EDITORIAL: ATAQUE A LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Chile se precia de ser una economía moderna, con una activa y variada inserción comercial internacional, gran certeza institucional y eficiencia en sus reglas económicas. Sin embargo, la presencia de crecientes deterioros en la sustentabilidad ambiental de sus exportaciones, la mayor parte constituida por recursos naturales, dañan la imagen institucional del país, y ponen en riesgo la viabilidad de su economía, en un mundo global crecientemente preocupado por los problemas ecológicos. La minería, la acuicultura del salmón, la hidroenergía, la manipulación de hidrocarburos y la industria forestal han repetido episodios de daño ambiental en un corto período de tiempo, con repercusiones muy negativas en la opinión pública nacional e internacional. Incluidas solicitudes de parlamentarios europeos ante la UE para que se revise el acuerdo de libre comercio con Chile. Y no se trata sólo de un problema de fragilidad ambiental frente a los mercados internacionales. Es más, se nota un verdadero desprecio de algunos por el hábitat humano y territorial, que lesiona en términos amplios la calidad de vida y la imagen de nuestro país. Como dramático botón de muestra surge el envenenamiento de las aguas del río Mataquito, producto de la operación clandestina de dos ductos de residuos industriales líquidos (riles) de la empresa Celco. También, aunque se trata de una situación muy distinta, la contaminación en la bahía San Vicente por parte de ENAP, al fisurársele uno de sus oleoductos submarinos. La principal y fundamental diferencia radica en que, no obstante lo de la firma evidencia una reprochable falta de cuidado de su parte, todo indica que no fue algo deliberado. Definitivamente, tal como lo ha distinguido el derecho occidental desde hace muchísimo tiempo, no es lo mismo la culpa que el dolo. Recordemos que lo del río Mataquito no es el primer daño ambiental con repercusión pública que Celco protagoniza deliberadamente, ya que el año 2004 conmocionó a la comunidad nacional e internacional la contaminación del río Cruces, con resultado de muerte para más de 300 cisnes de cuello negro y secuelas irreparables en los humedales de la reserva Carlos Andwanter. Incomprensiblemente, aunque las primeras denuncias se produjeron ya en 1996, las autoridades públicas de entonces no hicieron lo necesario para evitar dicho desastre ecológico, evidenciado ocho años después. Celco es una empresa productora a escala mundial de celulosa, con volúmenes de operación que suponen alta sofisticación técnica y financiera. Por lo mismo, no resultan explicables hechos deliberados de contaminación como los descritos, a menos que –y es lo que se debe investigar en forma urgente- esté incorporada dentro de sus costos la contingencia de generar desastres ambientales, y pagar en caso de ser fiscalizada o sancionada. De ser efectiva tal apreciación, sostenida insistentemente por algunas organizaciones ambientalistas, estaríamos ante un caso grave de incumplimiento de normas constitucionales y legales que podrían incluso derivar, indirectamente o colateralmente, en responsabilidad del Estado. No se debe olvidar que la reforma de 2005 introdujo una modificación en el artículo 20 de la Constitución, ampliándose la admisibilidad del recurso de protección para garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a actos u omisiones ilegales imputables a una autoridad o persona determinada. Por lo mismo, es fundamental que las autoridades públicas tomen acciones drásticas y efectivas en esta materia, llevando las investigaciones y acciones legales hasta las últimas consecuencias. Pero al mismo tiempo, asegurando que los entes públicos encargados de regular y fiscalizar el tema realicen eficientemente su trabajo. Porque es inaceptable que sean los propios daños que se trata de evitar, como la muerte de los cisnes de cuello negro en el río Cruces o de los peces del río Mataquito, las banderillas rojas que dan la voz de alerta.
(El Mostrador, 22 de Junio 2007)
VIDEO DESASTRE ECOLÓGICO RÍO MATAQUITO
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