LA CONSTITUCIÓN DE 1980 BAJO LUPA CRÍTICA
Excesiva influencia presidencial en la formación de las leyes, en contraste al desconocimiento de la voluntad ciudadana. Representantes del mundo político, jurídico y ex parlamentarios, analizaron la Constitución vigente durante un seminario que abrió el debate: ¿Necesita Chile una nueva Constitución?
¿Necesita Chile una nueva Constitución? Esta fue la pregunta que convocó a un grupo transversal de juristas y políticos en un seminario organizado por el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central, realizado en Santiago, el 25 de agosto de 2008.
Enrique Silva Cimma, ex senador del Partido Radical, responde categórico: “Sí, necesitamos una nueva constitución, pues a pesar de las numerosas modificaciones, persisten cosas que la hacen inaceptable, entre ellas, un auto-presidencialismo irritante que influye un 80% en la formación y el contenido de las leyes”.
La clave, a juicio de Silva Cimma, radica en el concepto de Estado Social, “ampliamente reconocido por gran parte de las constituciones europeas”, que en Chile habría sido “sistemáticamente rechazado en beneficio del sistema económico neoliberal”. Recordó dos instancias en que intentó posicionar el tema, y que no prosperaron: en la Comisión de Constitución durante su paso por el Parlamento en 2004, cuando planteó modificar el Artículo Cuarto -que establece que Chile es una República “Democrática”- y más recientemente en el Consejo Asesor Presidencial de Trabajo y Equidad, donde de acuerdo al propio Silva Cimma –permitiéndose una expresión popular bastante decidora- le hicieron una “tapa categórica”.
El diagnóstico de Silva Cimma sobre la Constitución es claro: El Estado se ha debilitado. “La mayor parte de las empresas estatales están perdiendo fuerza, incluso los medios de comunicación están a favor de la disminución del poder del Estado y a favor de la privatización. Hace dos años se hablaba de celebrar los 35 años de la nacionalización del cobre, olvidando que hoy sólo el 30% del cobre chileno está en manos del Estado y el resto a pasado a las transnacionales” afirmó.
Pablo Ruiz Tagle, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, concuerda con las apreciaciones de Silva Cimma en lo relativo al excesivo poder presidencial, “incluso mayor que en la Constitución del 33, que ya era un régimen autoritario en su época. Aquí el Presidente es el legislador, lo que es una distorsión completa, es un presidencialismo autoritario. Yo soy partidario de un régimen parlamentario” sostuvo.
Ruiz Tagle define la Constitución del 80 como la “Constitución Gatopardo, no sólo porque se cambia y se cambia y permanece igual, sino también porque nos sentimos extraños con ella, no sabemos de dónde vino, cómo se instaló”. Sin embargo, es más optimista que Silva Cimma respecto a lo que se ha hecho. “Hay progreso. El Artículo Tercero ya incluye una noción de solidaridad, como principio que debe regular las relaciones entre regiones y comunas, y eso es parte de un esfuerzo de este Gobierno, que ha sido muy criticado, pero a mi juicio su programa, en términos de derechos, es el más ambicioso de los tres programas de la Concertación, pues ha reestructurado los derechos económicos esenciales”.
Mario Papi, ex senador Social Demócrata, también es partidario de una nueva Constitución. Considera que el problema de fondo del texto vigente está en “los principios en los cuales está inspirada, es el punto grave de la usurpación de la democracia consagrada en el texto constitucional de todos los chilenos, cuyos autores expresaron claramente la profunda desconfianza que tenían en la participación popular, en las posibilidades de que el pueblo se expresara”. Esto, a su juicio, fundamenta la necesidad de un nuevo texto, “donde efectivamente consensuemos los valores que inspiran a nuestro pueblo”. La profunda insatisfacción de los ciudadanos respecto a su democracia tendría su origen en que “se ha caído en una democracia de mercado, donde se transan y negocian proyectos de ley y los votos para aprobar los mismos”.
Graciela Álvarez, Presidente de la Rama Chilena de la Asociación Americana de Juristas, es una de las más críticas a la Constitución de 1980: “Su origen es ilegítimo, totalmente antidemocrático, pues el principio de la soberanía nacional que reside en el pueblo fue suprimido. Otros derechos, tan importantes como el de trabajo o vivienda, ni siquiera están nombrados”.
Álvarez también concordó en las críticas al sistema económico impuesto por la Carta, pues “anula casi totalmente el rol del Estado en esferas claves de la economía. El Estado sólo tiene un carácter subsidiario y requiere de quórum calificado para poder desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, mientras que para privatizar el cobre no se requiere ley de quórum calificado alguna”, ejemplifica.
Para Luis Valentín Ferrada, abogado y ex diputado RN entre los años 1994 y 1998, el asunto va más allá de la confección de una nueva carta constitucional. “El problema tiene que ver con la sicología social; Chile es un país con graves defectos morales en su constitución sicológica: un país poco sincero, de doble estándar permanente”.
El mejor ejemplo de esto, a juicio de Ferrada, es el caso de los Derechos Humanos. “Todos conocemos el drama del 73, pero nadie quiere decir que ese drama se inició cuando la política internacional de Chile el año 42 se asoció con los Estados Unidos para conformar primero la Junta Interamericana de Defensa y luego celebrar el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) en septiembre de 1948, que doblegó a nuestras FF.AA a las conductas imperialistas americanas, de donde nacen los planes cóndores. Cuando se discutió en el Congreso Nacional, se aprobó casi por unanimidad en el Senado, pero se levantó una voz, la del General Ibáñez, que acababa de ser electo senador independiente por Santiago, y quien se opuso al tratado. Dijo: “esto es lo que va a pasar si se firma el tratado” y hace un relato que tiene, con 20 años de anticipación, exactamente el cuadro de 1973. Y este tratado está vigente, Chile hoy es suscriptor”.
Frente a la pregunta que enmarca el seminario, Luis Valentín Ferrada cree que sí se requiere una nueva Carta Fundamental, “pero antes necesitamos nueva educación cívica, una nueva cultura nacional. Estamos convertidos hoy en una sociedad de mercaderes, en que la usura se convirtió en la regla de oro de las relaciones económicas”.
También se refirió al tema de la exclusión política: “Yo he sido partidario de que el PC vuelva al Congreso, no sólo por razones de justicia, sino que porque es el único partido verídico y sincero, además valora la cultura como elemento esencial de la política, entendiendo que la política debe ser una expresión más de la cultura”.
El senador Nelson Ávila (PRSD) describió de la siguiente manera la situación actual de la Constitución del 80: “Desde el 90 hasta ahora, ha tenido 16 intervenciones estéticas: 14 liftings y 2 liposucciones. Este esfuerzo, casi grandioso, ni siquiera le ha cambiado el rostro; mucho menos su esencia”. Por ello, cambiarla sería “absolutamente imprescindible”
En su opinión, la esencia de un Estado es la de “ser garante del bien común”, mientras la orientación actual del texto marca un carácter subsidiario. “Mientras subsista este concepto, no habrá ninguna posibilidad de alterar la orientación del Estado, ni siquiera del gobierno”, asegura. “Un Estado que cambia de naturaleza, con una participación sólo retórica, sumado a una sociedad atomizada, completamente inhabilitada para ejercer sus derechos más elementales, consagra de manera plena la injusticia, la discriminación y la merma sistemática de derechos fundamentales”.
"Pinochet –continúa Ávila- perdió dos batallas: el plebiscito y la elección que lo sucedió, pero claramente nos está ganando la guerra, pues se corporizó en su texto constitucional". En todo caso, también asume las responsabilidades de la propia Concertación, en el sentido de que se habría desviado el camino que se propuso tras el retorno de la democracia en los 90: “Queríamos ir a Iquique y nos meten en un tren a Puerto Montt. Y no es que yo desconozca que se ha avanzado más allá de Estación Central, pero el problema es que ya vamos en San Fernando, ¡Y yo quiero ir a Iquique!”, ejemplificó en una particular metáfora.
Por Rodolfo Herranz R.
Enrique Silva Cimma, ex senador del Partido Radical, responde categórico: “Sí, necesitamos una nueva constitución, pues a pesar de las numerosas modificaciones, persisten cosas que la hacen inaceptable, entre ellas, un auto-presidencialismo irritante que influye un 80% en la formación y el contenido de las leyes”.
La clave, a juicio de Silva Cimma, radica en el concepto de Estado Social, “ampliamente reconocido por gran parte de las constituciones europeas”, que en Chile habría sido “sistemáticamente rechazado en beneficio del sistema económico neoliberal”. Recordó dos instancias en que intentó posicionar el tema, y que no prosperaron: en la Comisión de Constitución durante su paso por el Parlamento en 2004, cuando planteó modificar el Artículo Cuarto -que establece que Chile es una República “Democrática”- y más recientemente en el Consejo Asesor Presidencial de Trabajo y Equidad, donde de acuerdo al propio Silva Cimma –permitiéndose una expresión popular bastante decidora- le hicieron una “tapa categórica”.
El diagnóstico de Silva Cimma sobre la Constitución es claro: El Estado se ha debilitado. “La mayor parte de las empresas estatales están perdiendo fuerza, incluso los medios de comunicación están a favor de la disminución del poder del Estado y a favor de la privatización. Hace dos años se hablaba de celebrar los 35 años de la nacionalización del cobre, olvidando que hoy sólo el 30% del cobre chileno está en manos del Estado y el resto a pasado a las transnacionales” afirmó.
Pablo Ruiz Tagle, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, concuerda con las apreciaciones de Silva Cimma en lo relativo al excesivo poder presidencial, “incluso mayor que en la Constitución del 33, que ya era un régimen autoritario en su época. Aquí el Presidente es el legislador, lo que es una distorsión completa, es un presidencialismo autoritario. Yo soy partidario de un régimen parlamentario” sostuvo.
Ruiz Tagle define la Constitución del 80 como la “Constitución Gatopardo, no sólo porque se cambia y se cambia y permanece igual, sino también porque nos sentimos extraños con ella, no sabemos de dónde vino, cómo se instaló”. Sin embargo, es más optimista que Silva Cimma respecto a lo que se ha hecho. “Hay progreso. El Artículo Tercero ya incluye una noción de solidaridad, como principio que debe regular las relaciones entre regiones y comunas, y eso es parte de un esfuerzo de este Gobierno, que ha sido muy criticado, pero a mi juicio su programa, en términos de derechos, es el más ambicioso de los tres programas de la Concertación, pues ha reestructurado los derechos económicos esenciales”.
Mario Papi, ex senador Social Demócrata, también es partidario de una nueva Constitución. Considera que el problema de fondo del texto vigente está en “los principios en los cuales está inspirada, es el punto grave de la usurpación de la democracia consagrada en el texto constitucional de todos los chilenos, cuyos autores expresaron claramente la profunda desconfianza que tenían en la participación popular, en las posibilidades de que el pueblo se expresara”. Esto, a su juicio, fundamenta la necesidad de un nuevo texto, “donde efectivamente consensuemos los valores que inspiran a nuestro pueblo”. La profunda insatisfacción de los ciudadanos respecto a su democracia tendría su origen en que “se ha caído en una democracia de mercado, donde se transan y negocian proyectos de ley y los votos para aprobar los mismos”.
Graciela Álvarez, Presidente de la Rama Chilena de la Asociación Americana de Juristas, es una de las más críticas a la Constitución de 1980: “Su origen es ilegítimo, totalmente antidemocrático, pues el principio de la soberanía nacional que reside en el pueblo fue suprimido. Otros derechos, tan importantes como el de trabajo o vivienda, ni siquiera están nombrados”.
Álvarez también concordó en las críticas al sistema económico impuesto por la Carta, pues “anula casi totalmente el rol del Estado en esferas claves de la economía. El Estado sólo tiene un carácter subsidiario y requiere de quórum calificado para poder desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, mientras que para privatizar el cobre no se requiere ley de quórum calificado alguna”, ejemplifica.
Para Luis Valentín Ferrada, abogado y ex diputado RN entre los años 1994 y 1998, el asunto va más allá de la confección de una nueva carta constitucional. “El problema tiene que ver con la sicología social; Chile es un país con graves defectos morales en su constitución sicológica: un país poco sincero, de doble estándar permanente”.
El mejor ejemplo de esto, a juicio de Ferrada, es el caso de los Derechos Humanos. “Todos conocemos el drama del 73, pero nadie quiere decir que ese drama se inició cuando la política internacional de Chile el año 42 se asoció con los Estados Unidos para conformar primero la Junta Interamericana de Defensa y luego celebrar el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) en septiembre de 1948, que doblegó a nuestras FF.AA a las conductas imperialistas americanas, de donde nacen los planes cóndores. Cuando se discutió en el Congreso Nacional, se aprobó casi por unanimidad en el Senado, pero se levantó una voz, la del General Ibáñez, que acababa de ser electo senador independiente por Santiago, y quien se opuso al tratado. Dijo: “esto es lo que va a pasar si se firma el tratado” y hace un relato que tiene, con 20 años de anticipación, exactamente el cuadro de 1973. Y este tratado está vigente, Chile hoy es suscriptor”.
Frente a la pregunta que enmarca el seminario, Luis Valentín Ferrada cree que sí se requiere una nueva Carta Fundamental, “pero antes necesitamos nueva educación cívica, una nueva cultura nacional. Estamos convertidos hoy en una sociedad de mercaderes, en que la usura se convirtió en la regla de oro de las relaciones económicas”.
También se refirió al tema de la exclusión política: “Yo he sido partidario de que el PC vuelva al Congreso, no sólo por razones de justicia, sino que porque es el único partido verídico y sincero, además valora la cultura como elemento esencial de la política, entendiendo que la política debe ser una expresión más de la cultura”.
El senador Nelson Ávila (PRSD) describió de la siguiente manera la situación actual de la Constitución del 80: “Desde el 90 hasta ahora, ha tenido 16 intervenciones estéticas: 14 liftings y 2 liposucciones. Este esfuerzo, casi grandioso, ni siquiera le ha cambiado el rostro; mucho menos su esencia”. Por ello, cambiarla sería “absolutamente imprescindible”
En su opinión, la esencia de un Estado es la de “ser garante del bien común”, mientras la orientación actual del texto marca un carácter subsidiario. “Mientras subsista este concepto, no habrá ninguna posibilidad de alterar la orientación del Estado, ni siquiera del gobierno”, asegura. “Un Estado que cambia de naturaleza, con una participación sólo retórica, sumado a una sociedad atomizada, completamente inhabilitada para ejercer sus derechos más elementales, consagra de manera plena la injusticia, la discriminación y la merma sistemática de derechos fundamentales”.
"Pinochet –continúa Ávila- perdió dos batallas: el plebiscito y la elección que lo sucedió, pero claramente nos está ganando la guerra, pues se corporizó en su texto constitucional". En todo caso, también asume las responsabilidades de la propia Concertación, en el sentido de que se habría desviado el camino que se propuso tras el retorno de la democracia en los 90: “Queríamos ir a Iquique y nos meten en un tren a Puerto Montt. Y no es que yo desconozca que se ha avanzado más allá de Estación Central, pero el problema es que ya vamos en San Fernando, ¡Y yo quiero ir a Iquique!”, ejemplificó en una particular metáfora.
Por Rodolfo Herranz R.
(Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 28 de Agosto 2008)
No hay comentarios:
Publicar un comentario