PARTIDO RADICAL PIDE USAR EL 2% CONSTITUCIONAL

TERREMOTO EN EL NORTE: PARTIDO RADICAL PIDE USAR EL 2% DEL PIB EN RECONSTRUCCIÓN

En Tocopilla parte la demolición masiva de 655 viviendas que se encuentran a punto de desplomarse o simplemente en ruinas y que semejan una ciudad devastada por la guerra.

Para reconstruir las zonas devastadas por el terremoto de grado 7,7 Ritcher la semana pasada, el presidente del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), José Antonio Gómez, pidió al Ejecutivo que utilice el 2% del PIB que la Constitución deja libre."Le hemos solicitado a Gobierno que haga uso del dos por ciento constitucional para reconstruir las ciudades que han caído en el norte", dijo Gómez, según consigna radio Cooperativa."Existiendo el dos por ciento constitucional, la gente de la Segunda Región está clara y consciente de que se van a reconstruir las ciudades que hoy día se han destruido", dijo el senador y agregó que "con esto, el Gobierno tiene todas las facultades para terminar con las especulaciones de si hay recursos o no hay recursos".La medida implicaría un monto cercano a los 700 millones de dólares. Según Gómez, su propuesta fue bien acogida en La Moneda.La solicitud del senador radical se basa en el artículo 32 inciso 22 de la Carta Magna, que señala que "El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por la ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país".Por su parte, el Comité Operativo de Emergencia (COE) resolvió hoy la inmediata demolición de 655 viviendas que se encuentran a punto de desplomarse o simplemente en ruinas y que semejan una ciudad devastada por la guerra, lo que significará además la desaparición de dos poblaciones históricas: “La Patria” y “Padre Hurtado”, ubicadas en los sectores norte y sur de la ciudad respectivamente.La medida fue acordada en el COE, donde participan los estamentos públicos (Gobernación, Onemi, Serviu, Municipalidad, etc.), las Fuerzas Armadas y Bomberos, y organizaciones civiles, que analizaron el dramático informe del Serviu sobre el estado de 1.946 viviendas dañadas por el terremoto del miércoles pasado.Este catastro es el primer resultado de un levantamiento oficial en terreno de las aproximadamente 4.800 mil casas que hay en Tocopilla, y que abarcó los sectores más dañados por el sismo. Es decir, cubre casi un 50% del total de las viviendas de este pueblo costero de 24 mil habitantes y que en su gran mayoría representa sectores de bajos recursos.

Sólo 5% de hogares no tiene daños

El informe arrojó que un 34% (655 casas) deberán ser demolidas de inmediato; otro 39% afectadas por daños medianos y sujetas a reparación y un 22% sufrió perjuicios leves. Sólo el 5% de las viviendas revisadas no evidencian destrozos de ningún tipo. El gobernador de Tocopilla, Edgardo Solís, indicó que este catastro permitirá focalizar el trabajo y que ahora se abocarán a la demolición de estas casas por el peligro inminente que significan tanto para sus moradores como para la población en general. Muchas de ellas están siendo sostenidas con tablones y el tránsito por la vereda está prohibido.

“Este es un terremoto hipócrita”

Este fue un terremoto hipócrita porque hay muchas casas que desde el frontis pareciera que están en buen estado, pero que en su interior quedaron completamente destrozadas. Fue un sismo grado 8 y era muy difícil que por la precariedad del tipo de viviendas que hay en Tocopilla pudieran sostenerse en pie”, dijo el gobernador.Para ello indicó que las labores de demolición estarán a cargo de empresas contratistas privadas y que la remoción de los escombros y los decretos respectivos deberán ser cursados por la Municipalidad de Tocopilla.Luis Moyano, alcalde de Tocopilla, informó que ya se instruyó a personal de la Dirección de Obras Municipales (DOM) para que en el plazo de una semana estén listos los decretos de demolición. Ambas autoridades reconocieron el serio riesgo que significa que en medio de las ruinas aún vivan algunas familias en la medida que la ayuda de mediaguas aún no logra una cobertura plena.

(La Segunda Internet, 19 de Noviembre 2007)