SE CONFIRMA QUE LEY PENAL JUVENIL REGIRÁ DESDE EL 8 DE JUNIO
Fidel Espinoza enrostró al ministro de Justicia, Carlos Maldonado, que “es ministro del Gobierno de la Presidenta Bachelet y no de su partido”.
Angélica Meneses
La Nación
El lobby del Gobierno fue eficiente y no tuvo eco en la Cámara de Diputados la indicación de la Comisión de Constitución, propuesta por Juan Bustos (PS) y Jorge Burgos (DC), para postergar durante un año la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal juvenil. En el pleno hubo 103 votos en contra de la propuesta, seis a favor y otras seis abstenciones. De esta manera el nuevo sistema estará operativo a partir del 8 de junio luego de haber completado su tramitación en el Congreso.
En el hemiciclo Burgos dejó constancia de su “diferencia de criterio” con el Ejecutivo: “Mi Gobierno cree que las condiciones para que entre en vigencia plena la ley están cumplidas básicamente y yo no lo pongo en duda, pero sí pongo en duda que para un cambio de esta naturaleza basten condiciones básicas, pues lo que necesitamos son condiciones óptimas”.
El diputado recomendaba ampliar en doce meses la vigencia de la ley para completar la infraestructura de los centros de régimen semicerrado, que son los que presentan el mayor nivel de retraso en su construcción.
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, dejó en claro en el plenario que la decisión del Ejecutivo es que el cuerpo legal -postergado ya una vez- entre a regir “en la fecha que está en la actual ley”. “El Gobierno está dispuesto a usar todos los mecanismos legales a su disposición para que sea así”, precisó, dando una señal de que La Moneda tenía planificado utilizar el veto presidencial si la cámara baja apoyaba la indicación Bustos-Burgos.
En el debate se aprobaron las modificaciones del Senado, entre ellas una indicación de Hernán Larraín (UDI), que obliga a que en caso de delitos graves cometidos por adolescentes entre 16 y 17 años, los jueces “sólo podrán imponer régimen semicerrado después del segundo año, es decir, siempre habrá dos años de sistema cerrado como mínimo.
Asimismo se eliminó el artículo quinto transitorio del proyecto original, que establecía que durante el primer año de vigencia de la ley “en todos los casos que resulte procedente la aplicación de sanción de internación en régimen semicerrado, el juez pudiera aplicar sanción de libertad asistida especial por el mismo tiempo”.
Esta indicación supresiva salió adelante con apoyo radical y de derecha, lo que se marcó en una estrecha votación de 59 votos favorables y 57 en contra. Debido a esto, el portavoz socialista Fidel Espinoza enrostró al ministro de Justicia, Carlos Maldonado (PRSD), que él “es ministro del Gobierno de la Presidenta (Michelle) Bachelet y no de su partido”. Espinoza le reclamó por no haber alineado a sus parlamentarios con el resto de la Concertación y señaló que los radicales establecieron “un concubinato” con la derecha.
No obstante, el ministro afirmó que “la verdad es que en el Senado esa norma obtuvo una votación amplia a favor, se me consultó la opinión y yo dije que no era parte del proyecto del Ejecutivo, pero que respetábamos las atribuciones de los parlamentarios”. Añadió que esta norma finalmente “es aplicable a un porcentaje bajo de jóvenes que van a enfrentar la nueva justicia penal juvenil y no creemos que influya en las necesidades de infraestructura”.
(La Nación, 16 de Mayo 2007)
Y También vea el siguiente enlace Impugnan reforma a la Ley penal juvenil (El Mercurio.com)
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