sábado, 21 de julio de 2007

LAS ÓRDENES DE PARTIDO


LAS ÓRDENES DE PARTIDO

La Falange Nacional nació como partido político autónomo al no aceptar una “orden de partido” de trabajar por la candidatura de Gustavo Ross Santa María.

Durante la vigencia de la Constitución de 1925 hubo dos verdaderas instituciones que no estaban señaladas en el texto fundamental, y tampoco en ley alguna, pero que el mundo político respetaba absolutamente: las llamadas “órdenes de partido” y los “pases” para asumir un cargo ministerial.
Los “pases” que debían dar las directivas eran una regla esencial en el mundo político cuando asumían nuevos ministros. Cada candidato a esos cargos, que dependían al igual que hoy de la exclusiva voluntad del presidente de la República, debían pedir a la respectiva directiva que aprobara el “pase” para posteriormente jurar como secretario de Estado.
En una oportunidad el presidente Gabriel González Videla ofreció asumir cargos ministeriales a dos hombres del Partido Conservador, los señores Jorge Barahona Puelma y Guillermo Varas Contreras. De inmediato, el partido anunció que no daría el “pase” correspondiente, y en esas circunstancias los mencionados personeros aceptaron asumir sus carteras, lo que significó su inmediata expulsión de las filas peluconas. Produjo esto tal alboroto que el viejo partido se dividió y los dos ministros se quedaron en el Partido Conservador Tradicionalista, que nació de ese episodio. En otra oportunidad, el Partido Radical ordenó a todos sus ministros renunciar al cargo. Uno de ellos no aceptó, y Arturo Olavaria fue expulsado del PR.
En cuanto a las “órdenes de partido”, era la manera de controlar a los parlamentarios que quedaban de hecho bajo la verdadera dependencia de las respectivas colectividades. No se concebía que un diputado o senador no votara por la orden emanada de las autoridades partidistas.
Las dos verdaderas “instituciones” no reguladas en ningún texto legal fueron aceptadas como normales. Una “orden de partido” era absolutamente respetada, aunque en algunas ocasiones las directivas daban “libertad de acción a sus congresales”.
El “pase” desapareció cuando el presidente Patricio Aylwin asumió sus altas funciones en el año 1990 y designó lo que se denominó un “gabinete transversal”, en que cada ministro dejó de pedir permiso a la directiva y pasó a depender directamente, como lo indica el texto constitucional, del presidente de la República.
En cuanto a las “órdenes de partido”, el tema quedó superado a través de la ley de partidos políticos actualmente vigente y que se expresa claramente en el Art. 32 de dicho texto legal.
Hoy se debate si un congresal debe acatar siempre las “órdenes” o acuerdos de las directivas políticas para actuar en el Congreso Nacional, donde algunos parlamentarios vienen señalando que cuando se trata de un voto de “conciencia”, pasa a tener supremacía sobre toda instrucción partidista.
Este es el tema que se ha venido analizando desde hace tres semanas, luego que el senador demócrata cristiano Adolfo Zaldívar no acató una “orden de partido”, emanada de un acuerdo del organismo partidista de apoyar la entrega de 290 millones de dólares para salvar de una virtual quiebra al plan de movilización colectiva llamado Transantiago.
Al terminar su Gobierno, el presidente Frei Montalva hizo un análisis de la situación política y rechazó que los partidos mandaran en el Congreso, a través de directivas muchas veces de “composición anónima”.
Cuando nació la Falange Nacional, que estaba integrada como Juventud al Partido Conservador, se planteó el mismo tema. Los jóvenes falangistas rechazaron en conciencia la candidatura de Gustavo Ross y se negaron a trabajar por esa postulación, que los mayores imponían como orden de partido. Eso produjo la ruptura.
Pareciera que el texto de la ley no ha sido suficiente, aunque es de meridiana claridad. Pero es el tema que sacude a la Democracia Cristiana, ya que el senador Zaldívar insiste que votó en conciencia. Incluso lo hizo cuando el resultado era conocido, pero prefirió mantener su palabra expresada con anterioridad y actuó en consecuencia. Esto tendrá que resolverlo el Tribunal Supremo de la DC, aunque el congresal tiene otras instancias a las que podría recurrir.

( Revista Ercilla, Nº 3.324 del 16 a 29 de Julio 2007 )

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