La mayoría de los chilenos, estamos relativamente informados, que el próximo 25 de Octubre de 2020, nos tocará votar de manera histórica y como nunca había sucedido anteriormente, si queremos un nuevo texto constitucional para nuestro país, o bien estamos de acuerdo que nos siga rigiendo la actual constitución de 1980.
Para que esto suceda, cuando concurramos a votar, recibiremos 2 papeletas de votación : una con la pregunta ¿ Quiere usted una nueva constitución ? seguidas con las alternativas "Apruebo" y/o "Rechazo" y una segunda cédula electoral compuesta por la pregunta ¿ Que tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución ? acompañada de la respuestas : "Convención Mixta Constitucional" y/o "Convención Constitucional".
Es importante señalar, que ir a votar, es un deber cívico ineludible, donde está en juego nuestro futuro como sociedad, en que país vamos a vivir, si en un estado solidario o uno subsidiario como el que nos rige hoy, la idea es que esta nueva constitución, su único norte, sea el bien común de todos los chilenos con un estado de bienestar y no uno mercantilista, como el que nos rige actualmente.
Si bien es cierto, nuestra historia constitucional, comienza en 1812 y existen numerosas cartas constitucionales posteriores, sólo 3 han sido las que más han perdurado en el tiempo, la Constitución de 1833, la de 1925 y la de 1980 con sus respectivas reformas.
Cuando se habla, de elaborar una nueva constitución, desde una hoja en blanco o sea partir desde cero, eso es ignorar todo un patrimonio en lo jurídico constitucional y que debe ser rescatado en esta nueva carta magna, pero obviamente hay que hacer modificaciones radicales en algunos aspectos esenciales para el desarrollo y crecimiento de nuestro país, donde el respeto a la vida, al medio ambiente, la independencia de los poderes del estado, la democracia como sistema político, que el estado tenga un carácter solidario y por ende de protección a sus ciudadanos desde su nacimiento e incluso desde la concepción, reconocimiento constitucional a nuestros pueblos originarios, descentralización real del estado, derecho a una pensión básica universal, derecho a una vivienda digna, derecho a educación y salud gratis y de calidad, eliminación o transformación profunda del actual tribunal constitucional que se ha transformado en los hechos en una nueva cámara que distorsiona la voluntad popular, eliminación del derecho a veto del ejecutivo por su permanente mal uso, crear el mandato revocatorio para que el pueblo ejerza su soberanía destituyendo por voto popular cuando un parlamentario es corrupto o vota en contra de beneficios reales para el pueblo y sin fundamento técnico, estos preceptos necesariamente debe estar, como ideas matrices esenciales.
En un reciente trabajo, publicado en el Mercurio del 27 de Septiembre de 2020, "Constitución Política de la República de Chile, Edición Histórica, Origen y Trazabilidad de sus normas desde 1812 hasta hoy", del Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Jaime Arancibia Mattar, él distingue cuatro grandes periodos constitucionales: 1812-1925, 1925-1973, 1973-1989 y 1989-2020. Es un gran aporte académico, que hay que leer y estudiar para comprender mejor, la trascendencia que tiene para todos los chilenos, el próximo plebiscito del 25 de octubre 2020 y que está a la vuelta de la esquina.
“La primera ola de coronavirus en América Latina aún no ha terminado”
Con la llegada del otoño, Europa se sumerge en una segunda ola de contagios de coronavirus. En América Latina empieza la primavera y los casos bajan. ¿Influye el clima en el virus? El virólogo Felix Drexler nos explica.
Personas con mascarillas en Playa del Carmen, México.
DW: Mientras que en Europa se registra una segunda ola de coronavirus con la llegada del otoño, en América Latina empieza la primavera y los contagios en algunos países disminuyen ligeramente. ¿Existe alguna relación entre el virus y el cambio estacional?
Dr. Felix Drexler: En realidad, el virus en Europa no dejó de circular. Por ejemplo, en la primera ola, en Alemania, tuvimos pocos brotes regionales, y ahora la situación es más difícil de controlar. Sí se podría decir que hay una estacionalidad del nuevo coronavirus, si tenemos en cuenta que los coronavirus endémicos, los del resfriado común, aparecen en invierno. De modo que la llegada de la primavera a América Latina podría ayudar a disminuir la transmisión del virus.
La gran incógnita es si esta es la razón principal de la baja en algunos países. En ese aspecto hay que ser cuidadosos, porque muchos países en América Latina son muy diversos, en climas y demografía. Países como Bolivia, Colombia, Ecuador o Perú tienen dentro de sus países ecozonas completamente distintas. El clima en los Andes es, por ejemplo, muy distinto al de la Amazonía. Es mejor analizar por regiones. Por ejemplo, el desastre de Guayaquil se trasladó después de un par de semanas a Quito. La respuesta de los Gobiernos ahora va a tener que ser con un enfoque regional.
El virólogo alemán Felix Drexler.
¿Debería América Latina estar atenta a esta segunda ola europea para imitar y mejorar a tiempo las medidas que se tomen?
Creo que es al revés. En Europa deberíamos ver lo que ocurrió, y sigue ocurriendo, en los países latinoamericanos, para tomar en serio la situación. Desgraciadamente, en Alemania estamos teniendo dificultades para aprender de los países vecinos que ya están en la segunda ola como España, Francia o Italia. No creo que se pueda hablar ahora de una segunda ola en América Latina. Es simplemente una transferencia normal y geográfica de la primera ola. En América Latina hay una primera ola que aún no ha terminado. Hay que tener en cuenta que muchos países en América Latina tuvieron una respuesta temprana a diferencia de otros, como Costa Rica, que tuvo bastante éxito en controlar al inicio, pero ahora la situación es al revés. Es porque la gente está harta de estar encerrada y los jóvenes se sienten invulnerables, salen y se infectan.
Otro elemento a considerar es la inmunidad de rebaño, que probablemente hace que los números bajen, por ejemplo, en Guayaquil o Manaos, que eran focos de infección. Eso significaría que gran parte de la población ya se infectó y está al menos parcialmente inmune. En Manaos, Guayaquil o Iquitos creo que está ocurriendo eso, y se refleja en las bajas cifras. Hay que seguir haciendo estudios y ver si esta inmunidad de rebaño es duradera hasta que llegue una vacuna para evitar que haya una segunda ola.
¿Qué lecciones les dejó la primera ola a los latinoamericanos?
Primero, que probablemente existe una inmunidad de rebaño que ya estamos viendo, pero el costo es muy severo, si miramos hacia Guayaquil, Manaos, Iquitos y Bolivia. Es una lección muy drástica y muy triste. Siempre dijimos que tenemos que aprender unos de otros, pero tenemos que darnos cuenta de que hay que aguantar un poco más. También hay partes de la población que ya no están siendo afectada. Aprendemos unos de otros cuando miramos que también hay casos severos en jóvenes. Estos se enferman con menos frecuencia que los mayores, pero también enferman. De modo que seguimos aprendiendo sobre el coronavirus.
Los países latinoamericanos deberían preparar y fortalecer mejor sus sistemas de salud pública. También trabajar en la descentralización de la saludn para que funcione no solo en la capital. Esa sería una gran lección, y ojalá sea parte del aprendizaje de América Latina. Veremos si se llega a implementar.
¿Por qué es importante en el futuro combatir la "infodemia”, la propagación de la desinformación sobre el virus, como advirtió la OMS, y evitar que los políticos utilicen la pandemia?
Esto existe en todos los países del mundo. Mucha gente tiene dificultad para entender la diferencia entre casualidad y causalidad. La desinformación y el rechazo de las personas a tomarse el trabajo de informarse bien y buscar fuentes sólidas está en todas partes. Mucha gente se deja llevar por lo fácil y escandaloso. Una parte de los medios de América Latina siempre ha buscado el escándalo. Hay gente que no sabe diferenciar lo correcto de lo falso, aunque también aquí puede pasar lo mismo. Ojalá que haya un fortalecimiento de la distribución de hechos científicos y salud por parte del Gobierno, que es el indicado para ese rol. En general, es ridículo que un desastre como la pandemia actual sea usada para motivos de carrera política de algunos países. No sólo de América Latina. Estados Unidos es el peor ejemplo que existe. Y a esos se suman los teóricos de la conspiración.
¿Cuál diría usted que fue la clave del éxito alemán?
La principal razón es que en Alemania pudimos hacer pruebas a muchas personas más, a muchos asintomáticos o casos leves que no llegan ni siquiera a ser testeados en América Latina. También la estructura hospitalaria, en Europa en general, es mucho más robusta que en otros lugares de América Latina. Podemos ofrecer ventilación mecánica a mucha más gente, y mucho más rápido. Hay un sistema de salud pública que funciona bien, un poco distinto de los de América Latina. En Bolivia, si alguien tuviera ahora un infarto al corazón es posible que muera, porque no hay lugar en los hospitales. Incluso si quisiera y pudiera pagar. Pero la gran mayoría no puede. En España, o en Francia, el sistema de salud existe y corre con los gastos. No todo es color de rosa en Europa, pero no se puede comparar con América Latina.
En conclusión, es importante no bajar la guardia en América Latina, aunque llegue la primavera.
Sí. Es probable que la trasmisión se reduzca por el clima, pero el virus no va a parar por eso, el contagio no va a cesar por eso. Sería erróneo decir: "ya pasamos por lo peor y los próximos cuatro meses serán tranquilos”. Antes se decía que con altas temperaturas ya no habría problemas, pero luego vimos los casos en la Amazonía. También se dijo que en las zonas altas de los Andes el virus no era estable por la radiación ultravioleta, y estamos viendo brotes enormes en esas zonas. Hay que tener mucho cuidado con esas conclusiones, si no, es posible que se repita lo mismo y haya que cerrar todo otra vez.
El Dr. Felix Drexler, virólogo y profesor de la prestigiosa Clínica Universitaria Charité de Berlín, es consejero científico de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y dirige delegaciones que ayudan a los gobiernos latinoamericanos en su lucha contra el nuevo coronavirus. Drexler tiene amplia experiencia profesional en América Latina, donde también llevó a cabo proyectos para combatir el zika.
En 1975, un grupo de comisionados de la ONU, liderados por el paquistaní Ghulam Ali Allana, se aprestaba a viajar a Chile para investigar en terreno la situación de los derechos humanos. Pero seis días antes de su ingreso, la dictadura les prohibió la entrada.
En cambio, Pinochet envió a dar testimonio a Ginebra a un grupo de supuestos “independientes”, como el dirigente camionero León Vilarín, el ministro de la Corte Suprema Enrique Urrutia Manzano y el abogado Hermógenes Pérez de Arce.
Antes de viajar, el grupo fue invitado a un tour por el centro de torturas de la DINA Cuatro Álamos, donde Pérez dice que los detenidos “cocinaban pucheros apetitosos, a juzgar por el aroma. No acusaron malos tratos. El aspecto general de la gente era de individuos de clase media, vestidos con ropas abrigadas (…) No presentaron quejas”.
La dictadura de Pinochet reclamaba que, al no haber podido entrar a Chile, la comisión debía dar crédito a estas patrañas, y declararse “incapacitada” para elaborar un informe independiente.
Increíble pero cierto: el PC chileno usa el mismo argumento de Pinochet.
Los informes de la comisión Allana y las condenas de la ONU al régimen chileno se repitieron en 1976 y 1977. Entonces Pinochet convocó a una “Consulta Nacional”, sin registro electoral, campañas ni veedores. “Frente a la agresión internacional desatada en contra de nuestra Patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile, y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país”, decía el voto, impreso en papel translúcido. En el Sí había una bandera chilena; en el No, un cuadro negro. Los votos en blanco se sumarían al Sí, porque, según el subsecretario del Interior, “se presume que el voto en blanco constituye aprobación”. La ridícula “Consulta” serviría de modelo para el fraudulento plebiscito constitucional de 1980.
Maduro también dice defender a la “Patria que se ha negado a rendirse a la injusticia de los imperios, sometida a una agresión permanente”, y también contesta con un fraude electoral. El Partido Comunista chileno respalda la maniobra: “las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre ofrecen una oportunidad de solución por la vía de la decisión popular y democrática (…) en el que los propios venezolanos, sin la intromisión de intereses extranjeros, podrán decidir su futuro”, declara el PC, omitiendo la evidencia sobre fraude y manipulación de los órganos electorales.
El PC incluso descalifica los reportes firmados por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, acusándola de “falta de imparcialidad” y de caer en “incongruencias, contradicciones, presunciones infundadas y generalizaciones”. El viernes, Bachelet actualizó a 2.039 los fallecidos este año en Venezuela en “operativos de seguridad”, además de la continuación de “torturas y desapariciones forzadas”.
El PC chileno se alinea con una dictadura criminal para descalificar al unísono el serio trabajo de investigación de la expresidenta con la que gobernaron Chile. Incomprensible, sobre todo en un partido que sufrió en carne propia los horrores de la campaña de exterminio desatada en su contra por Pinochet y sus secuaces.
El PC acusa “anticomunismo” tras las críticas en su contra. Eso es tan absurdo como atribuir a un “antigremialismo” las justificadas críticas a la UDI por su defensa de la dictadura de Pinochet. La coherencia en este tema es especialmente crucial hoy, cuando Chile vive su peor crisis de derechos humanos desde la dictadura, con informes internacionales que documentan los abusos cometidos, especialmente por Carabineros, tras el 18 de octubre.
Como reprochó Mario Vargas Llosa a un autodenominado “libertario” que ensayaba una defensa del pinochetismo: “Todas las dictaduras son malas, peligrosas e inaceptables”. Ese es el mínimo exigible en democracia: que todos abandonen sus villanos favoritos y pongan los derechos de las personas, antes y ahora, en Chile, Venezuela o donde sea, por encima de los Madurochet de su preferencia.
¿Apoya el aborto en cualquier circunstancia? ¿Cree que las empresas contaminantes se deberían cerrar? ¿Considera que las pensiones son un tema individual o colectivo? ¿Se considera de izquierda, centro o derecha? En base a preguntas de ese tipo el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) presentó esta semana un nuevo estudio donde se clasifica a los chilenos según sus creencias, un ejercicio inédito que sirve para entender a la cambiante sociedad posestallido social.
El Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) es una encuesta que desde 2016 viene realizando el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), un conglomerado de universidades chilenas. Dentro de este trabajo está el informe “Radiografía del cambio social”, que analiza las creencias, actitudes y percepciones de la sociedad chilena para entender cómo estas se mantienen o cambian en el transcurso del tiempo.
En octubre del año pasado, el equipo del COES se preparaba para hacer un nuevo sondeo, pero vino el estallido social y debieron realizar este trabajo entre noviembre de 2019 y marzo de 2020. Por eso consiguieron una radiografía bien clara de lo que es el Chile pos 18 de octubre, en lo que viene a ser la cuarta entrega del reporte que permite comparar las respuestas de los encuestados con las que tenían en las tres versiones anteriores de este estudio longitudinal.
Ya con los resultados en la mano, los investigadores fueron comprobando o descartando las hipótesis que tenían sobre el momento del país. “Una de las grandes teorías dice que a medida que las sociedades se enriquecen a nivel colectivo y experimentan procesos continuados de crecimiento económico, las generaciones más jóvenes empiezan a adoptar orientaciones valóricas que son distintas a las de las generaciones más viejas”, dice Matías Bargsted, profesor asociado del Instituto de Sociología de la UC e investigador del COES que trabajó en el informe. “Mientras las generaciones más viejas tienen mayor preocupación por temas de seguridad económica y física, como mantener el país ordenado o la inflación a raya, los más jóvenes dan por sentadas esas cosas y comienzan a pensar en temas medioambientales o de equidad de género”.
Para poder comprobar si tesis de este tipo tenían correlación en la sociedad chilena actual, los investigadores del COES sometieron a los casi 3 mil encuestados residentes en ciudades chilenas con más de 10 mil habitantes a preguntas como si las parejas homosexuales deberían poder adoptar hijos, cuál es el rol del Estado en la educación sexual de los niños, cómo debía enfocarse el gasto social o si se debían cerrar las empresas contaminantes, aunque eso afectara el desempleo. ¿El objetivo? Poder perfilar a la población según sus posturas ideológicas.
“Quizás hace un par de generaciones atrás podíamos ordenar las preferencias de las personas o las posiciones colectivas de los partidos políticos bastante bien en un ordenamiento de izquierda a derecha, pero hoy es más difícil. Ahí es cuando estos mapas ideológicos tienen sentido”, explica Bargsted.
El resultado son cuatro grupos de chilenos: los progresistas (representativos del 24% de la población), los liberales bisagra (18%), los conservadores pro-Estado (21%) y los conservadores pro-Mercado (37%). “Esta clasificación de alguna forma sintetiza la escala izquierda-derecha con el otro eje que sería liberal-conservador. Si la política tuviera esas dos dimensiones, una sería de una izquierda más pro-Estado y otra de una derecha más de iniciativa privada y mercado. Cruzado a eso habría una dimensión liberal y otra más conservadora en términos valóricos. Creo que las clases sintetizan el ordenamiento de las personas en esas dos dimensiones”, detalla Bargsted.
Sobre la fotografía del Chile posestallido, el investigador de la UC dice que hubo respuestas que fueron transversales a los cuatro grupos, como un fuerte aumento en los niveles de insatisfacción respecto de cómo funciona la democracia en Chile. Aunque, por otro lado, el respaldo a la democracia como la mejor forma de gobierno creció también de manera transversal. “Por una parte tenemos más ciudadanía crítica prodemocrática que hace un año atrás. Ahí hay un cambio bastante marcado”, dice Bargsted, quien agrega que otras temáticas que reunieron alto apoyo en todos los grupos fueron las causas medioambientales, el respaldo al rol del Estado por sobre los privados en la educación y el apoyo a la opción “apruebo” en el plebiscito del 25 de octubre.
También se analizó el sexismo en el país, separándolo entre uno calificado como “hostil” -mucho más crudo, explícito y brusco, siendo básicamente la creencia de que las mujeres son inferiores a los hombres- y otro “benévolo”, que es más encubierto y se esconde en miradas paternalistas como que a ellas hay que protegerlas. “En general, los niveles de sexismo que hemos encontrado son relativamente altos. Eso nos está diciendo que a pesar de que tenemos una sociedad que va avanzando en igualdad, en línea con los progresistas o los liberales bisagra que son más abiertos, los niveles de sexismo siguen siendo relativamente altos. Estamos hablando de que el 50% de los progresistas reportan esos niveles”, explica Gloria Jiménez-Moya, académica de la Escuela de Psicología de la UC e investigadora asociada del COES.Estos son los cuatro perfiles ideológicos.
Usted, ¿a cuál pertenece?
Los progresistas, sin miedo al cambio
El primer grupo definido en el informe son los progresistas, que corresponden al 24% de los chilenos. “Son personas que en general suelen estar abiertas al cambio y que apoyan cambios igualitarios”, explica Gloria Jiménez-Moya, lo que fundamenta en las posturas más abiertas de este grupo en temas como el aborto o la adopción homoparental.
Son la segunda clase más joven del informe: casi siete de cada 10 son menores de 50 años. Tienen, en promedio, el nivel educativo más alto (57% de ellos posee educación superior técnica o universitaria), algo que tiene una correlación en su nivel socioeconómico. El 36% se declara no creyente, la cifra más alta de los cuatro grupos.
En términos políticos, la mayoría se identifica ideológicamente como de izquierda (44%) o centro (23%). “Uno podría pensar que es el mundo de centro-izquierda y de izquierda. Del PPD hacia la izquierda”, explica Matías Bargsted. El 34% se declara bastante o muy interesado en la política, la cifra más alta en todos los grupos, y el 76% apoya el régimen democrático, siendo también el mayor porcentaje.
“Los progresistas son personas liberales valóricamente, que exigen y demandan mayor Estado, creen y confían en la acción estatal”, explica Bargsted. Esto se ve en que son la clase que se muestra en mayor desacuerdo con que el gasto social esté focalizado y no exista un Estado más subsidiario para todos. También rechazan que la educación sexual sea un rol exclusivo de los padres y que las pensiones sean una responsabilidad individual.
En cuanto al sexismo, son los que muestran niveles más bajos, aunque Jiménez-Moya dice que no hay mucho que celebrar. “A pesar de que tienen los índices más bajos, aún son muy sexistas, especialmente cuando hablamos de esta visión estereotipada de que la mujer es débil y hay que protegerla y que el hombre es más fuerte y tiene el rol de cuidar de ella”, explica la sicóloga. Según el informe, un 50% de los liberales presentan un índice alto de sexismo.Por último, en relación con el autoritarismo, son el grupo que presenta una adhesión más baja a estas ideas, con el 36% de ellos presentando un índice alto.
Liberales bisagra, al medio de todo
El grupo de los liberales bisagra (el 18% de la población) tiende a adoptar posiciones intermedias entre progresistas y conservadores. Son personas que se muestran más liberales en el plano moral-cultural que los conservadores y manifiestan mayor apoyo a la expansión de las capacidades del Estado, aunque no con la misma intensidad que los progresistas. “A pesar de que están de acuerdo con muchos cambios, algo interesante es que en ciertos temas son indiferentes o no se posicionan claramente. No tienen visiones tan claras”, dice Jiménez-Moya.
ESTE ES UN CORTO, DEL PARTIDO RADICAL, PARA LA CAMPAÑA DEL APRUEBO
Son nueve piezas que fueron dirigidas por Rodrigo Sepúlveda e interpretadas por los actores Julio Jung Duvauchelle y Nathalia Aragonese, en el que mezclan reflexiones sobre la Constitución, pero con un tono humorístico.
El contenido va en favor de la opción Apruebo y Convención Constitucional, y tiene como eslogan “El/La que piensa aPRueba”. El Plebiscito se realizará el 25 de Octubre del 2020.
Esta se emitirá dos veces al día hasta el 22 de octubre y tendrá una duración de 15 minutos. La franja abarca las campañas del Apruebo y el Rechazo, además de la Convención Constituyente y la Convención Mixta.
La primera emisión será desde las 12:45 horas hasta las 13:00 horas, mientras que la segunda tanda será desde las 20:45 horas hasta las 21:00 horas.
A UN MES DEL PLEBISCITO : ESTUDIOS PRONOSTICAN ALTA PARTICIPACIÓN EL 25 DE OCTUBRE, PESE A LA PANDEMIA Y EL TEMOR A POSIBLES CONTAGIOS
De acuerdo a la encuesta “Barómetro del Trabajo: Chile en Tiempos de Pandemia” de Mori y la fundación Fiel, el 25 de octubre habrá una participación electoral superior a la presidencial de 2017, y de hecho un 59% dice que ya tomó la decisión de ir a sufragar. Además, la importancia que la ciudadanía le asigna a este plebiscito queda refrendada en que un 71% de los encuestados piensa que su voto “hace la diferencia” y el 67% sostiene que “vale la pena hacer el esfuerzo de ir a sufragar”. Los datos son corroborados por un estudio cualitativo desarrollado por Plataforma Contexto, donde los consultados ven el proceso con “optimismo” y perciben un amplio triunfo del Apruebo como “una salida a una situación que se percibe como contenida y tensa”. Sin embargo, “la fase de elección de los constituyentes es vista con cierta desconfianza”.
A un mes del plebiscito de 25 de octubre, todo indica que la participación será alta, pese a los temores que despierta la pandemia del coronavirus que ha marcado el proceso.
De acuerdo a la encuesta “Barómetro del Trabajo: Chile en Tiempos de Pandemia”, realizada entre los días 3 y 17 de septiembre por Mori y la fundación Fiel, los resultados indican que habrá una participación electoral superior a la elección presidencial de 2017. De hecho, un 59% dice que ya tomó la decisión de ir a sufragar.
Además, la importancia de este plebiscito queda refrendada en que un 71% de los encuestados piensa que su voto hace la diferencia y el 67% sostiene que vale la pena hacer el esfuerzo de ir a sufragar.
Incluso, pese al Covid-19, el 50% de quienes manifestaron su intención de sufragar el 25 de octubre tienen algún grado de miedo a contagiarse, lo que equivale a un 30% de electorado.
En cuanto a lo que está en juego, un 72% de los encuestados asegura que Chile necesita una nueva Constitución y la opción Apruebo suma un 66% sobre un 15% del Rechazo. En tanto, la Convención Constituyente sube 9 puntos desde la medición anterior y llega a 51% mientras la convención mixta baja 5 puntos a un 27%.
Los datos de la encuesta Mori-Fiel son corroborados por un estudio cualitativo desarrollado por Plataforma Contexto, una iniciativa de la Universidad Diego Portales, en conjunto con Espacio Público, Humanas y el Observatorio Ciudadano.
De acuerdo a un panel de estudio cualitativo desarrollado a comienzos de septiembre por la consultora Subjetiva, el estado de ánimo predominante de las personas a un mes del plebiscito es de “Optimismo”. “El temor al contagio por Covid-19, prevalente en las y los integrantes del panel, no limita su alto interés y su decisión de votar en el plebiscito. Prevén, además, una participación masiva, mayor que la de otros eventos electorales, especialmente de jóvenes y personas que no han votado anteriormente”, señalan las conclusiones.
Uno de los testimonios, de una mujer participante en el focus, así lo refrenda: “Efectivamente van a votar más personas porque no se trata de una votación que tenga que ver con la lógica de partidos políticos, que eso es lo que está muy deslegitimado...como ahora se trata de algo que se vino como fraguando y pasó en el estallido social de octubre, yo creo que va a votar mucha gente”.
En cuanto a los resultados, el estudio indica que “predomina, la percepción de un amplio triunfo de la opción apruebo, lo que incidiría en un nuevo estado de ánimo, una salida a una situación que se percibe como contenida y tensa. Lo mismo, estiman aportaría a reducir incertidumbres para el desarrollo de negocios”.
Sin embargo, los focus group también arrojaron desconfianza en la elección de una eventual Convención Constituyente. “El entusiasmo con que se mira el plebiscito y su resultado, no necesariamente se transfiere al período siguiente. Si el primero se ve como la materialización de un proceso ciudadano, la fase de elección de los constituyentes es vista con cierta desconfianza”.
La desconfianza está marcada por la percepción de que faltan espacios de protagonismo para los independientes. “Predomina el temor a que en tal proceso el protagonismo lo asuman los partidos políticos, calificados como altamente desprestigiados, restando espacio a la participación de independientes a los que ven como mejores representantes de los intereses ciudadanos. La participación de independientes se vería limitada por limitaciones logísticas (consecución de firmas) y de financiamiento, que no afectarían a los partidos”, indican.
"El Acuerdo de Escazú establece medidas para garantizar el derecho a la participación en las decisiones que influyen en el medio ambiente, y esto es algo que ya está consagrado en nuestra Constitución. El gobierno ocupa el tema medio ambiental como consigna, pero cuando se requiere avanzar siempre se retrotrae", acusa a El Desconcierto Josefina Correa, directora política de Greenpeace.
Este martes el gobierno de Chile cerró definitivamente las puertas al “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” conocido como el “Acuerdo de Escazú”, asegurando que Chile no firmará el pacto que comienza a regir el 26 de septiembre.
Desde el Ejecutivo justificaron esta decisión en un comunicado con cuatro puntos, donde se argumentaba que el acuerdo contaba con «una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental», generando «incertidumbre política» y exponiendo al país a «controversias internacionales».
A raíz de esto, El Desconcierto conversó con Josefina Correa, directora política de Greenpeace, quien asegura que esta decisión, tomada por la administración de Sebastián Piñera, «evidencia la publicidad engañosa con la que opera en general este gobierno, esta discrepancia entre lo que dice que hará y lo que ejecuta».
«El Acuerdo de Escazú establece medidas para garantizar el derecho a la participación en las decisiones que influyen en el medio ambiente, y esto es algo que ya está consagrado en nuestra Constitución. El gobierno ocupa el tema medio ambiental como consigna, pero cuando se requiere avanzar siempre se retrotrae», acusa la abogada especialista en este tema.
En cuanto a los fundamentos entregados desde La Moneda para justificar ante la opinión pública esta polémica determinación, Correa sostiene que «es difícil contrarrestar los argumentos del gobierno, porque pierden base lógica y jurídica constantemente. El gobierno plantea que tendríamos que modificar cosas nacionales y que eso nos pondría ‘en riesgo’, y el único ‘riesgo’ que traería esto es poder participar de una manera democrática más clara en estas materias».
«Toda la interpretación es sumamente tendenciosa, y con miras a sostener básicamente lo siguiente: el gobierno prefiere no entregarle las herramientas a las personas para poder ejercer los derechos que el mismo Estado reconoce. Y esto es muy grave, porque, por ejemplo, si los tratados de libre comercio permanentemente someten a Chile a la posibilidad de ser demandado como Estado por corporaciones, resulta muy extraño que se limite la posibilidad de las personas de poder contrarrestar este posicionamiento de inversiones y grandes corporaciones dentro de los países. No tiene lógica», alega la representante de Greenpeace.
«Incertidumbre jurídica»
«Ellos plantean que generaría incertidumbre jurídica porque permitiría una mayor judicialización de los casos, es decir, que las personas tendrían más derecho a alegar su participación en temas medio ambientales, y esto es tener una mirada muy restrictiva de lo que es la democracia en términos generales (…) el establecer esos derechos de acceso solo podría permitir que, en un espacio democrático, las partes y los actores puedan resolver estos conflictos antes», aclara la abogada ambientalista.
«Este país tiene abierto más de 100 casos de conflictos socioambientales por esta situación. Entonces, la amenaza que plantean ellos con la judicialización es una manera muy estrecha de ver la necesaria progresión que debe haber en temas de Derechos Humanos y medio ambiente. Y quienes han liderado la COP25 deberían estar informados sobre la importancia de esto», recalca Correa.
En esta línea, sobre la COP25 y APEC, cumbres que se realizarían en el país el año pasado y que Chile estaba encargado de presidir – con un Ejecutivo que izó las banderas del medio ambiente y el Acuerdo de Escazú para conseguir la localía -, la especialista afirma que «el gobierno del Presidente Piñera ha hecho una publicidad engañosa con ese material».
«Necesitamos que las autoridades electas dimensionen el problema de la crisis medio ambiental y ecológica (…) no estamos haciendo las cosas bien, ni el Presidente Piñera, ni el mundo en general. Hay que ser críticos en términos constructivos, de determinar cuál es el tipo de autoridad que requerimos para enfrentar los desafíos que se vienen. Y, en ese sentido, el gobierno y el Presidente Piñera no dan el ancho», señala.
«El plan de reactivación económica del gobierno tiene dentro de sus temas acelerar los procesos de evaluaciones de impacto ambiental, acelerar los procesos de concesiones, es decir, es el mismo desarrollo que tenemos hasta hoy, pero de manera intensa y sin que existan más herramientas para que la ciudadanía se defienda de este tipo de cosas. Chile está exigiendo mayor democracia, y este es un ejemplo de la ceguera de este gobierno. Siguen creyendo que hay grandes fantasmas y lo que hay es una gran necesidad de participar», dice Correa.
Finalmente, y por todo lo anterior, la abogada concluye que, en Chile, «el Estado está para asegurar los derechos de las empresas y no los de las personas».
«El Presidente Piñera ha engañado al país»
En total acuerdo con su colega, el director nacional de Greenpeace, Matías Asun, también emitió su opinión al respecto a través de un comunicado organizacional, donde expresó la decepción que significa para las agrupaciones medio ambientales esta negativa al acuerdo.
“Con la intervención en el Congreso del Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, y de la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en donde han intentado explicar las razones por las que Chile no firmará el Acuerdo de Escazú, se confirma que el gobierno del presidente Piñera ha engañado al país, haciéndonos creer que los temas medio ambientales están en el centro de su agenda. No es así, y hoy ha quedado ratificado con la intervención del Canciller», denunció el dirigente.
«El gobierno promovió y lideró el acuerdo de Escazú que hoy decide no firmar. El gobierno expuso el acuerdo de Escazú como argumento para conseguir la sede de la COP25. Bueno, resulta que todo fue un engaño. Una publicidad engañosa que finalmente hoy se sincera. Sentimos la decepción de quien ha sido engañado por largo tiempo”, sostuvo Asun.
Valentina Durán y no firma de Acuerdo de Escazú: “Es muy grave para las relaciones internacionales”
Para la Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile no existe justificación para que el Gobierno se niegue a la suscripción del acuerdo regional. "Todos sabemos, y así lo recomienda la OCDE, que el mejor modo de abordar los asuntos ambientales es con participación muy amplia, por lo que lejos de ser una barrera al desarrollo, la participación es una condición para el mismo", señaló.
Diario Uchile
Jueves 17 de septiembre 2020 12:52 hrs.
El 26 de septiembre se cumple el plazo que tienen los Estados de Latinoamérica para suscribir el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
De hecho, el propio ministro de Relaciones Exteriores junto a la titular de Medio Ambiente, Carolina Schimdt, fueron invitados a una sesión en la Comisión de Medioambiente de la Cámara Alta en orden a que explicaran la postura del Gobierno y las razones de la negativa a suscribir el Acuerdo Regional. A esa instancia también se invitó a la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, y a la doctora en Derecho Internacional, Paulina Astroza para que argumentaran sobre los beneficios que acarrea para nuestro país la suscripción del Tratado. Sin embargo, ninguno de los dos secretarios de Estado se presentó a la cita.
Sobre el complejo escenario mediambiental e internacional en que se encuentra nuestro país, es que conversamos con Valentina Durán en la primera edición de Radioanálisis quien calificó como decepcionante la inasistencia de los ministro Allamand y Schimdt a la comisión de Medio Ambiente y ahondó en las distintas excusas que ha presentado el Ejecutivo para restarse de la firma del acuerdo internacional.
“Los motivos o pretextos para no firmar Escazú han ido variando en el tiempo, porque en un principio se habló del riesgo de demandas ante la Corte Internacional de Justicia, pero eso ya fue despejado. Después, la ministra de Medio Ambiente aseguró que en realidad cumplimos con todo lo que requiere el tratado, por lo tanto no sería necesario correr riesgos de jurisdicciones internacionales. Pero todo eso se ha ido despejando”, manifestó la abogada de la Universidad de Chile y Máster en Derecho Ambiental por la Universidad de París.
“Me cuesta mucho decir por qué no quieren firmar, solo puedo decir que este Tratado fue impulsado por Chile y que sí creo que es muy conveniente para las personas y habitantes del país, porque es un acuerdo que busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales y eso lo consagra el artículo 10 de la Declaración de Río de 92. Todos sabemos, y así lo recomienda la OCDE, que el mejor modo de abordar los asuntos ambientales es con participación muy amplia, por lo que lejos de ser una barrera al desarrollo, la participación es una condición para el mismo”, agregó.
Consultada sobre las posibles razones que motivarían esta negativa del Ejecutivo a suscribir un Tratado que fue impulsado por nuestro país en el gobierno anterior, la profesora manifestó que su impresión es que esta decisión es del propio presidente Piñera.
“Creería que tanto la Ministra de Medio Ambiente como el Canciller no deben estar cómodos porque esto es muy contradictorio con la forma como se ha conducido la política exterior del país y las políticas ambientales. No sé si se pudiera adjudicar a algún sector estar en contra de esto, porque nadie lo ha dicho públicamente. Una de las razones dadas los últimos días fue que debiéramos prepararnos mejor para analizar posibles reformas legales o reglamentarias que habría que hacer y se compara Escazú con el Convenio 169 de la OIT que se dice que generó incerteza jurídica por no estar preparados jurídicamente, lo que no es tan cierto. Si tomamos ese argumento, quiero señalar que el de Escazú es un acuerdo de piso que plantea la necesidad de avanzar progresivamente pero sin retroceder en la implementación de estos derechos de acceso”, explicó la abogada.
Foto oficial Convención de Escazú
“Para poder implementar el acuerdo de Escazú en Chile no se requiere necesariamente modificar la legislación nacional, es un acuerdo que se implementa conforme a las capacidades y a la propia legislación nacional y que para poder hacerlo requiere medidas de gestión o reglamentarias y, eventualmente, legislativas, pero lo primero que debería hacer el país es elaborar un plan de implementación de una manera participativa, transparente e informada, por lo tanto no es efectivo que Escazú nos exija modificaciones legales inmediatas ni no inmediatas, sino que indica un objetivo al que hay que llegar, pero no traza el camino, Es un acuerdo que está lleno de expresiones que dicen que se avanzará conforma la legislación nacional de acuerdo a las posibilidades, por lo tanto, ese argumento que es el que se ha estado dando con más fuerza parece que no es efectivo” se explayó la experta.
“Solo hay una cuestión que Escazú pide a los países y es que tengan leyes para establecer excepciones al derecho de acceso a la información. En Chile ya lo tenemos, por lo tanto nuestro país no tendría que hacer modificaciones legales inmediatas por suscribir Escazú. Estamos en buen pie para avanzar hacia cumplir los estándares de este tratado”, agregó Valentina Durán.
Justamente respecto del momento en que se encuentra nuestro país en materia socioambiental y de los territorios y las consecuencias que acarrearía el no suscribir el acuerdo antes del 26 de septiembre, la Directora del Centro de Derecho Ambiental fue clara el señalar que, en materia internacional, se pierde la oportunidad de colaborar con otros países para conocer buenas prácticas y experiencias.
“Eso implica una pérdida muy importante a nivel nacional porque este acuerdo promueve el diálogo y releva la necesaridad de la participación informada, porque sin información no se logra participar adecuadamente. Ejemplo de eso es el caso de Quintero Puchuncaví, en el que la Corte Suprema condenó a las instituciones del Estado y ordenó avanzar hacia tener mejor información porque no se puede tener una gestión ambiental adecuada sin información. La mayor información no exacerba los conflictos, sino que por el contrario, los previene. Este es un acuerdo de paz construido para que los problemas tengan cauces institucionales y se evite tomar la justicia por mano propia cuando las personas sienten que se vulneran sus derechos. El acuerdo promueve y busca fortalecer el estado de Derecho, por lo que tenemos mucho que ganar al firmarlo y ratificarlo”, aseveró.
La académica de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios también se refirió a las recomendaciones de la OCDE para Chile en materia medioambiental.
“En la evaluación de desempeño ambiental de Chile de 2016 se llama fuertemente la atención sobre las brechas que tenemos como país en materia de acceso a la información, participación y justicia y se nos pide estándares que son altos y que no estamos cumpliendo. Esos estándares van en la misma línea de Escazú e incluso son más exigentes, por eso la firma del tratado nos permite ponernos las pilas para avanzar en estos derechos de acceso que nos está pidiendo la OCDE y también el Acuerdo de Paris, pues para una acción climática efectiva se requiere transparencia y participación”.
Para la profesora Durán el que Chile se niegue a firmar el acuerdo tiene consecuencias comprometedoras de nuestra imagen como país.
“Es un bochorno. Esto es muy grave para las relaciones internacionales. Chile dio la idea e invitó a otros países a negociar, fue el que empujó hacia una mayor ambición del tratado que se estaba negociando entonces quedamos mal y le hacemos daño al proceso, a los detractores del mismo en Latinoamérica y el Caribe. No es que Chile pierda la oportunidad para siempre, después del 26 de septiembre se puede adherir esto es, firmar y ratificar, al mismo tiempo, por lo tanto eso significa que se deja de participar en las reuniones y coordinaciones entre las partes previo a la entrada en vigencia del tratado. Se pierde ese concierto internacional y me parece muy grave que Chile no firme en este momento a la luz del proceso que se ha tenido”.
Finalmente, la experta en Derecho Ambiental reflexionó sobre lo que significa que nuestro país se niegue a cooperar con los vecinos de la región en temas tan indispensables como los que regula el Tratado de Escazú. “Son cuestiones muy importantes para avanzar: el acceso a la información y a la participación de personas que estén en situación de vulnerabilidad, promover la educación ambiental. ¿Cómo nos vamos a negar a eso?” cuestionó la académica de la Universidad de Chile.
