"NO HAY CRITERIOS DE PRIVILEGIOS PARA NADIE"
Lleva menos de dos semanas en el cargo y ya se echó al hombro las principales dudas que existían en la cartera por nombramientos y leyes postergadas. Dice que no es prioridad del Gobierno entregar recursos adicionales para un nuevo penal para militares condenados por violaciones de los DDHH.
El nuevo ministro de Justicia, Carlos Maldonado, es un hombre sencillo. En su oficina, la misma que utilizaron Soledad Alvear, José Antonio Gómez, Luis Bates e Isidro Solís, se pasea de un lado a otro con las manos atrás, un tanto incómodo ante lo espacioso del lugar. Viste un traje azul marino, elegante pero nada suntuoso, y no emite una palabra que no sea bien pensada.
Está trabajando 16 horas al día. “Llego a trabajar a las ocho de la mañana, pero me levanto a las seis, porque primero voy a dejar a mis hijas al colegio. Y me estoy yendo a las 12 de la noche”, cuenta. Dice que aún no sabe cuál es su sueldo, pero que está de acuerdo en que los ministros de la Corte Suprema ganen lo mismo que ellos y que establecer una jornada de trabajo a los jueces “distrae temas más de fondo”.
“Tenemos un acuerdo en ese sentido, que se va a transformar en un proyecto de ley, porque vamos a honrar nuestro compromiso para que se pueda hacer realidad”, aclara.
Maldonado debe enfrentar varios desafíos. Ya le puso fecha (8 de junio) al inicio de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y a la reforma de la justicia laboral, para marzo del próximo año. Pero un asunto que se le viene encima son los juicios por violaciones de los derechos humanos y el eventual colapso de los penales creados especialmente para militares, Punta Peuco y Cordillera. Dice que no habrá más privilegios ni recursos especiales, porque “tenemos otras prioridades”.
–¿Es viable que el 2007 terminen la mayoría de las causas por violaciones de los derechos humanos?
–La visión de los gobiernos de la Concertación es que haya justicia en materia de derechos humanos y que se avance. En todo juicio es deseable que se llegue a término y se apliquen las sanciones que corresponda. Ese es un principio jurídico global y una posición política, pero no nos compete pronunciarnos por juicios concretos.
–Pero en vista del tiempo transcurrido, ¿sería deseable que finalizaran?
–Siempre es deseable, porque el propósito es llegar a una sentencia. Entiendo que los jueces se tomarán todo el tiempo para eso. Las causas son complejas, no son fáciles de investigar.
–Hay inquietud en las Fuerzas Armadas por el posible colapso de los penales para militares, como Punta Peuco o Cordillera.
–Esa es una especulación en este momento. Nuestra obligación como ministerio, a través del Servicio de Gendarmería, es cumplir las órdenes judiciales, y que toda persona privada de libertad sea internada en un centro penitenciario. Por lo tanto, las órdenes que existan serán cumplidas conforme a la ley.
–¿Y adónde irán a parar si no hay espacio en Punta Peuco y Cordillera?
–Si eso ocurriese tendríamos que adoptar medidas para que haya una efectiva aplicación de las sentencias en otras unidades penales. Eso se verá en su oportunidad. Pero en Chile hay un sistema de unidades penales y hay leyes que nos obligan a cumplir las sentencias judiciales, adoptando las medidas que correspondan para que durante el cumplimiento de sus sentencias esas personas tengan medidas privativas de libertad.
–¿Se acabarán los privilegios como penales con mejor infraestructura y un sistema más flexible?
–Nunca ha sido el propósito establecer privilegios para el interno que sea por ninguna materia. La segregación tiene que ver con razones de peligrosidad, reincidencia o seguridad de los internos; esos son los principios que determinan la segregación. Pero no hay privilegios para nadie ni los habrá durante mi gestión.
–¿Y si las Fuerzas Armadas se acercan a usted para plantear esto?
–Siempre estamos dispuestos a escuchar las inquietudes de cualquier sector de la sociedad. En un sistema democrático, todos tienen derecho a que se les escuche, y eso no escapa a las Fuerzas Armadas.
–¿Se destinarán recursos especiales?
–En este momento tenemos otras prioridades, como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la reforma al sistema laboral y los Tribunales de Familia.
Está trabajando 16 horas al día. “Llego a trabajar a las ocho de la mañana, pero me levanto a las seis, porque primero voy a dejar a mis hijas al colegio. Y me estoy yendo a las 12 de la noche”, cuenta. Dice que aún no sabe cuál es su sueldo, pero que está de acuerdo en que los ministros de la Corte Suprema ganen lo mismo que ellos y que establecer una jornada de trabajo a los jueces “distrae temas más de fondo”.
“Tenemos un acuerdo en ese sentido, que se va a transformar en un proyecto de ley, porque vamos a honrar nuestro compromiso para que se pueda hacer realidad”, aclara.
Maldonado debe enfrentar varios desafíos. Ya le puso fecha (8 de junio) al inicio de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y a la reforma de la justicia laboral, para marzo del próximo año. Pero un asunto que se le viene encima son los juicios por violaciones de los derechos humanos y el eventual colapso de los penales creados especialmente para militares, Punta Peuco y Cordillera. Dice que no habrá más privilegios ni recursos especiales, porque “tenemos otras prioridades”.
–¿Es viable que el 2007 terminen la mayoría de las causas por violaciones de los derechos humanos?
–La visión de los gobiernos de la Concertación es que haya justicia en materia de derechos humanos y que se avance. En todo juicio es deseable que se llegue a término y se apliquen las sanciones que corresponda. Ese es un principio jurídico global y una posición política, pero no nos compete pronunciarnos por juicios concretos.
–Pero en vista del tiempo transcurrido, ¿sería deseable que finalizaran?
–Siempre es deseable, porque el propósito es llegar a una sentencia. Entiendo que los jueces se tomarán todo el tiempo para eso. Las causas son complejas, no son fáciles de investigar.
–Hay inquietud en las Fuerzas Armadas por el posible colapso de los penales para militares, como Punta Peuco o Cordillera.
–Esa es una especulación en este momento. Nuestra obligación como ministerio, a través del Servicio de Gendarmería, es cumplir las órdenes judiciales, y que toda persona privada de libertad sea internada en un centro penitenciario. Por lo tanto, las órdenes que existan serán cumplidas conforme a la ley.
–¿Y adónde irán a parar si no hay espacio en Punta Peuco y Cordillera?
–Si eso ocurriese tendríamos que adoptar medidas para que haya una efectiva aplicación de las sentencias en otras unidades penales. Eso se verá en su oportunidad. Pero en Chile hay un sistema de unidades penales y hay leyes que nos obligan a cumplir las sentencias judiciales, adoptando las medidas que correspondan para que durante el cumplimiento de sus sentencias esas personas tengan medidas privativas de libertad.
–¿Se acabarán los privilegios como penales con mejor infraestructura y un sistema más flexible?
–Nunca ha sido el propósito establecer privilegios para el interno que sea por ninguna materia. La segregación tiene que ver con razones de peligrosidad, reincidencia o seguridad de los internos; esos son los principios que determinan la segregación. Pero no hay privilegios para nadie ni los habrá durante mi gestión.
–¿Y si las Fuerzas Armadas se acercan a usted para plantear esto?
–Siempre estamos dispuestos a escuchar las inquietudes de cualquier sector de la sociedad. En un sistema democrático, todos tienen derecho a que se les escuche, y eso no escapa a las Fuerzas Armadas.
–¿Se destinarán recursos especiales?
–En este momento tenemos otras prioridades, como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la reforma al sistema laboral y los Tribunales de Familia.
La otra cara
–¿Cómo resolverá la demora de los nombramientos de jueces?
–Los nombramientos de la Corte Suprema requieren del acuerdo del Senado y no dependen, en su celeridad, de la voluntad del Ejecutivo. Sí nos cabe un rol en lograr el consenso para esos nombramientos y trabajaremos para que eso sea así. Uno no puede estar proponiendo ministros sin haber auscultado la posibilidad de apoyo.
–El presidente de la Corte Suprema ha hecho críticas al edificio del Centro de Justicia, por problemas de estructura. ¿Se pueden solucionar?
–El Centro de Justicia es una obra ejecutada por el sistema de concesiones y construido por una empresa privada, que debe responder a las obligaciones de entregar la obra con todos sus sistemas funcionando correctamente. Ese contrato tiene que ser cumplido, y mientras haya observaciones tienen que solucionarse para que aquel edificio sea recibido definitivamente, aunque implique una demora.
–¿Cómo quedó su relación con Isidro Solís?
–Siempre hemos tenido una muy buena relación y la mantenemos. En mi partido no hago distinciones. Soy radical y los sectores que hay dentro de mi partido no tienen mucho fundamento.
–¿Siente una presión mayor por ser el único radical en el gabinete?
–Siento una responsabilidad histórica en términos de la rica historia del Partido Radical como servicio, y siento que debo ser digno con esa historia. Mi primer deber es con la Presidenta y con el ciudadano que le dio su confianza. Luego, con el partido, los jóvenes que me ven como referente y también, en el plano personal, porque mi padre y mi abuelo fueron radicales.
–Los nombramientos de la Corte Suprema requieren del acuerdo del Senado y no dependen, en su celeridad, de la voluntad del Ejecutivo. Sí nos cabe un rol en lograr el consenso para esos nombramientos y trabajaremos para que eso sea así. Uno no puede estar proponiendo ministros sin haber auscultado la posibilidad de apoyo.
–El presidente de la Corte Suprema ha hecho críticas al edificio del Centro de Justicia, por problemas de estructura. ¿Se pueden solucionar?
–El Centro de Justicia es una obra ejecutada por el sistema de concesiones y construido por una empresa privada, que debe responder a las obligaciones de entregar la obra con todos sus sistemas funcionando correctamente. Ese contrato tiene que ser cumplido, y mientras haya observaciones tienen que solucionarse para que aquel edificio sea recibido definitivamente, aunque implique una demora.
–¿Cómo quedó su relación con Isidro Solís?
–Siempre hemos tenido una muy buena relación y la mantenemos. En mi partido no hago distinciones. Soy radical y los sectores que hay dentro de mi partido no tienen mucho fundamento.
–¿Siente una presión mayor por ser el único radical en el gabinete?
–Siento una responsabilidad histórica en términos de la rica historia del Partido Radical como servicio, y siento que debo ser digno con esa historia. Mi primer deber es con la Presidenta y con el ciudadano que le dio su confianza. Luego, con el partido, los jóvenes que me ven como referente y también, en el plano personal, porque mi padre y mi abuelo fueron radicales.
(La Nación, 8 de Abril 2007)
