LEY GENERAL DE EDUCACIÓN GENERA RECHAZO EN ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES
Sostenedores en pie de guerra.
El lucro y la selección de alumnos son las dos preocupaciones que marcaron la discusión de esta semana. Si bien el debate recién comienza, expertos coinciden en que la iniciativa legal es más de lo mismo y no apuesta a generar el profesional “todo terreno” que el país necesita.
Con una historia que viene desde el año 1962, el Colegio Santa Bernardita de Talcahuano tiene un sostenedor que se pregunta qué va a pasar ahora con el edifico de 1.200 m2 que alberga a 820 alumnos de enseñanza básica y media. Quiere saber, como otros miles de sostenedores del país, si el Estado les va a devolver lo que les pertenece en caso de aprobarse tal como está el proyecto de Ley General de Educación, presentado el lunes por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Carlos Véjar Sepúlveda es además vicepresidente de la Asociación Particular Regional de la Educación Privada, entidad que agrupa a sostenedores de 240 escuelas y colegios de la zona y que el próximo miércoles 18 de abril estarán en Santiago, con pintura de guerra, en una reunión con sus socios de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, Conacep. La propuesta de eliminar el lucro de la educación se convirtió, de esta manera, en uno de los asuntos de primera línea en la discusión pública en torno a la nueva ley. Véjar asegura que los sostenedores “tenemos una tremenda inversión en terreno e infraestructura que, en promedio, debe bordear los 2 mil millones de pesos por colegio”. Y, más aún, se les cambia las reglas a muchos actores que ya están fuertemente endeudados con la banca. Pero el tema no es sólo económico. Véjar recuerda que más de la mitad de la matrícula está actualmente en manos privadas, justamente porque el los padres están llevando a sus hijos hacia la enseñanza particular subvencionada. Los resultados del colegio Santa Bernardita muestran que los puntajes PSU de su tercera promoción de cuarto medio situaron al colegio entre los 46 primeros de la Octava Región. Dice que este es un cambio de escenario injusto, especialmente cuando han demostrado eficiencia y resultados académicos.
Entre la oferta y la demanda
Mario Delannays Ávalos es director del Colegio municipal República del Brasil. Con más de mil alumnos desde kínder hasta cuarto medio, su establecimiento fue tocado por otro punto de polémica. El proyecto de ley habla de no discriminar por selección, cuando en dicho establecimiento la realidad indica que hay hasta 10 ó 15 postulantes por vacante. Delannays es categórico: “¡hacer lo que propone el proyecto es impracticable!”. Está convencido de que esta disposición no va a pasar del Congreso. “Como suele ocurrir -dice- hay muchas leyes que no se cumplen… y de la manera en que se ha planteado la Ley General de Educación (en materia de selección), va a ser letra muerta”. Ema Arellano Muñoz, doctora en Educación y directora Pedagógica del Ceat de San Pedro, dice que “es imposible no pensar en un proceso de selección cuando la oferta es menor a la demanda de alumnos”. Esta selección puede ser de cualquier tipo, como matricular por orden de llegada… pero ella sabe que el proceso debe ser muy serio. Para el caso de la enseñanza básica, estima que los principales criterios (en orden decreciente) deben ser la cercanía del alumno con su colegio (vivir cerca), luego privilegiar a quienes tienen hermanos en la misma escuela y en tercer lugar a los hijos del personal. Si quedan cupos, afirma, basta una selección aleatoria. En enseñanza básica, estima, no se puede discriminar de otra manera. Distinto es para enseñanza media, en donde el mundo actual debe considerar los intereses del alumno y su plan de vida, un plan que apunta a crear personas “todo terreno”, tipo 4x4 que sean capaces de navegar desde el mundo laboral al de la capacitación, de escalar posiciones a partir de la formación permanente. Eso, dice Ema Arellano, requiere de un currículum y de una formación de la que no hay luces en el proyecto de Ley General de Educación.
Justos por pecadores
Rodolfo Paz Ossorio es presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, Coemco. Con cuatro colegios bajo su administración, son un actor relevante con un presupuesto anual de 4.600 millones de pesos y 328 socios que aseguran el espíritu de esta organización sin fines de lucro. Dos de sus colegios, Los Acasios y Concepción Chiguayante, son subvencionados. En ambos superan los 1.800 alumnos, en donde 1.170 de Los Acacios estudian en forma gratuita en la formación técnica. Paz declara a todos sus colegios muy distantes de ser selectivos o elitistas, pero reconoce que en Los Acacios les han tratado de “meter goles”, por lo que han debido hacer un control de la situación socioeconómica de las familias de los postulantes para asegurar que estudien gratis quienes realmente lo necesitan. Respecto del lucro en la educación, asegura que “la experiencia de algunos sostenedores que han cometido abusos en esta área, no puede marcar a una mayoría que lo ha hecho bien”. Recuerda que hacer educación hoy es muy costoso, las tecnologías deben renovarse en no más de tres años. Y cierra diciendo que “cuando las cosas se hacen bien, con transparencia y honestidad, los colegios pueden progresar en infraestructura y equipamiento… pero el colegio no es el edificio ni los laboratorios, lo hacen los directores, los profesores, los alumnos y los apoderados… aunque es importante que el envase sea bueno”. La discusión en torno a la nueva Ley General de Educación apenas comienza. Estas dos aristas son las que generaron las primeras reacciones, pero siguen pendientes los temas de fondo. Mario Delannays asegura que esta ley no flexibiliza el currículum, no corrige el financiamiento que ha creado alumnos de tercera y cuarta categoría (por el bajo valor de la subvención) y tampoco tomó en cuenta la infraestructura. Dice que los estudiantes necesitan hoy más salas de computación, conexión a Internet, gimnasios. Para Ema Arellano, Chile está aún en la dinámica del tren, con una educación que lleva a los alumnos desde una estación a otra, sin desvíos, cuando lo que se requiere con extrema urgencia es un profesional 4x4. Sobre ese punto, señala que el proyecto de ley no es otra cosa que “más de lo mismo”.
Los artículos de la discordia
Artículo 11. Los establecimientos educacionales que reciban subvenciones y/o aportes del Estado deberán aceptar a todos los alumnos que postulen (…) hasta 8º año de la educación general básica. En el evento que haya una cantidad de postulantes superior a los cupos disponibles (…) la incorporación de los alumnos se ceñirá estrictamente a un proceso de selección público y transparente, en el marco del proyecto educativo institucional, el que en ningún caso podrá considerar la situación económica o social del postulante, su rendimiento escolar pasado o potencial, el estado civil, escolaridad o religión de los padres, origen étnico del postulante ni otro criterio que permita la discriminación arbitraria de éste. En ese caso las vacantes sólo podrán asignarse por prioridad familiar o, en última instancia, por sorteo, sin perjuicio de las discriminaciones positivas establecidas por ley. Artículo 44. (…) Serán sostenedores las personas jurídicas de derecho público, tales como Municipalidades y otras entidades creadas por ley, y las Corporaciones y Fundaciones cuyo objeto social único sea la educación. El sostenedor será responsable del funcionamiento del establecimiento educacional.
(El Sur, 15 de Abril 2007)
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