país, generando un ambiente de inseguridad urbana para toda la ciudadanía, se articulen con organizaciones mapuche radicales para buscar cobertura, y haga esto más complejos los riesgos de seguridad, ahora en las ciudades.

La elite política, ensimismada en su burbuja electoral, vive su competencia prometiendo reformas globales o soluciones milagrosas de Estado o de mercado, que la realidad del país desmiente de manera rotunda. El mayor riesgo hoy es que la violencia incubada, tanto en La Araucanía como en el resto de nuestras ciudades, termine por crear imágenes artificiales de poblaciones peligrosas, sean migrantes o mapuche, con  incitación a la xenofobia irracional o la justificación de la limitación de libertades civiles de los ciudadanos. Esto podría llegar a barrer con el Estado de Derecho en Chile. Racionalidad y política son las recetas, para lo cual se requieren liderazgos democráticos moderados, los que –lamentablemente– escasean hoy en el país.

Fuente: El Mostrador, 17 de Noviembre 2021

Las pensiones un derecho humano

 Las pensiones, un derecho humano que la nueva Constitución debe reconocer

Por René Solís de Ovando Segovia

El hecho, verdaderamente dramático, de que las pensiones –es decir, el bienestar de las personas en la vejez– esté en manos de agentes financieros especuladores que, como no podía ser de otra manera, se enriquecen a costa de años del esfuerzo y sacrificio de quienes no tienen más que su capacidad de trabajo, parece quedar en segundo plano. Da la impresión de que, en todo caso, el problema fuera más bien de poca eficiencia de las AFP, y no el disparate que significa dejar prácticamente la totalidad del bienestar de nuestros mayores en manos de especuladores. Y esto ocurre porque no se pone el foco en la cuestión principal.

En plena campaña para las elecciones presidenciales, el debate entre las distintas candidaturas sobre uno de los problemas sociales básicos de los chilenos, como es el pésimo sistema de pensiones, parece estar más presente que nunca.

¿Pero se trata de un verdadero debate de fondo? Por ejemplo, la gravísima situación de los pensionistas que dependen de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), por las noticias de prensa, da la impresión de reducirse a la posibilidad de retirar parte o la totalidad del ahorro depositado en estas entidades. Incluso, parece que todo radicara en conocer qué responsables políticos (candidatos o no) tuvieron el descaro de oponerse al retiro del ahorro previsional, mientras ellos sí lo hacían.

El hecho, verdaderamente dramático, de que las pensiones –es decir, el bienestar de las personas en la vejez– esté en manos de agentes financieros especuladores que, como no podía ser de otra manera, se enriquecen a costa de años del esfuerzo y sacrificio de quienes no tienen más que su capacidad de trabajo, parece quedar en segundo plano. Da la impresión de que, en todo caso, el problema fuera más bien de poca eficiencia de las AFP, y no el disparate que significa dejar prácticamente la totalidad del bienestar de nuestros mayores en manos de especuladores. Y esto ocurre porque no se pone el foco en la cuestión principal: las pensiones son la realización práctica de un derecho humano como es la garantía de rentas de las clases pasivas, que debe estar garantizado para todos. Y, puesto que se trata de  un derecho –en este caso encuadrado en los llamados derechos sociales–, la obligación del Estado solo admite delegación sobre la gestión, nunca sobre el objeto mismo del ahorro, que no puede ser otro que ayudar a financiar las pensiones y en ningún caso generar beneficios a personas o entidades privadas.

Dos principios dan soporte a los derechos sociales: la obligatoriedad del Estado de garantizar su ejercicio y, por otra parte, asegurar la universalidad de acceso a los recursos y servicios que hacen viable tal garantía.

En investigaciones en marcha sobre normativa comparada en materia de protección social (Centro Iberoamericano de Estudios Sociales), se ha visto que las constituciones que recogen explícitamente la obligatoriedad del Estado de garantizar recursos y prestaciones sociales a los ciudadanos, son las pertenecientes a Estados con sólidos sistemas de protección social que, además, correlacionan con elevados niveles de desarrollo, como es el caso de Alemania, España, Portugal, Francia y países nórdicos, entre otros. Si observamos el caso de España, con la 2ª Constitución más joven de la Unión Europea –exceptuando los países excomunistas–, en el Art. 50 se dice: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Es decir, obliga al Estado a garantizar unas cuantías adecuadas de las pensiones (de jubilación y asistenciales) y, en consecuencia, que no puedan estar sometidas a riesgos financieros propios del mercado.

Pero es más, en el Art. 47, referido a un derecho directamente relacionado con el bienestar social, que lógicamente también afecta importantemente a las personas mayores, como es el derecho a una vivienda digna, dice que “(…) los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Por lo tanto, los derechos consagrados en la Constitución debe garantizarlos el Estado y, por si cupiera alguna interpretación diferente, en la propia Carta Magna se indica la necesidad de “impedir la especulación”. Y, además de quedar clara la obligatoriedad del Estado en el reconocimiento de los derechos sociales de la ciudadanía, se indica que se trata de derechos de todas las personas, lo que se ha de traducir en que los recursos y prestaciones que hacen viable su ejercicio son de acceso universal.

Este tipo de modelos, presentes y consolidados en la llamada Europa del bienestar social, en donde se garantiza salud, educación y servicios sociales de carácter universal y gratuitos, han funcionado –y lo siguen haciendo– con indudable éxito en crisis económicas y catástrofes medioambientales, etc., objetivamente no tienen cabida en el Chile actual, entre otras causas, porque para implementar estos sistemas de protección social es necesaria una Constitución que reconozca los derechos sociales a los que tales sistemas responden. Lo mismo ocurre con el derecho a pensiones dignas, no existe el reconocimiento constitucional de tal derecho.

Y una última reflexión: en el marco de un Estado de derecho, un potente y bien estructurado Sistema de Protección Social no solamente no es caro, sino que, al disminuir drásticamente las situaciones de desigualdad, desventaja social y exclusión, reduce, también de forma radical, el gasto en salud, dependencia y asistencia social… ya sea de forma directa o a través de subvenciones a entidades privadas.

Fuente: El Mostrador, 28 de Octubre 2021