DERRAME DE PETRÓLEO EN SAN VICENTE

DERRAME DE PETRÓLEO EN LA BAHÍA SAN VICENTE
EL DESASTRE QUE ENLUTÓ AL MUNDO ECOLOGISTA

-Decenas de pescadores fueron contratados por la empresa estatal Enap, para aspirar el petróleo derramado en la costa.

-Pese a la tardanza de las autoridades en reaccionar, a los cuatro días de la tragedia la Conama asumió la condición de “desastre ecológico”.

Eran las 23 horas del viernes 26 de mayo pasado en la bahía de San Vicente. El tanquero “New Constellation” terminaba a esa hora las labores de descarga de petróleo a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) Refinerías Biobío. El procedimiento se realizaba con normalidad hasta que, por una fisura en el centro del ducto submarino que conectaba el barco con el Terminal B de Enap, comenzó un derrame de crudo. La alarma de emergencia fue inmediatamente activada, pero no por la empresa pública sino por la pesquera Landes. Hasta ahora, lo oficial es que la grieta se produjo por fatiga de materiales y que el tiempo de respuesta para enfrentar la situación fue de 45 minutos, según el informe del gobernador marítimo de Talcahuano, capitán de navío LT, Daniel Sarzosa Bustos. Los trabajos para enfrentar la emergencia comenzaron de inmediato, mediante la contratación de cuadrillas de pescadores artesanales por parte de la empresa estatal, quienes utilizaron paños absorbentes y bombas de aspiración para la limpieza del agua y la recuperación del petróleo. Manualmente, también, fueron intervenidas las playas del sector a las que llegó el hidrocarburo. Así transcurrió todo el sábado, entregándose informes optimistas que daban cuenta de condiciones de tiempo favorables, con ausencia de viento, lo que ayudaba en las primeras maniobras de contención del crudo vertido a la bahía. La estimación sobre la cantidad de petróleo vertida tras el accidente, e informada por todo los medios de comunicación, fue de 300 metros cúbicos. El domingo, sin embargo, la cantidad de hidrocarburo derramado fue elevada en un 20 por ciento, es decir, a 350 metros cúbicos. La amplia extensión de la mancha era evidente y al mismo tiempo amenazante. No obstante, desde Enap y desde la misma Dirección Regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) se evitaba hablar de daño ecológico. Por la refinería habló el gerente Sergio Arévalo, quien se limitó a explicar el proceso de limpieza en desarrollo y las tomas de muestra de agua ordenadas, con el fin de determinar -al comparar los resultados con datos obtenidos a través del tiempoel nivel de la posible contaminación como efecto del derrame. Pero las declaraciones que más llamaron la atención y que despertaron las inmediatas suspicacias fueron las del director regional de la Conama, Bolívar Ruiz. Advirtiendo que para evaluar el hecho se debía considerar que no se trata de una bahía sana, Ruiz dijo que era “prematuro y superficial” hablar de daño ambiental antes de conocer los estudios que el organismo solicitaría a Enap. El personero incluso habló de que sólo restaba recoger un 10 por ciento del petróleo derramado (35%). El primero en hablar de desastre ecológico, ese mismo día domingo, fue Roberto Pino, presidente de la Coordinadora Ciudadana, Ambiental y Ecológica Talcahueño. Desde la caleta Infiernillo, lugar donde se produjo la fuga de crudo, llamó a que “los responsables den la cara”. Proféticamente, Juan Villagrán, otro miembro del grupo, manifestó que “el daño es irreversible para la fauna. Los lobos marinos no se van a recuperar y morirán”.

Lunes negro

Quien coincidió inmediatamente con la Coordinadora fue el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta. Por su intervención, llegó hasta Talcahuano el abogado Winston Montes Vergara, para asesorar a los pescadores y buzos mariscadores de San Vicente, que el lunes denunciaron la pérdida total de su área de manejo. Además comenzaron a apreciarse lobos marinos y aves cubiertos por el petróleo. El análisis del jurista fue tan negativo, que informó inmediatamente de la decisión de comenzar la redacción de una demanda civil contra Enap y una querella criminal contra quienes resulten responsables del derrame. La verdadera magnitud de lo ocurrido la noche del viernes y madrugada del sábado comenzaba así a golpear a la comunidad y a las autoridades ese lunes. A pesar de las alarmantes escenas que se apreciaban en el área, pero quizás por los informes optimistas que recibía hasta entonces, la máxima autoridad regional, la intendenta María Soledad Tohá, sólo se apersonó en el lugar de la catástrofe ese día, cuando la mancha negra del derrame ya llegaba a la península de Tumbes. Se hacía cada vez más difícil para Enap cumplir con lo resuelto por la Armada, cuya autoridad marítima que había resuelto un plazo de 10 días para que Enap restituyera la bahía al estado anterior al vertimiento del hidrocarburo. “Enap no sólo tiene que limpiar, sino que mitigar y reparar en todas sus formas el daño provocado por este desastre ambiental en la bahía de San Vicente, empezando por indemnizar a los pescadores y trabajadores afectados”, subrayó Navarro el martes, al adelantar que solicitaría a la empresa hacerse responsable de todos los daños ocasionados. Era el primer y más duro emplazamiento a Enap a asumir la responsabilidad por las consecuencias de lo que hasta el lunes se creía era un accidente menor, incomparable con el derrame de 200 toneladas de crudo cerca de Lenga en 1975 y el gran incendio del puerto de San Vicente en 1993. Pero el legislador socialista fue más allá y, pensando en la prevención de este tipo de situaciones, dijo que era hora de que Enap asumiera un compromiso sin cumplir, cual es el reemplazo de ductos subterráneos por cañerías aéreas, como la que construyó Abastible en Lenga para el desembarque de carburantes. “No se comprende que la principal refinería de mi país no tenga un terminal de descarga de petróleo adecuado y moderno y que la técnica siga siendo cañerías subterráneas como las que causaron el incendio de hace 14 años”, dijo el senador Navarro.

Empresa del Estado versus privadas

Otro punto que abordó Navarro al analizar el derrame fue la interpretación de las palabras del director regional de la Conama o del mutismo de las autoridades, en cuanto que se estaría intentando “bajarle el perfil” al accidente, por estar involucrado en él una empresa estatal como Enap. “No comparto la opinión de quienes desde la Conama, aunque no he conversado con Bolívar Ruiz, señalan que no hay contaminación o poca contaminación. Si hay poca, mucha o nada, eso lo van a determinar los estudios que deberán efectuar organismos internacionales auditables. Tratándose de una empresa del Estado existe la legítima duda o el derecho a ella de que esto pueda ser minimizado. Todos los organismos tienen que responder de igual forma si hubiera sido una empresa privada. En cuanto al gobierno regional, aunque estuvo preocupada desde el primer momento, estimo que se demoró mucho en ir a terreno”, expresó el senador PS. Advirtió que muchas empresas del ámbito privado están atentas a ver qué pasa con Enap, ya que se espera ver en la mesa las mismas exigencias y acciones legales que se emprendieron, por ejemplo, contra Celco, en el caso de la celulosa de Valdivia. Por eso es que también, adelantó Navarro, se solicitará la intervención -ya iniciada por instrucción del presidente Carlos Mackenney a la oficina de Concepción- del Consejo de Defensa del Estado, que a través de su Unidad de Medio Ambiente actúa para perseguir -cuando la situación lo amerita- el resarcimiento de los daños ambientales o ecológicos causados por accidentes.

“El que contamina paga”

En el centro de la noticia durante esta semana ha estado el director de la Conama en la Región del Biobío, Bolívar Ruiz. La autoridad fue consultada por este medio sobre el radical cambio entre las declaraciones del domingo y del jueves, cuando finalmente, a pesar de no tener aún los estudios que señaló eran necesario para un pronunciamiento, reconoció que el derrame en la bahía de San Vicente había causado un desastre ambiental. -¿Qué llevó a la Conama a reevaluar la situación y señalar ahora que lo que ocurrió tras el vertimiento de crudo es un desastre ambiental? -Como órgano del Estado tenemos que ser muy cuidadosos en nuestros juicios públicos; siempre deben estar fundamentados en los hechos. Y los hechos han demostrado que lo que el día sábado pasó por un incidente menor, según se catalogó por prácticamente todos los actores, sin que pudiera ser controlado en su totalidad, pasó a ser un verdadero problema grave de tipo ambiental, que estamos obligados a consignar públicamente e intentar desentrañar sus causas, de manera de ver las medidas de restauración. Eso nos encomienda la ley. -¿Qué situaciones no se pudieron controlar? -Este director y profesionales de la Conama estuvimos desde el mismo sábado evaluando la situación y ver qué se podía hacer. Porque en ese momento se trataba de un incidente más bien técnico, era deber de la Gobernación Marítima controlar la situación. Los antecedentes indicaban un derrame de 350 metros cúbicos de crudo, controlado por barreras, pero el lunes el viento cambió, desgraciadamente, y las barreras no pudieron contener lo que quedaba de petróleo. Entonces comenzó la emigración del petróleo emulsionado producto de la mezcla con disolventes, así como la de la arena sedimentada contaminada, hacia más allá del puerto y hasta el santuario de la naturaleza del estero Lenga. Por lo tanto, la situación del día sábado no era la misma del jueves, lo que nos llevó a tomar medidas más drásticas. -¿Está confirmado que se vertieron 350 metros cúbicos y no 500 como se especula ahora? -La versión oficial y a la que hay que atenerse es la que entregó la autoridad marítima y que expresa que son aproximadamente 350 metros cúbicos. Estamos en conocimiento de versiones extraoficiales de que sería más, pero no tenemos los antecedentes para decir con propiedad que son más de 350 mil litros. -Usted el sábado habló del 90 por ciento de recuperación… -Esa fue la versión de la Gobernación Marítima… Lo concreto es que el manejo de la contingencia no nos corresponde a nosotros; eso es un tema de la autoridad marítima. La coordinación, por otro lado, es de la intendenta regional. ¿Cuáles son nuestras funciones? Evaluar el daño producido desde el punto de vista ambiental y por eso ayer (el jueves) exigimos a la empresa (Enap) que presente un estudio para cuantificar los daños, precisar cuáles fueron (flora y fauna) y hacer una evaluación de las medidas de restauración… Todo eso cuesta mucho dinero y por eso creemos que aquí se van a requerir fuertes sumas de dinero… Esperamos el lunes hacer una invitación pública pública a los centros universitarios para que realicen los estudios solicitados a la empresa; queremos que sean centros universitarios externos a la empresa y a la Conama los que efectúen ese trabajo, de manera que sus conclusiones y resultados sean lo más transparente posible. Eso lo va a tener que financiar la empresa porque en la Ley de Bases del Medio Ambiente hay un principio y es que el que contamina paga.

(El Sur, 3 de Junio 2007)